El 21 de agosto de 2009 el asesinato de un destacado estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) conmocionó a la opinión pública: Rubén Romero Reverte Escalante había obtenido a los 20 años la medalla al mérito académico Gabino Barreda, que se entrega a personalidades destacadas dentro de la comunidad académica.
Su cuerpo apareció ese día en el cruce de las calles Jacarandas y Pensamiento, en la alcaldía de Coyoacán, en Ciudad de México. Su estómago presentaba huellas de haber sido cortado en pedazos, tenía alteraciones viscerales, el cadáver presentaba golpes en todas partes, así como en la cabeza.
La crueldad con la que fue asesinado en joven sorprendió a las mismas autoridades, pero más aún que una mujer de la misma edad llamada Leslie Madelin Arellanes Arredón, que se identificó como su amiga, se presentó a reclamar el cuerpo porque presuntamente no tenía familia y quería encargarse de su funeral.
La irrupción de la joven en la escena y la ausencia de familiares cercanos de Rubén llevó a las autoridades a abrir una línea de investigación y al poco tiempo descubrieron que el estudiante asesinado tenía cinco seguros de vida que en total daban a su beneficiario 32 millones de pesos mexicanos (USD 1.6 millones) en caso de que muriera.
Los beneficiarios
Cuando investigadores de la Procuraduría de Justicia descubrieron que los jóvenes tenías más de cinco años de conocerse y que realmente lo suyo no era una amistad sino una relación de pareja.
Cuando empezaron a contactar a las empresas de seguros, fueron informados que Leslie, su madre y su abuela habían empezado los trámites para cobrar todas las pólizas.
Rubén era un joven que no tenía familia y vivía con las tres mujeres. Sus padres se había divorciado y él decidió vivir con su madre, quien falleció en 2006, después empezó a trabajar como maestro de matemáticas y dando clases de preparación para el examen de ingreso al bachillerato y a la universidad.
Cuando murió su madre, se fue a vivir con las tres mujeres a pesar de que le sobrevivían su padre y un hermano.
Cuando el caso se hizo mediático, apareció la familia perdida del joven y empezaron a fortalecerse las evidencias sobre las tres mujeres.
Leslie, su madre Roxana Lizbeth Arredón Argüello, entonces de 46 años, y su abuela, Emma Argüello Jurado, de 80 años, llamadas entonces las "viudas negras" fueron detenidas y sentenciadas a 35 años de cárcel por el asesinato del joven así como a pagar una compensación superior a los 40 mil pesos a la familia.
En breves declaraciones a la prensa, la abuela aseguró que Rubén había comprado cinco seguros porque estaba próximo a realizar un viaje y así se lo había solicitado la aerolínea, pero también se quejó de las empresas aseguradoras porque habían puesto "muchas trabas" a las tres mujeres para cobrar el dinero de las pólizas.
El caso volvió a ser noticia en 2017, cuando las "viudas negras" interpusieron un amparo argumentando que durante su detención fueron arraigadas ilegalmente, ya que las autoridades locales no tenían facultades para retenerlas bajo esta figura, por lo tanto, las pruebas en su contra carecían de validez. Su petición para que la sentencia fuera revocada llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin embargo, el recurso fue rechazado.