La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) ha congelado las cuentas bancarias de Eduardo Cervantes Aguilar, alcalde del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
La oficina dependiente de la Secretaría de Hacienda abrió una investigación contra el edil por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Según los informes, Cervantes Aguilar habría colaborado con la organización criminal para lavar dinero y mantener sus operaciones.
También, se bloquearon las cuentas personales de la presidenta municipal, Mónica Marín Buenrostro, quien gobierna de la mano del Partido Acción Nacional (PAN) la región de El Grullo, Jalisco.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, ha asegurado que los ingresos de ambos ediles no coinciden con su perfil de ingresos.
Un tercer municipio fue vinculado con el CJNG. Se trata de la región de San Blas Atempa, Oaxaca, donde gobierna Antonio Morales Toledo, perteneciente al partido Morena.

Estas acciones ocurren como continuación del operativo Agave Azul, lanzado hace dos semanas por la UIF y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y mediante el que fueron inmovilizadas 1,939 cuentas bancarias relacionadas con dicha organización criminal.
Eduardo Cervantes Aguilar es alcalde de la localidad donde el pasado 4 de mayo policías municipales presuntamente asesinaron al joven Giovanni López, de 30 años.
Ixtlahuacán de los Membrillos concentra más de 23,430 habitantes. En 2017, vio pasar uno de sus hechos más cruentos, cuando tres policías locales asesinaron a un hombre mientras estaban en el ejercicio de sus funciones.
Carlos Daniel, Miranda Lizeth y César Octavio fueron encontrados responsables por el homicidio de un inspector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a quien arrojaron a un arroyo y le quitaron sus pertenencias.
El año pasado, la recomendación 25/2019 documentó la participación de uniformados de Ixtlahuacán en la desaparición de una persona. Pero no es la única, el expediente 22/2017 señala a 10 uniformados de dicho municipio por golpear a un ciudadano, quien tuvo que entrar a cirugía por lesiones en el abdomen.
La 09/2016 implica a tres efectivos de Ixtlahuacán por golpear y dañar las pertenencias de un detenido. Según los reportes, en el hecho se involucró al juez municipal, Getzauth Godínez Corona y al comisario, Juan Manuel Becerra Santacruz, quien actualmente sigue en el cargo.
Crímenes como estos apuntan precisamente a la relación entre el Estado y la delincuencia organizada. De 2019 a mayo de este año, las violaciones policiales se contaron a centenares. De acuerdo con las cifras, se han presentado 944 quejas contra las direcciones de Seguridad en Jalisco.
Entre las supuestas violaciones más frecuentes están detenciones arbitrarias, lesiones intimidaciones, amanezas, robo allanamiento de morada, tortura, desaparición forzada de personas y cateos ilegales.
Las corporaciones policíacas en Jalisco son señaladas constantemente de estar coludidas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización criminal que manipula a los policías para resolver rencillas locales.
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