El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó su plan para rescatar a Venezuela luego de que el país retome a la senda democrática. El proyecto, llamado “Una mirada a futuro para Venezuela”, diseñado por Emmanuel Abuelafia y José Luis Saboin, tiene como objetivo inyectar al país alrededor de 8.000 millones de dólares en tres años.
“El costo estimado para el programa de transferencias cuasi universales y de transferencias en especie para el primer año alcanza los USD 2.800 millones. Para el segundo año, el monto total es de USD 2.954 millones, en cuyo caso las transferencias focalizadas representan más del 50% del total del gasto. Para el tercer año, el costo se ha estimado en USD 2.250 millones”, detalla el escrito.
Sostienen que el colapso en que se encuentra la economía venezolana no tiene precedentes. “La economía se contrajo un 70% entre 2013 y 2019; a esto se suma una reducción esperada del 30% en 2020, lo que la ubica dentro de las mayores crisis del mundo. Como parte de esta crisis, ha habido una estrepitosa caída del poder adquisitivo de los hogares y un consiguiente incremento de la pobreza y de la desigualdad”, afirman.
“Los indicadores sociales se han deteriorado sustancialmente y la provisión de servicios básicos se ha desmoronado. La pandemia de la COVID-19 se encuentra en la fase exponencial, y la capacidad de reacción por parte del sector público es muy limitada. Los recursos fiscales no alcanzan para proveer alimentos a la población y la condición del sector salud es acuciante”, agregan.
Abuelafia y Saboin enfatizan en que la crisis en que se encuentra Venezuela “tiene su origen en el colapso de la actividad económica debido al intervencionismo estatal, los cambios en las reglas de juego en el sector petrolero y una gestión macroeconómica irresponsable. Durante los últimos 20 años, el grado de presencia del Estado en la actividad económica aumentó sustancialmente, el sector petrolero vio diezmada su producción y rentabilidad debido al mal manejo al que fue sometido”.
De cara al futuro, el plan afirma que el esfuerzo de reconstrucción del país necesitará un sistema de comercio internacional ágil y seguro que permita el ingreso de la ayuda y de los insumos para encaminar este proceso.
“El sector petrolero continuará siendo el principal motor de la economía por un tiempo; por lo tanto, es importante generar la institucionalidad para atraer de nuevo capital y conocimiento al mismo. Así mismo, hacen falta políticas sectoriales específicas para sectores que permitan insertar dinamismo en la economía, como ser el sector turismo y el sector agrícola”, subrayan los autores.
Luego reconocen que la reconstrucción de Venezuela “va a ser un trabajo arduo y va a llevar mucho tiempo” y que el BID está listo para trabajar con el pueblo en esa reconstrucción cuando la situación político-institucional así lo permita.
Las transferencias directas a la población
En el plan, de 91 páginas, el BID afirma que, aunque el proyecto contempla mejoras e inversiones de salud, educación, infraestructura, y los servicios de electricidad, agua y transporte, su foco está puesto en las transferencias directas a la población.
Para atender las necesidades urgentes de la mayor cantidad de venezolanos en el menor tiempo posible, se propone en el corto plazo un programa de “transferencias no condicionadas”, con cobertura “casi universal”. Esta fase la complementaría otro método de “transferencias en especie”, esencialmente de alimentos.
Los autores del plan proponen aprovechar la alta bancarización de la población para lanzar en esta primera etapa transferencias de al menos cinco dólares semanales a cuentas bancarias cuyos titulares sean mujeres de más de 18 años. Ese esquema permitiría, según los investigadores del Banco Interamericano, “llegar a un mayor número de beneficiarios de manera rápida”.
Una segunda etapa, a mediano plazo, contempla un Programa de Transferencias Focalizadas, que beneficiará a la “población más vulnerable”. Los subsidios, a estas instancias, se entregarían por hogares pobres.
“El monto de la transferencia dependerá de la estructura del hogar, y se basará en el valor de la brecha de pobreza o pobreza extrema, tomando en cuenta también restricciones fiscales”, concluye el escrito.
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