La Argentina cuestionó esta mañana las sanciones que los Estados Unidos y países de la Unión Europea impusieron a la dictadura de Nicolás Maduro como consecuencia de la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela. El hecho tuvo lugar en la reunión del Consejo de DDHH en la ONU (Organización de Naciones Unidas) luego de que Michelle Bachelet, Alta Comisionada, actualizara su informe sobre la represión en la nación latinoamericana.

La exposición argentina, breve, estuvo a cargo del embajador Carlos Mario Foradori, representante permanente extraordinario y plenipotenciario ante ese organismo, tras la ponencia de la ex presidente chilena. “Agradecemos a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos la actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Argentina apoya la intervención conjunta pronunciada minutos atrás por el Perú en nombre de un conjunto de países proponentes y copatrocinadores de la resolución 42/25. Al respecto, mi país desea manifestar que nuestra preocupación debe incorporar la dimensión de los derechos económicos, sociales y culturales. En tal sentido el impacto de las sanciones económicas, comerciales y financieras sobre la economía venezolana es indubitable teniendo efectos concretos sobre la población más vulnerable. Muchas gracias, señor presidente”.

De esta forma, la Argentina sólo apoyó la declaración manifestada por Perú, a nombre de un grupo de países miembros del Grupo de Lima, pero no la suscribió.

La resolución a la que hace referencia Foradori es la que lleva fecha de septiembre de 2019 en la que se relatan las atrocidades que comete el régimen conducido por Maduro. En rigor, todos los informes de Bachelet hicieron mención al impacto que las sanciones económicas contra miembros del régimen podrían tener sobre la economía de la dictadura. El debilitamiento de sus resortes financieros es uno de los objetivos para minar al Palacio de Miraflores.

Perú, en tanto, fue mucho más contundente en su apoyo al actualizado informe de la ONU. En nombre de los países que conforman el Grupo de Lima, señaló: “Una vez más escuchamos la descripción de las innumerables violaciones y abusos de derechos humanos que se cometen diariamente en Venezuela y la grave situación de millones de personas en ese país. La aguda crisis social, política y humanitaria desencadenada hace varios años ha llevado a que más de 4.6 millones de personas hayan dejado su país en los últimos cuatro años y que miles lo sigan haciendo”, dijo la embajadora Silva Elena Alfaro Espinosa.

Nuestra preocupación comprende la dimensión de los derechos económicos, sociales y culturales. Por eso lamentamos el colapso del sistema de salud, la distribución de alimentos y medicina, del servicio de energía eléctrica, de capacidad productiva, de una inflación de 283.000% entre enero de 2017 y agosto de 2019. De la desnutrición del 21% de la población. También generan alarmas los informes de la Alta Comisionada sobre ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violencia generalizada y sistemática. Reiteramos nuestra preocupación por la crisis en Venezuela y apoyamos una salida política y pacífica a ésta”, agregó Alfaro Espinosa.

El renovado informe

Bachelet presentó este miércoles una actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Pidió la libertad del diputado Juan Requesens, informó que su oficina logró visitar a más de 70 personas encarceladas por el régimen de Maduro y estableció nueve áreas de cooperación técnica con instituciones del gobierno. También afirmó que su oficina ha seguido documentando presuntas ejecuciones extrajudiciales de las FAES.

“En los últimos tres meses mi oficina ha realizado nueve visitas a centros de detención gestionados por el Ministerio de Servicios Penitenciarios y el Ministerio de Defensa. El equipo logró entrevistar de manera confidencial a más de 70 personas privadas de libertad. Agradezco la cooperación de ambos ministerios y reitero la solicitud de visitar los centros de detención de los servicios de inteligencia civil y militar en el corto plazo”, señaló.

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, participa en la sesión de apertura de un consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas el 9 de septiembre de 2019 en Ginebra (AFP)
La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, participa en la sesión de apertura de un consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas el 9 de septiembre de 2019 en Ginebra (AFP)

También dijo que su oficina “ha documentado 118 casos de personas privadas de libertad (109 hombres y nueve mujeres), que requieren de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación, y/o falta de excarcelación por cumplimiento de pena. Estos casos se han puesto a consideración del Comité de Coordinación inter-institucional. Destaco la excarcelación en septiembre y octubre de 28 personas (24 hombres y cuatro mujeres) privadas de libertad por motivos políticos e insto a las autoridades a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a militares. Reitero mi llamada para que se continúe dando cumplimiento a las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y, en consecuencia, se otorgue libertad plena al diputado Juan Requesens”.

