Después de una sesión intensa, el Senado de la República definió que la Guardia Nacional (GN) formará parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con lo cual se ratifica la iniciativa promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto aún a pesar de la resistencia que presentó la oposición quien aseguró que este proyecto militariza a México.
Este viernes 9 de septiembre, con 71 votos en favor, 51 en contra y 1 abstención, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la Reforma a la Guardia Nacional. Dicha abstención fue la del senador Ricardo Monreal Ávila.
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Al aparecer la abstención en la pantalla, se escucharon diferentes abucheos por parte de los legisladores durante un breve periodo. Hay que recordar que el senador salió en una foto con Jaime Bonilla quien, en plural, aseguró en sus redes sociales que respaldaban la iniciativa.
Cabe destacar que la discusión parlamentaria fue extensa, donde las bancadas de Morena, PES, PT y PVEM valoraron en favor que la GN pase del mando civil al militar.
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Del otro lado del espectro, los miembros del PAN, PRI, PRD, MC y GPP opinaron que si la Guardia Nacional pierde el mando que tiene en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dicha institución propiciaría una serie de condiciones que no aportarían mejoras a la seguridad de México.
No obstante, con el resultado de la votación la iniciativa será remitida al Ejecutivo Federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que, de este modo, entre en vigor en el Estado mexicano.
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Los y las legisladoras que apoyaron la iniciativa negaron rotundamente que se tratara de militarizar al país y a la Guardia Nacional, argumentando que en cambio solo se trataba de disciplinar a sus elementos para la lucha en contra de delincuencia.
Mientras que el bando de la oposición destacó que se trataba de una inconstitucionalidad pues la Guardia Nacional debía continuar con el mando civil como lo manda la constitución, además de recalcar que se trataba de una traición a las convicciones que varios morenistas habían establecido en años anteriores.
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Argumentos presentados
Por parte de la oposición parlamentaria, quienes votaron en contra de la iniciativa de AMLO, sostuvieron dos preceptos con los que defendieron su posición: las violaciones a derechos humanos perpetradas por militares y la falta de adiestramiento en Protección Ciudadana.
Las Fuerzas Armadas mexicanas han sido partícipes de numerosas operaciones que han vulnerado los derechos humanos de la ciudadanía: la matanza de estudiantes en Tlatelolco, Ciudad de México, en 1968; Acteal, en 1997; o Atenco, en 2006, han ratificado que el Ejército no es la mejor institución para atender estas tareas; motivo por el cual existe una paradigma en relación a su desempeño ligado con la ciudadanía.
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Aunado a esto, la Sedena hasta el momento no cuenta con un adiestramiento especializado en materia de Protección Ciudadana, por lo que su desempeño en esta cuestión podría estar sujeto a numerosas áreas de oportunidad.
Por otro lado, se deben de ponderar dos puntos. El primero es la aprobación ciudadana, que contempla a la Marina y al Ejército como las instituciones mejor calificadas para la preservación de la paz en México, lo que se ve reflejado en el estudio Percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
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De acuerdo con ese estudio, la Marina y el Ejército cuentan con el 47.7% y 42.2% de aprobación, respectivamente; mientras que la policía municipal y estatal tienen el 6.8% y el 9.1% respectivamente.
Mientras, los morenistas han destacado como argumento que la GN no ha incurrido en actos sistemáticos de violación de derechos humanos y que las Fuerzas Armadas siguen el mando. Por lo que se esgrimió que el cambio de mando en la GN no necesariamente sería un acto negativo en tareas de seguridad y protección ciudadana
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En contraste, expusieron que la extinta Policía Federal (PF), que fue suplantada por la Guardia Nacional, que tenía un mando civil, se caracterizó por tener múltiples quejas en materia de violación de derechos humanos.
Cabe señalar que aún falta que el Partido Acción Nacional presente un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues había adelantado con anterioridad que recurriría a este recurso así como a organismos internacionales en caso de que la iniciativa fuera aprobada.
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