
Vladimir Putin confirmó este viernes que no viajará a la cumbre del G20 que se desarrollará en Brasil el 18 y 19 de noviembre a raíz de la orden de arresto que la Corte Penal Internacional emitió en su contra en marzo de 2023, por los crímenes de guerra que cometió en Ucrania.
Sin embargo, lejos de referirse a las limitaciones que dicha decisión implica en su vida -ya que de viajar a un país que suscriba el Estatuto de Roma, como lo es Brasil, podría quedar privado de su libertad-, Putin explicó que su decisión responde a que el “trabajo normal del foro” podría verse “perturbado” si efectivamente asiste.
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“Entendemos perfectamente que, incluso excluyendo el facto de la CPI, la discusión se centraría solamente en eso (...) Comprendemos todo lo que pasa en torno a Rusia y yo también lo comprendo”, comenzó diciendo durante una rueda de prensa en la que reconoció, a continuación, que “de hecho, eso perturbaría el trabajo del G20. ¿Para qué? Somos adultos”.

Inclusive, en línea con sus palabras previas, descartó que su ausencia respondiera a un riesgo hacia su libertad ya que con el presidente Lula da Silva tiene “relaciones magníficas y de amistad”. “Las decisiones de este tipo son muy fáciles de eludir, basta con firmar un acuerdo intergubernamental y ya está: la jurisdicción de la CPI quedará limitada”, agregó en un intento por insistir en que su buen vínculo con el mandatario impediría su detención en el país.
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En marzo de 2023, el máximo tribunal internacional emitió una orden de arresto contra Putin y su comisionada para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, por las evidencias de crímenes de guerra cometidos en Ucrania, específicamente los relativos a la deportación forzada de menores en el marco de la guerra.
Desde entonces, el mandatario se ha visto impedido de viajar a más de un centenar de países que reconocen a la Corte y por lo que, de presentarse en su territorio, deberían proceder con su arresto.
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De hecho, entre el 22 y el 24 de agosto de 2023, Sudáfrica fue el anfitrión de la cumbre de los BRICS, a la cual el jefe del Kremlin no pudo asistir. Durante días, funcionarios de Moscú y Pretoria buscaron argumentos para disuadir a Putin de viajar ya que su presencia en el territorio representaba un problema para los países.
“Es un gran dilema para nosotros, por supuesto que no podemos detenerlo... es casi como si invitas a tu amigo a casa y luego lo detienes”, dijo entonces el vicepresidente sudafricano Paul Mashatile, quien reconoció, a su vez, que esto le podría costar caro al Gobierno.
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“Para nosotros, que no venga es la mejor solución”, señaló.

No obstante, la CPI no cuenta con el aval de todos los países, como es el caso de la propia Rusia, Israel o Estados Unidos. “Es una de esas organizaciones internacionales cuya jurisdicción Rusia no reconoce, al igual que muchos otros países del mundo. Creo que Estados Unidos tampoco la reconoce, China no la reconoce, Turquía... Por ello, no considero malo que exista una organización internacional como esta pero es necesario que sea universal”, comentó Putin al respecto.
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Además, la Corte no dispone de una fuerza coercitiva propia por lo que, en realidad, depende principalmente de la buena voluntad de los gobernantes. Esto quedó expuesto en septiembre de este año, cuando Ukhnaa Khurelsukh, presidente de Mongolia, lo recibió con una alfombra roja y guardias de honor.
Se trató de la primera visita de Putin a un estado miembro de la CPI desde que entró en vigencia la orden y representó un riesgo nulo a su libertad.
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(Con información de AFP, EFE y Reuters)
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