Ann Deslandes, una periodista independiente de la agencia The New Humanitarian, ha cifrado uno de los problemas menos visibles en México. En el artículo Homeless at home: Inside Mexico’s neglected displacement crisis ha documentado las migraciones forzadas por la violencia del narcotráfico. El texto revela que en el país existen 345,000 desplazados, de los cuales 800 han huido desde la pandemia por coronavirus.
“La violencia desplazó a alrededor de 800 personas, aumentando el riesgo a la comunidad por el COVID-19, además de los impactos en términos de acceso a alimentos, vivienda adecuada, agua potable y servicios de salud”, parafrasea la comunicadora a Brenda Pérez, defensora del desplazamiento interno de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de México.
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Guerrero ha sido uno de los lugares más afectados. El año pasado, 8,864 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares en 28 incidentes, en ocho de los 32 estados de México, según un informe anual publicado el pasado 20 de agosto por la Comisión independiente para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos del país. De esa cifra, Guerrero tuvo 5, 128 víctimas de desplazamiento forzado.
Los hechos de esa entidad, enclava en la costa del Pacífico, han sido recogidas también la organización Crisis Group, que identifica a Guerrero como el epicentro del crimen organizado en México, con al menos 40 células delictivas.
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De acuerdo con Deslandes, en dicha región, las células delictivas utilizan armas de grado militar —la mayoría provenientes de Estados Unidos—, para librar una guerra de baja intensidad que alimenta “una cartera de empresas criminales”: cultivar marihuana y adormidera, cocinar heroína para el mercado estadounidense, controlar el comercio de aguacates y limas, tala ilegal y tráfico de personas y extorsión en las rutas de transporte utilizadas por empresas mineras extranjeras que extraen oro, plata, zinc y plomo.
La disputa en curso hace mucho más visible la ola continua de asesinatos, desapariciones, desapariciones forzadas y desplazamientos internos, que muestran cómo la violencia criminal se ha transformado en conflictos armados locales, de los cuales los habitantes son las principales víctimas.
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El foco rojo de los desplazamientos forzados también se ha dado en otras como Chiapas, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas.
Uno de los más notorios, ocurrió en el ejido Congregación Garza, en Reynosa, Tamaulipas, donde el año pasado, un grupo armado atacó a una familia, ésto resultó con la muerte de tres personas, entre ellas un menor. En la agresión también se reportó tres menores y un adulto mayor heridos.
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La preocupación por la situación de violencia, obligó a al menos 40 familias a abandonar sus hogares por que se sienten desprotegidos por parte de las autoridades.
La ciudad de Reynosa, conocida por ser un sitio turístico, es uno de los lugares más conocidos de desplazamiento forzado por la guerra contra el narco, pero no es el único. A finales de 2010, prácticamente todos los habitantes de la cabecera municipal de Ciudad Mier, Tamaulipas, dejaron el lugar para huir de la batalla que, calle a calle, libraban grupos del Cártel del Golfo y Los Zetas.
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La disputa entre estas bandas criminales había provocado el exilio de muchos de sus habitantes, pero la advertencia de los Zetas de asesinar a todos, obligó a 400 de los pobladores, que aún seguían ahí, a buscar refugio en la comunidad Miguel Alemán y quienes tenían recursos huyeron a Roma y Hancock, Texas.
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