El INE confirmó desvío de recursos al PRI en Baja California por 8.9 millones durante el sexenio de Peña Nieto

Los casi 9 millones de pesos fueron proporcionados desde las dependencias locales; cabe destacar que las fechas coinciden con la llamada Operación Safiro

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El INE confirmó desvío de recursos al PRI en Baja California por 8.9 millones durante el sexenio de Peña Nieto (Foto: Cuartoscuro)
El INE confirmó desvío de recursos al PRI en Baja California por 8.9 millones durante el sexenio de Peña Nieto (Foto: Cuartoscuro)

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó un desvío de recursos en Baja California en favor de las arcas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) estatal, esto durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y por un monto de 8.9 millones de pesos.

A través de un comunicado, el Instituto a cargo de Lorenzo Córdova informó el lunes 18 de julio que los recursos depositados o transferidos al PRI en Baja California por un monto mayor a 8.9 millones de pesos corresponden a recursos proporcionados por las dependencias locales y que, a su vez, se descontaron vía nómina a los trabajadores del gobierno del estado en 2015.

Durante la sesión extraordinaria que se trató el tema, Jaime Rivera, consejero presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, explicó que, en acatamiento a una sentencia de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), realizó nuevamente la fiscalización, con lo cual se confirmó el agravio al erario local.

El INE ratificó el desvío (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)
El INE ratificó el desvío (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)

Por su cuenta, el PRI no dio respuesta alguna “a los escritos de ampliación del objeto de investigación ni de alegatos, por lo que no existen nuevos elementos que analizar en este procedimiento oficioso”. En consecuencia, se cerró el procedimiento de fiscalización del periodo mencionado, por lo que el INE procedió contra el PRI.

“Se concluye que la sanción permanece en los términos originalmente impuestos por la cantidad de 1 millón 284 mil 241 pesos, al haberse acreditado la omisión de reportar ingresos y aportaciones efectuadas desde una cuenta bancaria, cuya titularidad no correspondía a los aportantes”

Esto por la ratificaron de dos sanciones:

1.- 895 mil 456.93 pesos debido a que la autoridad electoral acreditó la cantidad de 8 millones 954 mil 569.37 pesos por concepto de aportaciones realizadas a través de diversas dependencias locales y comprobó que los recursos provenían de descuentos realizados a los trabajadores del gobierno de Baja California.

2.- 388 mil 784.29 pesos corresponde a aportaciones de dependencias del gobierno de Baja California que no fueron reportadas por el Revolucionario Institucional. En este apartado se identificó el monto de 259 mil 189.53 pesos como un ingreso en efectivo en beneficio del partido político, el cual no fue reportado dentro de su contabilidad y se tiene certeza que fue entregado por cuatro dependencias al PRI en el ejercicio 2015.

La Operación Safiro ocurrió durante la dirigencia de Manlio Fabio Beltrones (Fotoarte: Steve Allen)
La Operación Safiro ocurrió durante la dirigencia de Manlio Fabio Beltrones (Fotoarte: Steve Allen)

Coincidencias en relación a la Operación Safiro

En 2015, Baja California era gobernada por Francisco Vega de Lamadrid, del Partido Acción Nacional (PAN), quien ejerció su mandato de 2013 a 2019; sin embargo, a nivel federal gobernaba Enrique Peña Nieto (EPN), del PRI, sexenio que se caracterizó por la realización de la llamada Operación Safiro, un entramado de presunta corrupción que tuvo como objetivo desviar recursos públicos al Revolucionario Institucional en la que se presume la finalidad de tener objetivos electorales.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se trata de una acción coordinada entre diversos gobernadores del PRI, así como de un jefe delegacional del entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México) en la que se recaudaron 650 millones de pesos (USD 32 millones 500 mil) en 2015.

Para materializar esta operación, se requirió la acción coordinada de los gobiernos locales de Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, Estado de México y la delegación Milpa Alta. Así como 12 empresas fantasma, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la dirigencia nacional del PRI.

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