“Es un crimen de Estado”: padres de los 43 normalistas acusaron a Enrique Peña Nieto de obstruir la averiguación

La exigencia de justicia y la solidaridad marcaron el andar de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la marcha que este jueves conmemoró un lustro de su desaparición, en un caso paradigmático que el nuevo gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha prometido resolver.

La marcha convocó este día a unas 10.000 personas en el Ángel de la Independencia, en la céntrica avenida Reforma, para avanzar hasta el Zócalo capitalino en lo que ha sido la movilización número 59 desde que el 26 de septiembre del 2014 la desaparición de los estudiantes conmocionó a México.

“Para nosotros la responsabilidad es del Estado, es un crimen de Estado y este no tiene término. Vamos a llegar hasta donde se encuentren los responsables”, dijo Felipe de la Cruz, padre y vocero de todos ellos, durante un mitin en el antimonumento a los 43 que se ubican entre las avenidas Reforma y Bucareli.

La madre de uno de los estudiantes desaparecidos, Carmen Cruz, dijo que la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) “no quiso investigar para encontrar a los estudiantes y hemos llegado hasta este momento”.

Añadió que el nuevo Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado mejor disposición aunque “hasta ahora solo han sido palabras porque no ha caminado el caso, pero seguiremos en este camino de sufrimiento”.

Por su parte, César Mario González, otro de los padres de los 43, dijo durante el mitin realizado en la plancha del Zócalo capitalino que este “es el momento de ser un poco más duro con aquellas dependencias que no quieren dar información. No nada más con el discurso y las buenas palabras vamos a llegar a la verdad”.

Al igual que él, María Elena Guerrero, madre de otro de los normalistas desaparecidos dijo abiertamente que “el Ejército jugó un papel importante. Hay videos de las cámaras de seguridad en donde patrullas y uniformados se llevaron a nuestros hijos”.

Decenas de colectivos y de organizaciones se sumaron a la marcha encabezada por los familiares de los estudiantes, seguida por alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, la alma mater de los estudiantes desaparecidos.

“¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¡El 26 de septiembre no se olvida!” y “¡Castigos los responsables!”, fueron las expresiones y exigencias que se escucharon durante la movilización a lo largo de las calles de la Ciudad de México.

Vandalismo en la marcha

La marcha por el quinto aniversario se vio por momentos opacada debido a la presencia de varios grupos de personas encapuchadas que realizaron pintas y actos violentos contra inmuebles y negocios, al romper algunos cristales, y vandalizar diversos monumentos en la ciudad.

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en que rayaron el monumento a Colón y el Ángel de la Independencia. Asimismo, arrojaron cohetones y rompieron los vidrios de diversos comercios, incluidos bancos y dependencias gubernamentales.

En el Zócalo, los encapuchados arremetieron por momentos contra una puerta del palacio presidencial y pintaron consignas. Una de ellas acusaba al “Estado asesino”. Además, le prendieron fuego a una librería. Otros participantes en la manifestación intentaron apagar las llamas.

Las promesas de la nueva administración

Horas antes el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ante la prensa que no habrá impunidad en las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa y que para su gobierno es prioridad encontrar a los jóvenes

“No hay impunidad, eso es importante porque cuando se trata de crímenes de Estado es muy difícil llegar a la verdad”, dijo López Obrador vestido con una camiseta con la leyenda: “Ayotzinapa, 5 años; yo por la verdad”.

El subsecretario de Derechos Humanos del ministerio de Interior, Alejandro Encinas, dijo por su lado que estos hechos, ocurridos en la presidencia de Enrique Peña Nieto, están siendo reinvestigados como una “desaparición forzada cometida por agentes del Estado mexicano”.

La noche del 26 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa fueron a Iguala, los dos ubicados en el sureño estado de Guerrero, para apoderarse de autobuses que utilizarían para sus manifestaciones.

Pero fueron capturados por policías coludidos con el cártel de drogas Guerreros Unidos, y desde entonces se desconoce el paradero de 43 de ellos, en un caso que desató indignación mundial.

López Obrador ha creado una Comisión de la Verdad para el caso, mientras la fiscalía general se comprometió a reiniciar la investigación “casi desde cero”.

A la espera de conocerse el destino de los jóvenes, la justicia mexicana ha liberado a 77 detenidos de la investigación original y cuyos testimonios fueron obtenidos bajo torturas.

Con información de EFE y AFP