Expectativa por las sesiones en la ONU sobre las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela y Nicaragua

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) analizará a partir del próximo lunes las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro; y en Nicaragua, bajo el de Daniel Ortega.

En la sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada Michelle Bachelet presentará actualizaciones de sus informes anteriores sobre ambos países. En el caso de la nación petrolera, se presentará entre el 5 y el 6 de julio próximos. Ambos serán informes sin votación.

A través de un comunicado, la Asamblea General de la ONU recordó que, en su resolución 45/20, el Consejo de Derechos Humanos solicitó a Bachelet que preparara un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, que incluyera una “valoración detallada de la aplicación de las recomendaciones de sus informes anteriores y que lo presentara al Consejo en su 47º período de sesiones, seguido de un diálogo interactivo”.

El Consejo examinará el informe actualizado de la Alta Comisionada, quien en marzo pasado sostuvo que continúa recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad.

“A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. Recordando los anuncios de reformas policiales, pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica”, expresó Bachelet en una de sus últimas intervenciones sobre el tema.

Luego subrayó que, “desde septiembre, el acceso a los servicios básicos, como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina, ya escaseando, se ha visto aún más limitado por el efecto de la pandemia. Esto ha generado protestas sociales y ha agravado la situación humanitaria”.

Pese a contar con sólo tres minutos, como ella mismo dijo al comienzo de su intervención, igualmente hizo un repaso por la situación de la economía en la nación petrolera. “Según algunas organizaciones, el salario medio estaría por debajo de 1 dólar estadounidense al mes, mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el último año. Alrededor de un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria”, explicó.

El informe de la ONU sobre Venezuela

Una misión de la ONU, que denunció el año pasado que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad, adelantó que en el país caribeño se siguen reportando detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y casos de abuso sexual a personas en custodia.

Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos una actualización de su trabajo en la nación sudamericana.

La misión “continúa estableciendo los hechos y las circunstancias de los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos en Venezuela”, dijo Valiñas, quien espera presentar nuevas “conclusiones sólidas” en septiembre de este año y en 2022.

Este grupo, constituido en 2019, determinó el pasado mes de septiembre que las autoridades y las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro incurrieron desde 2014 en graves violaciones a los derechos humanos e incluso en crímenes de lesa humanidad.

La entidad ha continuado con su trabajo desde entonces e indicó que identificó “más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año”.

Sobre las ejecuciones extrajudiciales, Valiñas citó ejemplos como la operación policial que en enero se llevó a cabo en el barrio caraqueño de La Vega (que mencionó Bachelet), “una de las más letales hasta la fecha”, en la que participaron 650 agentes de las FAES y donde se perpetraron varios de los asesinatos reportados.

El informe también puso el foco sobre la situación de las detenciones arbitrarias: “Desde septiembre, según organizaciones de la sociedad civil, alrededor de 70 presos políticos han sido puestos en libertad con medidas sustitutivas”, indicó un párrafo de la declaración.

Sin embargo, apuntó, la “represión continúa (...) contra las personas percibidas como ‘enemigos internos’ u opositores al gobierno”. En esa línea, alertó por “36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias”.

El caso Nicaragua

La situación de Nicaragua también preocupa a la ONU y será abordada también desde el lunes. Naciones Unidas expresó que, “de conformidad con su resolución 46/2, el Consejo de Derechos Humanos escuchará la información actualizada sobre la situación de los derechos humanos” en ese país. Afirma que la misma será “presentada oralmente por la Alta Comisionada”.

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) votó el martes una resolución en la que condenó el arresto de precandidatos presidenciales y las restricciones impuestas a partidos políticos en Nicaragua y pidió la inmediata liberación de todos los presos políticos.

Se espera que la ONU haga algo similar en su informe actualizado.

La resolución de la OEA se dio poco después de que el ex vicecanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco fuera detenido por la policía de Nicaragua acusado de incitar la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares y celebrar las sanciones contra miembros del régimen de Daniel Ortega.

En menos de dos semanas, el régimen detuvo a 13 dirigentes opositores: los aspirantes a la Presidencia Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García, dos ex vicecancilleres, dos ex guerrilleros sandinistas disidentes y tres mujeres líderes de diferentes grupos adversarios del dictador.

En todos los casos la Policía informó que se los investiga por presuntamente “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”.

También se los acusa de “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.

Tanto las agrupaciones a las que pertenecen los detenidos, como sus abogados, han coincidido en que los arrestos de las últimas dos semanas son ilegales por ejecutarse sin orden judicial, y que violan los derechos humanos porque en la mayoría de los casos no se ha vuelto a saber de los capturados.

En las elecciones del próximo noviembre Daniel Ortega se jugará 42 años de primacía casi total sobre la política nicaragüense.

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