Autoridades venezolanas entregaron una sentencia a la fiscalía mexicana para que Nicolás Maduro sea detenido en cuanto entre al país

El magistrado explicó los fundamentos para detener al presidente de Venezuela

Rommel Rafael Gil, magistrado del Tribunal Supremo de Venezuela, entregó a la Fiscalía de México un anexo de la sentencia iniciada contra el presidente Nicolás Maduro, acusado por los delitos de corrupción y legitimación de capitales, para que cuando pise territorio mexicano sea detenido.

La sentencia fue entregada luego de que hace unos días el futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en la ceremonia donde formalmente tomará posesión uno de sus invitados principales será Nicolás Maduro, bajo el argumento de que en el país "somos amigos de todos los pueblos y de todos los gobiernos del mundo".

Felipe Calderón, presidente que antecedió a Enrique Peña Nieto, fue una de las voces que protestó tras emitirse el anuncio; el ex mandatario pidió que por "dignidad de México, solidaridad con los venezolanos y empatía con los valores democráticos, debe retirársele la invitación al dictaror Nicolás Maduro".

Esta mañana, afuera de la entrada principal de la Procuraduría General de la República (PGR), el magistrado Rommel Gil explicó las razones por las que se presentó personalmente ante las autoridades mexicanas para "rendir cuentas al pueblo de Venezuela" y no quedarse con los brazos cruzados:

Rommel Gil mencionó que la raíz de la acusación se remonta a principios de este año, cuando el Ministerio Público de Venezuela, que también tuvo que salir perseguido por el gobierno de actual presidente, presentó en la ciudad de Bogotá una denuncia con "causas suficientes" para iniciar un proceso legal en contra de Nicolás Maduro. La votación a favor fue contundente, con 105 votos positivos y sólo dos en contra.

El Tribunal Supremo de Justicia publicó el veredicto el 29 de octubre y declaró que Nicolás Maduro Moros fue sentenciado a 18 años y tres meses de prisión, además de que se le impuso una multa de USD 25 millones y la orden de reponer al patrimonio de la República la cantidad de USD 35 mil millones.

Además del crimen de corrupción, Maduro fue acusado por el delito de "legitimación de capitales'', lo cual quiere decir que recibió fondos para el pueblo y los disfrazó de "legítimos" mediante un proceso de lavado de dinero.

Gill pidió recordar que las imputaciones están relacionadas con el caso de la constructora brasileña Odebrecht, donde "más de trece obras importantes en Venezuela, estamos hablando de 2.5 billones de dólares, se pagaron con "B" de barbaridad y nunca se hicieron'', refirió Rommel Gil.

El magistrado mencionó los puentes que se iban a colocar en los lagos de Maracaibo y el río Orinoco, entre otros proyectos ferrocarrileros, como ejemplo de obras que nunca se llevaron a cabo. En consecuencia, explicó, al estar ligadas estas acciones con otros países se incurrió en un delito que traspasó las fronteras y se volvió un crimen transnacional.

Informó que este juicio penal puede apelarse a través de la Convención de Palermo, un tratado multilateral patrocinado por la ONU que en su segundo y tercer artículos establece que cuando un delito es cometido en dos o más países se pone en ejecución la ley transnacional, ya que una persona no puede cometer delito en un país y ser inocente en otro.

"Con el caso Odebrecht, se ha repetido este delito en varios países, entre esos vemos a Perú, donde un presidente democrático renunció por una investigación que se le está cursando por 13 millones de dólares y no 2.5 billones, como es el caso de Venezuela", explicó Rommel Gill en una entrevista con el diario La Estrella de Panamá.

A pregunta expresa de si tiene miedo de presentar esta denuncia, el funcionario Venezolano citó la frase del revolucionario mexicano Emiliano Zapata: "Es mejor morir de pie que vivir de rodillas".

Sobre las posibilidades de que el gobierno mexicano detenga a Maduro cuando venga a la toma de posesión de López Obrador, el magistrado dijo que independientemente del resultado ellos se presentaron para rendirle cuentas a la gente de su país, en donde un partido político armado "tiene secuestrado al 85 por ciento de la población".

Rommel Rafael Gil Pino es uno de los 25 magistrados que huyeron de Venezuela en 2017 y que tuvieron que continuar ejerciendo sus funciones en calidad de exiliados en distinos países como Estados Unidos, Chile, Colombia y Panamá.

"Es muy común en Venezuela que todo aquel el que levante la voz, y que tenga un pensamiento diferente al del gobierno, sea perseguido. Venezuela siempre se caracterizó por ser un país que exportaba petróleo y democracia para el mundo, hoy en dia exportamos personas hambrientas", sentenció. 

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