Celestes y rosados: reflexiones en la noche del referéndum por la LUC

Más allá de los válidos análisis sobre quién ganó y quién perdió con el resultado del referéndum, resultado que se anticipa ajustado y mostrando un país votando prácticamente en dos mitades, me parecía interesante tomar un paso atrás y mirar al proceso completo de la LUC para aventurar algunas reflexiones que deja este período 2019-2022 en la política uruguaya y qué se puede venir en los próximos años.

La primera reflexión se resume en que la coalición “multicolor” gobernante se ha mostrado cohesionada a lo largo del proceso de la LUC: de la campaña del 2019, al parlamento, a la campaña del referéndum. Es clave ver la película completa y no solamente los últimos meses de campaña.

Es importante recordar que el proyecto de la LUC no nació luego de que se configurara la coalición multicolor de cinco partidos –Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, de la Gente e Independiente— de cara al ballotage y que ganó la segunda vuelta de la elección presidencial el último domingo de noviembre de 2019. Antes bien, se trataba de una iniciativa de Lacalle Pou en su etapa como candidato del Partido Nacional (PN) y que fue adoptada a la postre por los referentes de los otros partidos que apoyaron su candidatura presidencial.

De mínima, la falta de fisuras en torno a la LUC es un logro para un experimento político que arrancó con algunas incertidumbres y algún liderazgo tambaleante en los socios minoritarios de la coalición. En particular, una de las incógnitas más señaladas por los analistas en su momento pasaba por el rol o perfil que iba a tener Cabildo Abierto (CA), la sorpresa de la elección de 2019, en el desarrollo de la coalición. Luego, la salida de Ernesto Talvi de la política sacudió al Partido Colorado (PC), segundo socio en tamaño de la coalición. A pesar de la turbulencia generada en su momento, según algunos analistas, este hecho robusteció al colectivo multicolor.

No sólo estaba la incertidumbre de la novedad, sino que colorados y cabildantes tenían las llaves de todo este proceso dada la aritmética parlamentaria. El PN del presidente está lejos de las mayorías parlamentarias sin apoyos de otros partidos: cuenta con 30 diputados y poco más de una docena de senadores. Pero más allá de ajustes al texto de la ley en sí, ninguno de los dos socios minoritarios pero claves para la construcción de la mayoría parlamentaria puso cuestionamientos más amplios o severos sobre el tipo de legislación o su trámite.

En ese sentido, parece haberse priorizado un alineamiento con los planes del presidente quien, a su vez, incorporó a estos socios al gabinete haciéndolos partícipes en la labor de gobierno. Y, efectivamente, una vez llegada la campaña al referéndum, algunos de los miembros de estos partidos fueron los críticos más vocales sobre la oposición a la ley por parte de la comisión pro-referéndum impulsada por la central sindical uruguaya (PIT-CNT), por movimientos sociales y apoyada por el Frente Amplio (FA) –partido que gobernó el país entre 2005 y 2020, actualmente en la oposición.

A la luz de todo esto, me pregunto si acaso había una historia alternativa posible respecto a la relación de la coalición con la LUC. Es decir, si alguno de los partidos multicolores, otros que el PN, podría haber hecho algo distinto o si tenían márgenes o incentivos para hacerlo. En ese sentido, no veo cuál hubiera sido el incentivo para torpedear la ley, iniciativa insignia del presidente, desde dentro del propio gobierno de coalición y tras quince años fuera del poder.

Una reflexión adicional es que todo este camino de prácticamente tres años muestra una gran estabilidad en los dos polos políticos en los que se ha ordenado la competencia político-electoral en el Uruguay. Siempre estamos tentados a pensar en grandes realineamientos en la política uruguaya. ¿Qué pasaría si colorados o cabildantes se aliaran con el FA? Y, sin embargo, a pesar de algunas especulaciones en campaña, la estabilidad de estos dos polos parece estar cada vez más consolidada. En algún momento se tomó el hecho de que el líder de CA, Guido Manini Ríos había sido comandante en jefe del ejército durante gobiernos del FA, entre otros elementos, como signo de una posible futura proximidad con esa fuerza.

Pero lo que queda claro de la experiencia con toda LUC es que no habría que esperar el pase de partidos del polo multipartidario que está ahora en el gobierno, cuyo centro de gravedad está hoy en el PN, hacia el otro polo formado en torno al otrora oficialismo del FA. Tal vez, incluso, sea más probable que, en algún momento, Cabildo busque mostrarse como mejor una alternativa para conducir el polo opuesto al FA que lo contrario.

Y siguiendo el camino de las preguntas sobre historias alternativas, mucho se ha hablado sobre lo “innecesario” de esta consulta popular. Es ostensible una cierta frustración en algunos actores del oficialismo respecto al recurso temprano, a seis meses de la aprobación de la ley y durante el primer año del gobierno de Lacalle Pou, de la recolección de firmas para derogar parte del articulado de la LUC. Se habló de “palos en la rueda” y de no aceptar los resultados electorales del 2019. Para mi la pregunta clave es si acaso la actual oposición en el parlamento, el FA, y sus aliados en los movimientos sociales, sindicales y actores de base que empujaron la recolección de firmas, tenían incentivos para actuar distinto.

Junto a las convicciones políticas e ideológicas sobre la ley en sí misma, para la oposición el ejercicio de recolección de firmas y el eventual referéndum no tenía costos o riesgos políticos. Tanto fue así que la campaña de recolección de firmas liderada por Fernando Pereira del PIT-CNT terminó incentivando un recambio, considerado por muchos necesario tras la derrota electoral de 2019, de los liderazgos internos del FA –con Pereira como nuevo presidente del FA. Incluso la campaña del Sí reunió a actores que habían expresado su descontento con la versión más reciente del FA en el gobierno y se habían distanciado del mismo. Aún en un escenario de derrota del Sí, seguramente por un margen ajustado, es difícil pensar cuál sería el costo político específico de esa derrota para el FA en el corto o mediano plazo.

Y si de costos se habla, por último, el gobierno hizo un trabajo destacable en el sentido de tratar de amortiguar los “costos país” que trae cualquier percepción de inestabilidad. En muchos casos, los riesgos políticos, como les dicen los analistas, pueden tener consecuencias negativas para muchos de los indicadores de la economía y la sociedad. Basta con ver los indicadores de riesgo país disparándose en países de la región tras alguna turbulencia social o alguna elección, o cotizaciones de monedas locales derrumbándose en circunstancias similares.

El gobierno ha demostrado que, con un apoyo parlamentario robusto, se puede gobernar con la más vocal de las oposiciones enfrente. De hecho, tras procesar diferencias democrática y pacíficamente, a la hora que se publique esta columna, la reputación del Uruguay como el país más democrático de América Latina estará aún más consolidada.

SEGUIR LEYENDO: