México reconoció labor de Bachelet en el caso Ayotzinapa

En 2019, la alta comisionada planteó una hoja de ruta para cumplir los compromisos de México en materia de derechos humanos

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El Gobierno mexicano reconoció el trabajo de Michelle Bachelet como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), quien este miércoles dejó el puesto y con quien, aseguró, siempre hubo un diálogo “franco y abierto”.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresa el más amplio reconocimiento por la labor efectuada por Michelle Bachelet, quien hoy culminó su nombramiento como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la primera mujer latinoamericana en ostentar dicho cargo”, expresó la Cancillería.

Recordó la visita de la comisionada en abril de 2019, cuando planteó una hoja de ruta para cumplir los compromisos de México en materia de derechos humanos.

Y destacó que durante esa visita se firmaron acuerdos de cooperación entre el organismo internacional y el Gobierno de México para fortalecer el trabajo de la Guardia Nacional en materia de respeto a los Derechos Humanos y dar seguimiento al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet suscribieron en 2019 el Acuerdo para brindar Asesoría y Asistencia Técnica para la Formación y Operación en Materia de Derechos Humanos a la Guardia Nacional. FOTO: GOBIERNO DE LA REPÚBLICA /CUARTOSCURO.COM

“Acuerdos que, a la fecha, se encuentran en plena implementación, y en cuyo contexto se destacó el trabajo que se mantiene con la oficina encabezada por Michelle Bachelet”, apuntó la SRE.

La dependencia agradeció y reconoció compromiso en el cargo y recordó que siempre tuvo atención hacia México “buscando siempre mantener un diálogo franco y abierto.

“Su experiencia, capacidad de diálogo, madurez e integridad profesional y personal, así como su gran sentido de escuchar y comprender a todas las partes, han dejado un gran legado en la protección de los derechos humanos en el mundo”, afirmó.

La expresidenta de Chile volverá a su país tras cuatro años en el cargo en Ginebra, donde reconoció en su última conferencia de prensa que los derechos humanos en el mundo no han avanzado, al citar obstáculos como la pandemia, la falta de voluntad política y la guerra en Ucrania.

Oficina de la ONU sigue de cerca el caso Ayotzinapa

Militares mexicanos tienen parte de responsabilidad, por sus acciones u omisiones, en la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en 2014, según un informe de una comisión gubernamental divulgado este jueves.

El pasado lunes 29 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió al Gobierno mexicano garantizar la verdad y justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa tras el informe de la Comisión para la Verdad.

El organismo internacional solicitó en un pronunciamiento que la Fiscalía General de la República (FGR) tenga “una actuación institucional sólida y diligente, que garantice el acceso a la justicia de las víctimas”.

Esto, indicó, para “determinar judicialmente la responsabilidad penal de todos los actores, incluyendo a los superiores, tanto civiles como militares, involucrados por acción u omisión en las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas”.

En solo unas semanas se cumplirán ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. REUTERS/Henry Romero

Aunque la ONU-DH no lo mencionó, el detenido de mayor perfil hasta ahora es Jesús Murillo Karam, quien estaba al frente de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) durante el caso.

“Estamos ante un momento crucial para llegar a la verdad y a la justicia en el caso Ayotzinapa”, declaró Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH.

El organismo reconoció la labor de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, que el 18 de agosto presentó un informe que concluye que la desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 fue un “crimen de Estado” y que no hay indicios de que estén vivos.

También sugirió el fortalecimiento de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas en México, y la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades competentes.

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