Facundo Rosas, ex colaborador de García Luna, fue trasladado a un penal federal

La Marina Armada de México brindó seguridad para el envío del excomisionado de la Policía Federal implicado en el caso Rápido y Furioso

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El excomisionado de la Policía Federal abordó un jet custodiado por la Marina rumbo a un penal federal Video: Twitter/@marychuyglez

Facundo Rosas Rosas, excomisionado de la extinta Policía Federal, partió desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a un penal federal, tras ser detenido por atropellar a una mujer y estar implicado en el operativo Rápido Furioso.

Fuentes de la Marina Armada de México confirmaron a Infobae México que sus agentes participaban en el dispositivo de seguridad, pero los militares esperaron indicaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). Luego de su llegada el detenido abordó un jet con matrícula XC-PLW.

Previamente, el convoy de al menos cuatro camionetas de la Semar arribó hasta el interior del AICM Benito Juárez en el hangar que corresponde a la FGR. También acudieron dos vehículos particulares donde, se presume, viajaba Rosas Rosas. Los marinos se retiraron del aeropuerto tras cumplir con la vigilancia.

La FGR no ha informado a donde enviará al excolaborador de Genaro García Luna, quien también tiene una orden de arresto por haber participado en el programa que garantizó la entrada ilegal de 2 mil 500 armas de Estados Unidos a México y las cuales terminaron en manos del Cártel de Sinaloa.

El poblano fue arrestado tras atropellar a una mujer en la alcaldía Álvaro Obregón (Foto: SSC-CDMX)
El poblano fue arrestado tras atropellar a una mujer en la alcaldía Álvaro Obregón (Foto: SSC-CDMX)

Para que el exsecretario de Seguridad de Puebla (2013-2015) fuera asegurado por instancias federales fue necesaria una notificación federal, pues solo habrían de asegurarlo por el delito de homicidio culposo, luego de que la mujer que atropelló falleciera por un trauma craneoencefálico.

Dados los procesos jurídicos, Rosas Rosas sería ingresado en un penal de máxima seguridad por presuntos delitos de Delincuencia Organizada, pues pasó cerca de dos horas en instalaciones de la FGR tras su detención en la alcaldía Álvaro Obregón.

También debería mantener una audiencia inicial de imputación y junto con su defensa decidirá si se acoge al plazo de 144 horas para reunir más pruebas, en espera de que no sea vinculado a proceso por el juez de la causa. De ahí que tampoco sería enviado fuera del territorio mexicano en en un futuro próximo.

De manera extraoficial se ha informado que el detenido fue trasladado al un penal de Aguaprieta, Sonora, a disposición del juzgador que lo requirió tras girar las órdenes de arresto contra seis personas más que incluyen a Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, ex líder del Cártel de Sinaloa. Este último grupo criminal fue el más beneficiado con el trasiego ilegal de fusiles, según autoridades ministeriales.

Facundo Rosas fue cercano de García Luna desde que ambos estaban en el Cisen y escalaron durante dos décadas en dependencias de Seguridad (Foto: Especial)
Facundo Rosas fue cercano de García Luna desde que ambos estaban en el Cisen y escalaron durante dos décadas en dependencias de Seguridad (Foto: Especial)

En febrero del año pasado, Facundo Rosas Rosas fue citado a declarar por investigaciones que ya estaban a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, pero obtuvo un amparo y no acudió. Hace dos semanas se presentó nuevamente, confiado en que actuaba como testigo.

A inicios de este 2022, el 9 de enero, la FGR informó que había obtenido órdenes de arresto en contra de siete personas, pero solo se informó de la identidad de tres de ellos: el Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en EEUU, así como García Luna, acusado de beneficiar al Cártel de Sinaloa durante 19 años, y Cárdenas Palomino, detenido por tortura en julio del año pasado.

Se trataría de los principales responsables en fallido resultado del operativo Rápido y Furioso, el cual fue realizado de 2009 a 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón. De ese modo se coordinaron agentes de Seguridad Pública del más alto nivel con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos.

El objetivo: permitir la entrada y venta de 2 mil 500 armas a criminales, las cuales serían monitoreadas con un chip para identificar focos de violencia, pero nada de eso pasó, pues del lado mexicano había un pacto con los grupos delictivos. Una de esas armas fue usada en el asesinato de un agente estadounidense en 2010 y estalló el escándalo.

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