Pese a existir una medida cautelar que ordena suspender de manera provisional la elección del defensor del Pueblo, el Pleno del Congreso, con 91 votos a favor, aprobó conformar una nueva comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos aptos para este importante cargo previsto en la Constitución Política del Perú.
De esta manera, el Parlamento intentará elegir una vez más a un nuevo defensor del Pueblo que busca remplazar a Eliana Revollar, quien asumió el liderazgo de la institución luego de declararse la vacancia de Walter Gutiérrez en abril del 2022.
La decisión fue tomada durante la madrugada de este viernes con 91 votos a favor y determinó que el nuevo grupo de trabajo estará conformado por nueve legisladores de diferentes bancadas. Trece parlamentarios se pronunciaron en contra de ella y seis se abstuvieron.
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Dicha comisión, que se encargará de seleccionar candidatos y candidatas aptas, estará integrada por representantes de los partidos Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Renovación Popular, Perú Democrático y del bloque Somos Perú, Cambio Democrático y Perú Bicentenario.
La bancada de Fuerza Popular acreditó a los legisladores Luis Alegría García y Eduardo Castillo Rivas; Acción Popular a Elvis Vergara Mendoza; Alianza para el Progreso al congresista Idelso García Correa; el Bloque Magisterial de Concertación Nacional presentó a Paúl Gutiérrez Ticona; Renovación Nacional al parlamentario Alejandro Muñante Barrios y Avanza País a Patricia Chirinos.
Asimismo, el presidente del Congreso, José Williams, dio cuenta del acuerdo aprobado e instó a las bancadas que todavía no han establecido cuál será su representante en esta comisión, a que lo hagan lo más pronto posible.
Suspensión del proceso
El Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, a cargo del juez John Paredes, el pasado 9 de junio, ordenó al Congreso que suspenda el proceso hasta que se decida si se aprueba o no una acción de amparo presentada por el sindicato de la Defensoría, cuya audiencia ha sido convocada para el 18 de julio.
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Ese sindicato aseguró que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, vulneró los principios de transparencia al integrar y presidir la comisión especial, pues se excedió con ella el número máximo de integrantes permitido, que es nueve.
También cuestionó que no se haya permitido la participación de la ciudadanía en la fase de tachas (rechazo) de los candidatos, ni que se pueda conocer la información proporcionada por la Contraloría de la República y otras entidades oficiales sobre sus trayectorias profesionales y personales.
En ese sentido, el tribunal encontró “un peligro inminente” de que el proceso se realice sin los requisitos mínimos de “publicidad”, “transparencia” y “participación de la sociedad civil” porque se tenía previsto presentar el resultado de la elección de candidatos este 20 de junio y la elección definitiva el 28 de junio.
Denunciarán a juez
Luego de la decisión que tomó el martes el grupo legislativo, Alva anunció que se autorizará al procurador del Congreso para que denuncie por una presunta prevaricación al juez Paredes ya que, según dijo, “no se está respetando la separación de poderes” del Estado.
La presidenta del Congreso aseguró, además, que participó en el grupo de trabajo solo para convocar a sus reuniones, pero sin tener “voz ni voto”.
La comisión había presentado el pasado 25 de mayo una lista de candidatos preseleccionados para reemplazar a Walter Gutiérrez, quien dejó la Defensoría a fines de abril, en la que figuran la exprocuradora Julia Príncipe, el exintegrante del Jurado Nacional de Elecciones Gastón Soto, el exmagistrado del Tribunal Constitucional Víctor García, el ex jefe de protocolo del Congreso Jorge Riojas y el ex asesor parlamentario Miguel Soria.
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