Quién fue Miguel Vázquez Martínez, activista ambiental asesinado y localizado en fosa clandestina de Veracruz

El pasado mes de octubre, el también empresario fue privado de su libertad

A más de 100 días de ser privado de su libertad, los restos fueron localizados en una fosa clandestina en una casa de seguridad
(Foto: Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera A.C)
A más de 100 días de ser privado de su libertad, los restos fueron localizados en una fosa clandestina en una casa de seguridad (Foto: Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera A.C)

El Colectivo Familiares de Búsqueda A.C María Herrera confirmó este fin de semana la muerte de Miguel Vázquez Martínez, activista ambiental que fue desaparecido el pasado 20 de octubre en el municipio de Tlapacoyan, en el estado mexicano de Veracruz.

Según información de la organización dedicada la búsqueda y localización de personas en la entidad, el hombre de 70 años fue visto por última vez cuando se subió al vehículo de un grupo no identificado que presuntamente le habría pedido información sobre un auto, ya que Vázquez Martínez estaba al frente de un taller y una refaccionaria.

A más de 100 días de ser privado de su libertad, los restos del fundador de la Alianza de Comunidades en Defensa de los Ríos Bobos, Nautla y Tecolutla fueron localizados en una fosa clandestina en una casa de seguridad.

Luego de darse a conocer su desaparición, la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla denunciaron un posible secuestro al gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez, esto para esclarecer los hechos y atender las demandas de la familia.

Con el objetivo de conocer su paradero y comenzar con las investigaciones correspondientes, la Comisión Estatal de Búsqueda activó una ficha para pedir a la ciudadanía su colaboración para encontrar al ciudadano.

De acuerdo con información del Diario de Xalapa, en enero pasado, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, titular de la Secretaria de Gobierno, encabezó una gira de trabajo por Tlapacoyan y fue increpado por familiares del activista para exigir su localización.

Cientos de personas protestaron el viernes en Ciudad de México al cumplirse un año de la muerte de Samir Flores, un activista que se oponía a un proyecto eléctrico del gobierno federal y que fue asesinado a balazos.
Cientos de personas protestaron el viernes en Ciudad de México al cumplirse un año de la muerte de Samir Flores, un activista que se oponía a un proyecto eléctrico del gobierno federal y que fue asesinado a balazos.

Con pancartas y consignas, los habitantes de Tlapacoyan y Atzalan se manifestaron sobre la carretera federal a unos metros del recinto donde se celebró el evento; sin embargo, todas las acciones fueron en vano, ya que el activista fue localizado sin vida.

Tiempo después de la noticia de su fallecimiento, organizaciones Ambientalistas además de la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla, denunciaron a las autoridades de “falta de interés” y “retraso injustificado” en las investigaciones.

Ante este acontecimiento, la Fiscalía General del Estado (FGE) fue acusada de omisa y negligente a la hora de buscar el paradero de Miguel Vázquez Martínez.

El cuerpo del activista ya fue entregado a sus familiares para darle sepultura. La ceremonia religiosa para darle el último adiós se realizó en el hotel ecoturístico rancho oriente, la noche de este sábado 13 de febrero.

Diecisiete personas defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas extrajudicialmente durante el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador
(Foto: REUTERS/Daniel Becerril)
Diecisiete personas defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas extrajudicialmente durante el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Durante las protestas ciudadanas para luchar por su pronta aparición, diversas organizaciones ambientales señalaron que en la región de Altotonga, Atzalán, Tlapacoyan, Misantla, Martinez de la Torre, San Rafael, Tecolutla, Gutierrez y Nautla, entre otros municipios por donde corre el río Bobos se han registrado asesinatos, feminicidios, desapariciones, secuestros y localización de fosas clandestinas.

Diecisiete personas defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas extrajudicialmente durante el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que va de 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, de acuerdo con un informe documentado del Comité Cerezo México.

Según la organización los asesinatos fueron cometidos por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que los activistas estaban realizando y los perpetradores fueron agentes de Estado, bajo la modalidad de “comisión” o “aquiescencia (autorización”, como lo define la Organización de Naciones Unidas (ONU).

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