Ministro Roberto Sánchez consideró “raro” que Fiscalía investigue a Aníbal Torres y Félix Chero

Roberto Sánchez, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), se pronunció luego que la Fiscalía de la Nación incluya al premier Aníbal Torres y al ministro de Justicia, Félix Chero, en la investigación por supuestamente pertenecer a una organización criminal, la cual sería liderada por el presidente de la república, Pedro Castillo.

El también congresista calificó de “raro” que justo se les abra un proceso a los antes mencionados días después de que ambos miembros del gabinete expresaran su postura contra el Congreso de la República, el Ministerio Público y otros temas de coyuntura política.

“Como ciudadano que conoce asuntos jurídicos puedo decir que es muy raro que, luego de una actuación y una posición clara del premier y el ministro de Justicia respecto a la situación de confrontación, inmediatamente después se amplíe el proceso de investigación al desempeño del premier y del ministro”, declaró a la prensa.

En esa línea, Sánchez deslizó la posibilidad de que el sistema de justicia en el Perú estaría actuando bajo un sesgo político. Según mencionó, hay “ladrones de saco y corbata” que continúan libres.

“Todos los ciudadanos de todo el Perú hagámonos la pregunta: ¿La justicia que hoy se imparte en el sistema de Justicia del Perú es igual para todos o está inclinado por sesgos y afán político?”, cuestionó.

“Yo me pregunto eso como ciudadano, porque hoy vemos delincuentes con saco y corbata del fenómeno de corrupción Odebrecht, lavado de activos y otros que hoy están libres”, manifestó tras ser consultado por las investigaciones que pesan sobre el presidente Pedro Castillo y su entorno más cercano.

Como se recuerda, Torres y Chero serán investigados por los presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento personal que se le sigue al jefe de Estado, en el marco del caso de la salida de Mariano González del Ministerio del Interior.

La decisión del Ministerio Público contra los dos integrantes del Ejecutivo se concreta tras la presentación de ayer, lunes 5 de setiembre, de Castillo Terrones, quien se habría acogido a su derecho al silencio frente a las imputaciones que hizo González que denunció que existen trabas para dar con el paradero de Juan Silva, exministro de Transportes, y el sobrino del presidente, Fray Vásquez.

El domingo 4 de setiembre, Aníbal Torres cuestionó a la Fiscalía por no tomar acciones frente a la difusión de los audios del portal Epicentro TV sobre la titular del Parlamento, Lady Camones, y César Acuña, quienes hablaban de sacar proyectos a favor de la campaña electoral del líder de Alianza para el Progreso hacia el Gobierno Regional de La Libertad.

“En esta primera parte de esta conversación realizan una actividad que linda con el delito. Hemos esperado que la Fiscalía de la Nación reaccione como lo hace para otras cosas, pero aquí sobre la base de pruebas contundentes, los autores han aceptado los hechos, entonces la Fiscalía no ha intervenido y no ha hecho las incautaciones de los instrumentos del delito”, sostuvo el jefe de la PCM.

Antes de estas declaraciones, Torres Vásquez ya había criticado duramente a Patricia Benavides, titular del Ministerio Público, por las investigaciones que inició contra el presidente Castillo. El pasado 29 de agosto, publicó un hilo de mensajes en Twitter, donde indicó que el narcotrafico está detrás de las acusaciones contra el mandatario.

“La fiscal de la Nación nombrada por la Junta Nacional de Justicia, cambió a la fiscal Revilla que investigaba a su hermana, Emma Benavides, porque habría liberado a narcotraficantes a cambio de coimas”, se lee en la publicación del premier. Asimismo, recordó la decisión de Benavides de retirar al fiscal Almanza del caso vinculado a la familia Sánchez Paredes por narcotráfico y la reacción de algunos fiscales.

Torres aseguró que fiscales como Cubas Villanueva, Frank Almanza, Salas Zegarra y Bersabeth Revilla son honestos y que su salida evidenciaría “que el narcotráfico ha tomado a un sector de la administración de justicia que investiga a la familia del presidente”.

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