Naciones Unidas advirtió que el mundo ha entrado en una etapa de bancarrota hídrica, con pérdidas irreversibles en ríos, acuíferos, glaciares y humedales. Más de cuatro mil millones de personas sufren escasez severa de agua al menos un mes cada año, y el 75% de la población mundial vive en países con inseguridad hídrica o condiciones críticas, según el Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-INWEH).
La bancarrota hídrica es un estado sistémico en el que la extracción de agua excede de manera permanente la recarga natural, lo que provoca la pérdida definitiva del capital natural vinculado al agua. A diferencia del estrés o la crisis hídrica, este colapso impide que las regiones recuperen sus niveles históricos de abastecimiento.
Las cifras muestran la magnitud de la crisis. Reuters informó que 170 millones de hectáreas de cultivos irrigados —una superficie mayor a la de Irán— enfrentan altos niveles de estrés hídrico. La degradación de suelos y el agotamiento de acuíferos, junto con el cambio climático, generan daños económicos anuales superiores a USD 300.000 millones.
En cinco décadas, la Universidad de las Naciones Unidas registró la pérdida de 410 millones de hectáreas de humedales y un descenso persistente en el 70% de los principales acuíferos. Tres mil millones de personas y más de la mitad de la producción alimentaria mundial dependen de zonas donde el almacenamiento hídrico es inestable o disminuye.
Las causas principales son la sobreexplotación de acuíferos y fuentes superficiales, impulsada por demandas agrícolas, industriales y urbanas que superan los límites sostenibles. A esto se suman la contaminación, el cambio climático, la expansión agrícola y la deforestación. Políticas inadecuadas y el crecimiento demográfico desigual amplifican la presión sobre sistemas hídricos agotados.
Kaveh Madani, director del instituto, advirtió: “Muchas regiones están viviendo por encima de sus posibilidades hídricas y muchos sistemas críticos ya están en bancarrota”.
Las consecuencias afectan directamente la seguridad alimentaria, los desplazamientos y el riesgo de conflicto. Mil millones de personas habitan suelos que se hunden por el agotamiento de acuíferos, mientras 2.200 millones carecen de acceso seguro al agua potable. El deterioro económico, la migración, la pérdida de biodiversidad y el empeoramiento de las condiciones de vida golpean especialmente a comunidades vulnerables.
Tshilidzi Marwala, rector del organismo, subrayó: “La bancarrota hídrica se ha convertido en motor de fragilidad, desplazamiento y conflicto”. Destacó la necesidad de proteger a los colectivos más afectados y repartir las pérdidas con justicia.
El epicentro de la crisis se ubica en Oriente Medio y el Norte de África, donde confluyen alto estrés hídrico, baja productividad agrícola y economías políticas complejas. El sur de Asia enfrenta descensos crónicos de los niveles freáticos y episodios de subsidencia por la agricultura y urbanización dependientes del agua subterránea. En el suroeste de Estados Unidos, el río Colorado y sus embalses son ejemplos de recursos sobreasignados. Docenas de ríos ya no llegan al mar durante buena parte del año y muchas cuencas y acuíferos presentan déficits desde hace más de cincuenta años.
El informe de la Universidad de las Naciones Unidas reclama un cambio estructural en la agenda internacional. Propone dejar atrás la gestión reactiva para adoptar una administración adaptada a la bancarrota hídrica, con nuevas prioridades: evitar daños irreversibles como la desaparición de humedales, redefinir derechos y expectativas según la capacidad real de los sistemas, y transformar sectores intensivos como la agricultura y la industria.
Plantea también la necesidad de instituciones capaces de adaptarse y monitorear umbrales críticos, integrando estos esfuerzos a la política internacional y los compromisos climáticos.
La equidad y la cooperación internacional se vuelven principios esenciales. La Universidad de las Naciones Unidas advierte que la gestión y el acceso al agua tienen profundas implicancias sociales y políticas. Las cargas recaen en agricultores familiares, pueblos indígenas, habitantes urbanos de bajos recursos, mujeres y jóvenes, mientras los beneficios del uso excesivo se concentran en actores con mayor poder. Reuters remarca que el crecimiento demográfico desigual sigue sin recibir la atención adecuada en los debates globales.
Reconocer la bancarrota hídrica implica decisiones difíciles para proteger a las personas, las economías y los ecosistemas. Según la Universidad de las Naciones Unidas, posponer medidas solo agrava el déficit y profundiza la emergencia.