Acciones necesarias. El Poder Legislativo dio un paso más con respecto al caso de Freddy Díaz, parlamentario acusado de violación sexual por una trabajadora de su despacho. Este miércoles, el Pleno aprobó suspender del cargo al exmilitante de APP, como parte del proceso legal que enfrenta; no obstante, esta decisión aún es insuficiente. La medida adoptada por el Parlamento pretende interrumpir las labores del individuo solo por 120 días, después de este período retornará a su trabajo, lo que pone en riesgo la integridad de la víctima, quien también trabaja en el Congreso. Dos entidades podrían evitar dicha situación: la Fiscalía y el propio Parlamento.
La acusación contra Díaz aún se encuentra en etapa de investigación. El caso está en manos de la Segunda Fiscalía Suprema Penal, quien inició diligencias preliminares contra el parlamentario por el presunto delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación de persona en estado de inconsciencia o en imposibilidad de resistir. Como parte del proceso fiscal, el Ministerio Público solicitó la detención preliminar de este, pero el Poder Judicial negó este pedido. La entidad solo ordenó el impedimento de salida del país por nueve meses.
El Congreso también decidió tomar acciones en este caso. Se han presentado dos denuncias constitucionales en contra del parlamentario ante la Subcomisión de Denuncias Constitucionales. La primera fue presentada el 2 de agosto por la legisladora Patricia Chirinos, de Avanza País. En el documento, solicita la destitución e inhabilitación de funciones por 10 años.
Días después, el 10 de agosto, los legisladores Flor Pablo, Edward Málaga, Susel Paredes, Kira Alcarraz, Adriana Tudela y Ruth Luque interpusieron una nueva denuncia ante la Subcomisión. “Solicitamos se declare procedente la presente denuncia constitucional, y se formule la acusación constitucional por infracción de los artículos 39 y los artículos 1; 2,1; y, 2,24 h) de la Constitución contra el congresista de la República, Freddy Diaz Monago y pueda determinarse su inhabilitación por 10 años de la función pública, sin perjuicio de sus demás responsabilidades penales y éticas”, señala el documento.
La Fiscalía ha citado a Díaz en diversas ocasiones para declarar sobre lo sucedido. En el caso del Congreso, no se conoce mayores avances sobre la denuncia constitucional interpuesta. De haber transcurrido 120 días y no tener un avance en las investigaciones iniciadas, el parlamentario podría retomar sus labores en el Palacio Legislativo.
La Fiscalía y su rol clave
El Ministerio Público tiene gran responsabilidad en el futuro de este caso. La celeridad de la investigación en contra de Díaz puede evitar que regrese a sus funciones legislativas y, de esta manera, brindar la protección pertinente para la víctima. De acuerdo a la abogada Diana Chávez, de Proyecta Igualdad, durante el proceso legal que enfrenta el congresista es posible adoptar una serie de medidas restrictivas, sin embargo, solo se ha optado por la suspensión temporal y la restricción de salida del país.
“Cuando hablamos de las medidas de sanción para el congresista estamos hablando de medidas que se dan en dos ámbitos: las medidas que son propias del proceso penal, que está en fase de investigación preliminar, y mientras se da la investigación preliminar, las medidas preventivas. Por ejemplo, [se puede aplicar] la prisión preventiva, pero esta no ha sido solicitada para el congresista”, mencionó.
La letrada explicó a Infobae que la prisión preventiva es la medida que puede evitar el retorno de Díaz al Congreso de la República, pero esta solo puede darse al terminar la fase de investigación preliminar. Por este motivo, recalcó que es necesario que las investigaciones en curso se realicen con celeridad.
¿Y el Congreso?
Otra de las medidas a tomar para evitar que el Legislativo cuente con un trabajador acusado de violencia sexual es la destitución. Hasta la fecha, no se conocen mayores avances en las dos denuncias constitucionales interpuestas por los parlamentarios en contra de Díaz, las cuales solicitaban la destitución del cargo y la inhabilitación para la función pública. Cabe recordar que apenas 7 de 129 legisladores se han adherido a esta iniciativa: Patricia Chirinos, Flor Pablo, Edward Málaga, Susel Paredes, Kira Alcarraz, Adriana Tudela y Ruth Luque.
En comunicación con Infobae, la abogada Alessandra Mendoza señaló que es necesario la intervención del Congreso para evitar el retorno de Díaz a sus labores legislativas. Al respecto, enfatizó que su falta de iniciativa para tomar decisiones ante un caso como este evidencia que la lucha contra la violencia basada en género es compleja, incluso, en los poderes del Estado. A raíz de ello, recalcó que esta situación demuestra el poco compromiso de los parlamentarios con esta problemática que enfrentan las mujeres.
“De por sí, el acceso a la justicia para cualquier ciudadano es difícil y el caso de Freddy Díaz nos vuelve a mostrar en la cara cuán indolentes somos en estos casos, porque en una situación en la que un poder del Estado está involucrado, literalmente. Ha pasado un mes y medio y recién tenemos una suspensión por 120 días. Ese señor ha seguido yendo a trabajar, a seguir votando las comisiones y participando en su labor de congresista ante los ojos del resto”, precisó.
Además, la experta resaltó que el Congreso o cualquier otra entidad del Estado deben de tomar decisiones rápidas y pertinentes para enfrentar los casos de violencia basada en género, pues representan a los ciudadanos y deben dar el ejemplo de cómo actuar cuando se presenta una denuncia de este tipo. Por este motivo, Mendoza acotó que el Legislativo debe de tomar la iniciativa para el desafuero del congresista, sin embargo, dijo que aún no hay indicios de que sea una medida que se vaya a desarrollar.
Actualmente se conocen de algunos funcionarios que respaldan la decisión de desaforar al parlamentario, pero aún son una minoría. Por ejemplo, Jorge Montoya, de Renovación Popular, manifestó que se encuentra de acuerdo con el desafuero del denunciado.
De igual manera, Flor Pablo, exintegrante del Partido Morado y actual miembro de la bancada de Integración y Desarrollo, se pronunció a favor de esta decisión y dijo que “es la sanción que debe corresponder en ese caso por la gravedad, más allá de que las investigaciones en el tema de violación sigan, el solo hecho de que un parlamentario esté bebiendo licor y tenga relaciones sexuales en oficinas del Estado, del Congreso, es absolutamente grave y no podemos ser permisivos”.
Defensoría advierte falta de avances
Tras conocerse la suspensión temporal de Freddy Díaz como congresista, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado donde expresó su preocupación por la falta de avances en el proceso que enfrenta el individuo. La entidad afirmó que este es un caso que debe trabajarse con “prioridad y debida diligencia en Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para determinar viabilidad de desafuero”.
Además, la entidad detalló que desde el Parlamento se debe demostrar el cumplimiento del “deber internacional de la debida diligencia reforzada” cuando se trata de casos que impliquen investigación y sanción de hechos graves como una violación sexual. La Defensoría recalcó que no basta la suspensión del cargo del congresista, sino que se debe evaluar un desafuero e inhabilitación del legislador.
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