Un escándalo de fraude en el sistema de matriculación de vehículos dejó a Francia con más de un millón de autos ilegales circulando por sus calles, según confirmó la Cour des Comptes, el organismo auditor del Estado francés.
La manipulación del registro oficial permitió la proliferación de automóviles y camiones fuera de control estatal, generando consecuencias económicas y de seguridad para el país.
Entre 2022 y 2024, el Estado francés dejó de recaudar 550 millones de euros (633 millones de dólares) por tasas de registro y multas, mientras se estima que alrededor de 300 empresas fantasma facilitaron la circulación masiva de autos sin control estatal.
El origen del problema se remonta a 2017, cuando el gobierno francés implementó una reforma para acelerar la entrega de documentos de matriculación.
El proceso pasó en parte a manos privadas y se otorgó acceso directo al registro a concesionarios y talleres, desplazando a cerca de 2.000 funcionarios públicos a otras tareas. La medida pretendía reducir los tiempos de espera, pero abrió una vía de acceso que fue aprovechada por organizaciones delictivas.
El fenómeno de los denominados “SIV-eur” abarcó múltiples modalidades delictivas. Se documentaron casos en los que vehículos de alta gama, como Rolls-Royce y Mercedes, fueron registrados bajo categorías reservadas a personas con discapacidad para eludir aranceles e impuestos ambientales.
Sin embargo, al intentar rastrear a los titulares, las autoridades se encontraron con datos falsos o empresas inexistentes. La policía detectó un aumento del 160% en infracciones por exceso de velocidad entre 2016 y 2022, muchas cometidas por vehículos registrados de manera fraudulenta.
Un caso involucró a un ciudadano que, con un solo vehículo a su nombre, figuraba en los registros como dueño de un taller con más de 250 autos. Las multas asociadas a esos vehículos ilegales superaron los 250.000 euros, (287 mil dólares) una carga que solo pudo frenar tras recurrir a la justicia.
Se constató que los talleres señalados operaban en locales vacíos o inexistentes, lo que complicó la acción de la cámara de comercio y de los jueces. La proliferación de estos “garajes fantasma”, primero localizada en el norte de Francia y luego extendida a todo el país, llevó a las autoridades a endurecer los controles.
Por ejemplo, la cámara de comercio de Roubaix logró cerrar cinco talleres fraudulentos, aunque solo después de obtener la orden de un juez. Las autoridades introdujeron verificaciones físicas de domicilios y certificados electrónicos para comprobar la identidad de los solicitantes, pero el proceso sigue siendo lento.
El Ministerio del Interior de Francia reconoció la gravedad de la situación y comunicó que se aplican medidas para revertir la vulnerabilidad del sistema. Entre las acciones adoptadas figuran la reducción drástica de autorizaciones para acceder al registro y un aumento en la detección de fraudes.
(Con información de BBC)