Por último, recordó que este mes se inició el juicio por el intento de magnicidio contra el Presidente Maduro, “por el cual están siendo juzgados 14 hombres y tres mujeres. En las primeras sesiones solo se permitió el acceso de las partes y algunos familiares a la sala de la audiencia. Restricciones similares se presentaron en la primera audiencia de juicio en contra del que era director del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero. Insto al poder judicial a garantizar el derecho a un juicio justo, incluyendo el derecho a la defensa y el principio de publicidad”.

La carta completa de Bachelet

Señor Presidente,

Excelencias,

La situación económica y social sigue afectando los derechos económicos y sociales. Según la CEPAL, en 2019 la economía sufrirá una contracción del 25.5%, alcanzando una pérdida acumulada del PIB del 62,2% desde 2013. A pesar de que en los meses recientes se ha registrado una mejoría en el abastecimiento de alimentos, tan sólo una minoría de la población con acceso a divisas puede cubrir regularmente los altos precios de los alimentos debido a la hiperinflación y la dolarización de facto de la economía.

A pesar que en octubre el Gobierno decretó un incremento del 375% del salario mínimo, éste ha perdido su poder adquisitivo frente a la canasta básica alimentaria en un 72.5% desde principios de 2019. El salario mínimo sólo cubre actualmente el 3.5% de la canasta básica alimentaria.

Mi Oficina recibió información que señala que el escrutinio estricto (over-compliance) del sector financiero derivado de las recientes sanciones económicas sigue impactando negativamente en la economía y a los servicios públicos a todos los niveles. Se requiere mayor información oficial detallada para determinar el alcance preciso de las sanciones en la implementación de los programas sociales.

Continúan las fallas de los servicios públicos. Uno de los estados especialmente afectados es Zulia. Mi Oficina realizó una visita a Maracaibo en la que constató las larguísimas colas para comprar combustible y los cortes prolongados y reiterados de electricidad, que además afectan el suministro de agua. Los derechos a la salud y a la educación también han sido afectados, principalmente por falta de personal, infraestructura deficiente y falta de insumos. Millares de zulianos/as han migrado al extranjero o a la capital del país.

La situación de riesgo de niñas, niños y adolescentes es preocupante. Una muestra de ello es el Hospital Pediátrico J.M. de los Ríos, donde el último mes se recibió información de la muerte de tres niñas del servicio de hematología y un niño del servicio de oncología. De los 39 niños y niñas con necesidad de un trasplante de médula ósea, 15 se encuentran en una situación crítica.

Durante el mes de noviembre, Caritas informó que, en las parroquias más pobres de 19 estados del país, 11.9% de los niños y niñas muestran señales de malnutrición aguda - un alza de 56% en contraste con el 2018 - y que 32.6% tienen retardo en el crecimiento. Caritas también informó que 48.5% de las mujeres embarazadas atendidas tienen deficiencias nutricionales.

Según el registro del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, se han realizado 16,439 protestas en lo que va del año. En los últimos tres meses, se han registrado 4,433 protestas, de las cuales la mayoría han sido lideradas por trabajadores/as del sector educativo, de la salud y de las industrias básicas, argumentando las malas condiciones laborales y la falta de insumos y equipamientos básicos en centros educativos y hospitalarios.

El 16 y 21 de noviembre se convocaron movilizaciones nacionales por la oposición, estudiantes y simpatizantes del gobierno. El despliegue de fuerzas de seguridad fue considerable en el contexto de las protestas convocadas por la oposición y los estudiantes. En algunos casos, las fuerzas de seguridad dispersaron a las y los manifestantes para impedir que se concentraran. Se registraron más de 20 detenciones en este contexto, de las cuales al menos cinco personas siguen detenidas en el estado de Lara.

Ante la ausencia de cifras oficiales públicas y actualizadas, el Observatorio Venezolano de Violencia estimó una tasa de 60,3 homicidios violentos por cada 100,000 habitantes de enero a noviembre de 20193. Aunque ello implica una disminución respecto al 2018, constituye una de las tasas más altas de la región.

Reitero mi preocupación por los niveles de violencia que en los últimos meses también ha impactado en líderes políticos locales, como lo ilustran los asesinatos del ex concejal opositor Edmundo “Pipo” Rada Angulo y del ex gobernador oficialista Johny Yáñez Rangel.

Desde agosto a la fecha, mi oficina ha seguido documentando alegaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), principalmente en contra de jóvenes varones, en el contexto de operativos de seguridad en barrios marginales.

Recientemente el Fiscal General anunció que, de agosto de 2017 a la fecha, 770 funcionarios han sido acusados por violaciones a los derechos humanos, de los cuales 509 han sido imputados, 393 privados de libertad y 131 condenados. Según información compartida con mi Oficina, del total de condenados, al menos 55 oficiales lo han sido por el delito de homicidio en relación con 68 víctimas. Entre los oficiales condenados, 14 eran miembros de la Policía Nacional Bolivariana, sin especificar si formaban parte de las FAES.

Agradezco la información aportada por el Ministerio Público, la cual está siendo analizada por mi Oficina. Es importante conocer el número total de denuncias por violaciones a los derechos humanos presentadas ante el Ministerio Público en dicho periodo, incluyendo por supuestas ejecuciones extrajudiciales, para poder evaluar el impacto de la labor del Ministerio Público en esta materia.

Mi Oficina sigue registrando altos niveles de violencia y la presencia de grupos armados irregulares en el estado de Bolívar, involucrados en la explotación ilegal de recursos naturales en el Arco Minero del Orinoco. Entre el 22 y 23 de noviembre, en la comunidad de Ikabarú, ubicada en el territorio indígena Pemón, fueron asesinadas ocho personas con armas de fuego, incluyendo un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, un indígena Pemón y un adolescente. El Ministerio Público anunció la detención de 13 presuntos responsables de la matanza, quienes serían miembros de una banda delictiva que buscaba apoderarse del territorio para practicar la minería ilegal.

Mi Oficina ha recibido información de que, con posterioridad a los hechos, varios miembros de la comunidad habrían huido del territorio por temor. Reconozco los esfuerzos de investigación realizados por el Ministerio Público y exhorto a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para proteger a las comunidades afectadas y desarticular los grupos armados irregulares presentes en la zona.

Sr. Presidente

La Plataforma de Coordinación de Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes de Venezuela estima que 4.7 millones de personas venezolanas han abandonado el país y proyecta que el número llegue a los 6.5 millones al final de 2020. Me preocupa el incremento de la migración irregular debido, por una parte, a los mayores requisitos de ingreso a algunos países de tránsito y destino, pero también, por las dificultades que las personas venezolanas están enfrentando en obtener su documentación de viaje.

Recientemente, las autoridades venezolanas incrementaron en un 70% los costos para expedir pasaportes, un costo equivalente a 54 salarios mínimos. Ha crecido la utilización de rutas más peligrosas y la exposición al tráfico y trata de personas. Mi Oficina recibió información de que entre abril y junio de 2019, 102 migrantes que se dirigían a las islas del Caribe en tres embarcaciones habrían desaparecido por razones aún no esclarecidas. Hasta la fecha, se desconoce el paradero de 32 mujeres, 10 adolescentes, tres niños y 46 hombres.

Excelencias,

Mi Oficina ha seguido documentando actos y casos de restricción de libertades públicas, limitando el espacio cívico-democrático.

Hemos recibido denuncias de actos de hostigamiento, amenazas y detenciones por parte de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad. Las manifestaciones de la oposición del 16 de noviembre fueron precedidas por actos de intimidación en redes sociales contra varios periodistas. El 19 de noviembre, efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) allanaron la sede de un medio de comunicación en línea y detuvieron a la gerente de operaciones, quien estuvo más de diez días incomunicada y hasta la fecha, sigue detenida en la sede de DGCIM en Caracas.

La DGCIM también detuvo brevemente a tres periodistas y a sus conductores que estaban cubriendo el allanamiento de la sede del medio de comunicación.

Las organizaciones no gubernamentales siguen enfrentando restricciones. Mi Oficina ha observado que los procesos de registro de actas de organizaciones sufren atrasos importantes debido a la revisión exhaustiva de la documentación por las autoridades.

2020 será un año electoral. Es crucial garantizar las libertades públicas que son fundamentales para crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres, imparciales, creíbles, transparentes y pacíficas. En este sentido, me preocupan el levantamiento de la inmunidad de cinco diputados de la oposición, elevando el total a 30 diputados de la oposición despojados de inmunidad, así como los actos de hostigamiento contra representantes de la oposición, incluido el presidente de la Asamblea Nacional.

También me preocupan los llamados por parte de autoridades de alto nivel para seguir armando a las milicias, así como la presentación, ante la Asamblea Nacional Constituyente, de una propuesta de ley que fortalece e incorpora la milicia nacional a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Reitero mi llamad a las y los actores políticos en Venezuela a retomar las negociaciones para alcanzar una solución a la crisis política y económica y devolver la esperanza a la población. Mi Oficina sigue comprometida en contribuir a la mejora de la situación de los derechos humanos. Insisto en la importancia de establecer una presencia más amplia y consolidada en el país que nos permita avanzar la agenda de derechos humanos.

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