Sudáfrica se encuentra bajo una gran presión. El presidente ruso Vladimir Putin insiste en viajar al país para participar de la cumbre económica que celebrará el bloque del BRICS en agosto, a pesar de la orden de arresto que la Corte Penal Internacional emitió en su contra.
Desde hace días, los funcionarios sudafricanos han estado intentando de diversas maneras persuadir al líder del Kremlin para que opte por no viajar al evento y evitar, así, una situación incómoda a nivel legal y diplomático.
El pasado 17 de marzo, la CPI emitió una orden de arresto contra Putin por cometer crímenes de guerra como la deportación forzada de miles de niños ucranianos desde el inicio del conflicto bélico.
Hasta el momento, Putin no ha sido detenido ya que Rusia no es miembro de la CPI y, por tanto, no está obligado a acatar el Estatuto de Roma, ni tampoco lo son los países a los que ha viajado en el último tiempo.
Sin embargo, Sudáfrica sí es signataria de este organismo y debería proceder con su arresto, en caso de que el mandatario se presente a la cumbre.
El vicepresidente sudafricano Paul Mashatile, encargado durante las últimas semanas de negociar con Moscú, explicó que “es un gran dilema para nosotros. Por supuesto, no podemos detenerle, es casi como si invitas a tu amigo a casa y luego lo detienes”.
El problema es que, más allá de que el Ejecutivo haya garantizado la inmunidad por su parte, un vasto sector de la sociedad -la oposición, organismos defensores de derechos humanos y activistas jurídicos- ha manifestado su disconformidad con esta postura y amenazó con detener al Presidente, incluso por sus propios medios.
Para evitar este posible escenario, Johannesburgo ofreció al Kremlin cambiar la sede del encuentro a China, que la participación de Putin sea virtual o que esté presente por medio de su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. “Para nosotros, que no venga es la mejor solución”, agregó Mashatile.
Rusia, sin embargo, ha rechazado todas las propuestas e insiste en conseguir la foto de Putin junto a los líderes de Brasil, India, China y Sudáfrica aunque el reciente motín de Yevgeny Prigozhin, que supuso el mayor desafío a su poder desde su asunción, ha sembrado grandes dudas sobre su presencia en el foro.
En medio de estos desencuentros, Mashatile dijo que “hemos decidido dejar este asunto en manos del Presidente, que está hablando con Putin” y cuyas conversaciones continuarán en la cumbre Rusia-África en San Petersburgo a finales de mes. “Queremos mostrarle los retos a los que nos enfrentamos porque formamos parte del Estatuto de Roma y no podemos escabullirnos de esto”, continuó.
Sudáfrica es uno de los países que se han negado a condenar la ofensiva de Moscú sobre Ucrania y la recepción del mandatario sólo tensaría más sus relaciones con Occidente y Estados Unidos, así como con otros importantes socios comerciales y diplomáticos.
Inclusive, el vínculo con Washington se vio fuertemente afectado luego de que la Casa Blanca acusara al país africano de proporcionarle armas a Moscú en un carguero ruso que visitó su principal base naval, cerca de Ciudad del Cabo, el pasado diciembre.
Si bien Sudáfrica negó estas denuncias, Cyril Ramaphosa ordenó una investigación al buque Lady R.
Johannesburgo ya había estado en una situación similar en 2015, cuando infringió el Estatuto de Roma al no detener al entonces presidente de Sudán, Omar al-Bashir, durante su visita al país, cuando también era buscado por la CPI por presuntos crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio.
(Con información de AP)
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