En los últimos años, México se ha posicionado como uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales; la brutalidad y el aumento en los casos a lo largo del territorio mexicano ha alertado a la ciudadanía sobre el riesgo que corre toda aquella persona que decida realizar cualquier tipo de activismo para la preservación del medio ambiente y el territorio.
De este modo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) apuntó en su Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2021 que el periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre de ese año fue el más violento para la defensa del patrimonio natural en México desde el año 2014.
El informe realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) apunto que a lo largo de 2021 se registraron aproximadamente 238 agresiones de diferentes tipos en contra de defensores ambientales en el país, lo que supuso un incremento del 164.44% respecto al 2020.
De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la agresión más común a defensores ambientales fue la intimidación con 65 registros (27.31% del total), seguida por el hostigamiento con 36 registros (15.13%), las amenazas con 31 registros (13.03%), las agresiones físicas con 24 registros (10.08%) y los homicidios con 22 registros (9.24%).
En 2021 el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó al menos 25 casos de personas defensoras ambientales, de la tierra y el territorio, víctimas de agresión letal, siendo de esta forma el tercer año consecutivo con un aumento en el número de activistas asesinados en el país.
La organización civil también señaló que en lo que va de la administración federal se ha registrado que al menos 58 personas defensoras ambientales han sido asesinadas, siendo el estado de Oaxaca la entidad con el mayor número de ataques letales en contra de ambientalistas en el país, pues se contabilizaron un total de 8 personas defensoras asesinadas durante el 2021, de las cuales 2 se tratan de probables ejecuciones extrajudiciales.
Por su parte, los estados de Guerrero, Sonora y Morelos son las entidades con el mayor número de agresiones letales después de Oaxaca. En Guerrero se documentaron 4 asesinatos: Isaías Elacio Palma, Carlos Marqués Oyorzábal, Marco Antonio Arcos y Ramiro Ventura Apolonia. Sonora registró también 4 asesinatos: José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega, Luis Urbano Domínguez Mendoza y Tomás Rojo Valencia, los dos últimos pertenecientes a la nación Yaqui; y en Morelos se registraron tres homicidios: José de Jesús Sánchez García, Rodrigo Morales Vázquez y Alejandro García Zagal.
En lo que refiere a otro tipo de agresión, los estados que encabezan la lista son Oaxaca con 24, Yucatán y Sonora con 10 respectivamente, así como Guerrero y Morelos con 8 eventos de agresión cada uno.
De acuerdo con el reporte anual de la organización británica Global Witness, Last Line of Defense, The industries causing the climate crisis and attacks against land and environmental defenders (Última Línea de Defensa, Las industrias causantes de la crisis climática y los ataques contra los defensores de la tierra y el medio ambiente), México se ubica en el segundo país con más crímenes hacia activistas y a escala global.
Según cifras de instituciones como Amnistía Internacional (AI), Global Witness y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en un informe de 2018, se contabilizaron 108 asesinatos de activistas en México en una década, de los cuales, 86 eran indígenas.
Entre los defensores que fueron asesinados en México en 2020, se encuentran: Adán Vez Lira, Daniel Sotelo, Homero Gómez, Ismael Cruz, Jesús Miguel Jerónimo, Isaac Medrano, Juan Aquino González, Miguel Vázquez, Miguel Migueleño, Pablo Guzmán, Juan Zamarripa, María Agustín, Rodolfo Díaz, Maurilio Hernández, Reynaldo Bautista, Paulina Gómez y Tomás Martínez.
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