La Policía Federal de Brasil emitió este jueves una orden de deportación contra Manuel Antonio Barroso, ex representante diplomático del dictador venezolano Nicolás Maduro, por no regularizar su estatus migratorio en el país.
El general chavista está acusado de corrupción, por lo que se encuentra atrincherado en la embajada de Venezuela en Brasil desde hace dos años.
Barroso no siempre se dedicó a las actividades diplomáticas. Entre 2006 y 2013, es decir durante siete años, fue presidente de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), el organismo responsable del robo de 25 mil millones de dólares, de acuerdo a lo denunciado por el ex ministro de Hugo Chávez, Jorge Giordani.
El también ex ministro y militar venezolano, Hebert García Plaza, quien rompió con el chavismo en 2015 y denunció crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Maduro, acusó en 2018 a Barroso de ser “el protegido de Diosdado Cabello”. El ex funcionario señaló también que como consecuencia de las maniobras oscuras de Barroso durante sus años en la administración pública “el clan de Cabello escondió en Brasil, como agregado militar desde 2015″.
El general venezolano trabajó junto a Cabello desde el año 2001 en la Secretaría de Despacho de la Presidencia, en la Vicepresidencia de la República y como director general del despacho en el Ministerio de Infraestructura, según reseña el portal Poderopedia.
En marzo de 2020, el gobierno de Jair Bolsonaro ordenó el retiro de “todos” sus diplomáticos y funcionarios del servicio exterior en Venezuela, al tiempo que notificó al régimen de Maduro que retire a sus representantes en territorio brasileño.
Sin embargo, la dictadura se negó a hacerlo, alegando que las negociaciones al respecto en las que Brasilia fundamentaba su reclamo nunca habían tenido lugar. Además de su embajada, Venezuela tiene seis consulados en el gigante sudamericano.
Meses después, en septiembre de ese año, Brasilia declaró “persona non grata” al personal diplomático del régimen venezolano en el país. En la comunicación emitida por las autoridades en ese entonces se aclara que la declaración de persona no grata es un instrumento jurídico ampliamente utilizado por las relaciones internacionales, y que aplicarla le confiere al país extranjero la posibilidad de retirar a dicho personal, o bien, que el mismo permanezca pero sin estatus diplomático.
El 1 de mayo de este año el juez Luís Roberto Barroso, de la Corte Suprema de Brasil, suspendió la orden del gobierno de Bolsonaro que obligaba a los representantes diplomáticos del régimen chavista a salir del país. El magistrado aceptó un recurso presentado por un diputado del Partido de los Trabajadores (PT), en el que denunciaba que la medida violaba la legislación brasileña y tratados internacionales sobre derechos humanos y relaciones diplomáticas.
Ese mismo mes, la Superintendencia del Distrito Federal abrió investigaciones para deportar a cinco representantes de Maduro: Barroso, María del Pilar García, Ángel Gustavo Rodríguez, Freddy Efraín Meregote e Irene Auxiliadora Rondón. La misión de Maduro en suelo brasileño está encabezada por Rondón, quien este año mantuvo una reunión en Brasilia con el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Brasil forma parte de los más de cincuenta países que consideran ilegítimo al gobierno de Maduro y reconocen al opositor Juan Guaidó como mandatario encargado de Venezuela. El gobierno brasileño también reconoce a la embajadora designada por Guaidó en Brasil, María Teresa Belandria.
Las relaciones entre Brasil y Venezuela atraviesan una etapa de tensiones desde que Brasil impulsó la suspensión de Caracas del Mercosur, en agosto de 2017, durante el gobierno de Michel Temer. El mismo año, la dictadura de Maduro expulsó al entonces embajador brasileño, Rui Pereira.
Desde entonces, Maduro y Bolsonaro han cruzado fuertes críticas y denuncias de uno contra otro.
Brasil es desde hace unos dos años el destino de decenas de miles de venezolanos que escapan de la crisis económica, política y social de su país.
La administración de Bolsonaro es una de las voces regionales más enfáticas a la hora de condenar la dictadura venezolana. Tras la publicación años atrás por parte de la ONU del informe que denunció graves violaciones de derechos humanos en el país, el mandatario pidió trabajar para “extinguir” al régimen de Maduro.
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