Ante la denuncia constitucional contra la vicepresidenta Dina Boluarte, esta decidió presentar un pedido de suspensión del proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sobre esta denuncia en la que señala que se ha vulnerado el debido proceso, el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, se mostró a favor acortando así las discrepancias políticas entre ambos que se habían visibilizado durante los últimos meses.
“Está en su derecho de presentar cualquier documento en su defensa y salvaguardar sus intereses, siempre y cuando ella considere que está siendo perjudicada”, declaró para la prensa desde el Congreso. Este recalcó que se debe respetar a la Comisión y recordó que ninguna institución se encuentra por encima del mencionado organismo por lo que el “Congreso, como todo organismo, está supeditado a lo que recomiende la Corte Internacional”.
“Posiblemente haya cometido una falta, pero no es para pedir su vacancia, hay que tener en cuenta la proporcionalidad. Cuando hay un tema de querer vacar, dar un panorama la Perú de que deben dejar la presidencia y la vicepresidencia, obviamente se pone en riesgo la democracia. No es tiempo de vacar”, manifestó.
Por otro lado, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, se mostró en contra de lo señalado por Cerrón sobre el respeto a las decisiones de la Comisión. “No hay jurisdicción que pueda intervenir en un país libre e independiente como el Perú. Eso de las CIDH, los terroristas han jugado con eso durante muchos años, tenemos que retirarnos de la Corte (…) No está por encima del Congreso”, dijo.
MOVIDAS LEGALES
Alberto Otarola, abogado de Boluarte, también ha solicitado medidas cautelares y denunció al Congreso ante la CIDH en junio pasado. En esa línea, el recordado exministro de Defensa del expresidente Ollanta Humala sostiene que la oposición parlamentaria intenta “hacerse con el poder y revertir la derrota” que sufrió en las urnas en las elecciones presidenciales pasadas.
Otro argumento que Otarola también apunta es que se busca forzar la destitución e inhabilitación de Boluarte mediante el uso indebido de informes administrativos. Por ello, reveló que el informe de la Contraloría fue enviado en su totalidad al Parlamento, en cambio a la vicepresidenta solo le habría llegado tres paginas.
Por lo pronto, la CIDH ya tuvo una primera movida en el pedido de Boluarte al solicitar al Estado peruano a que le remita toda la información que considere oportuna sobre este caso. El pedido se realizó el pasado 30 de junio mediante un oficio enviado al canciller César Landa.
DENUNCIA
Como se recuerda, la Comisión Permanente del Congreso de la República declaró procedente la denuncia constitucional contra la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.
El grupo de trabajo ofreció 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar el informe final contra la abogada por una posible infracción constitucional porque, supuestamente, realizaba labores como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya ostentaba el cargo público. La iniciativa fue aprobada con 22 votos a favor y cero abstenciones.
Boluarte manifestó, el pasado 17 de junio durante la entrega de alimentos de Qali Warma a la Municipalidad de El Porvenir, en Trujillo, que el pedido de inhabilitación en su contra era similar a un golpe de Estado y que ella no había hecho “absolutamente nada malo”.
Además, la vicepresidenta sostuvo que iba esperar la notificación de la Subcomisión para ofrecer sus declaraciones, pues consideró que buscar un tema para inhabilitarla de su cargo “es un tema política”. “Los congresistas demócratas que tenemos en el congreso en su oportunidad valorarán mis declaraciones”, resaltó.
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