El giro en la política antidrogas

Dijo Gupta a la salida de la reunión con el gobierno colombiano: “Pienso que es importante que haya una oportunidad para que ambas naciones discutan cuál es el plan. Sabemos que con el acuerdo con las Farc hubo limitaciones que se abordaron con respeto mutuo. Esto nos da una oportunidad para tener nuevamente conversaciones. Es importante asegurarnos que el Departamento de Justicia y otras entidades estén incluidas.

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El giro no es de poca monta. Petro habla de limitar la extradición; abolir la aspersión aérea con glifosato; revivir el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), con su política de sustitución voluntaria y concertada con los campesinos; y generar un ambicioso programa de desarrollo agrario para los cultivadores de hoja de coca con verdaderas soluciones sociales a las angustias de los labriegos.

El argumento de fondo es que la persecución a las drogas tal como la concibió y la ejecutó Estados Unidos con la colaboración abierta de los sucesivos gobiernos colombianos durante cuarenta años ha fracasado. Una demostración palmaria son los resultados del gobierno de Iván Duque. A pesar de las altisonantes proclamas de Duque contra las drogas, la producción y exportación de cocaína dio un salto en su gobierno.

Duque se fue lanza en ristre contra Juan Manuel Santos y le dijo que el acuerdo de paz con las FARC había propiciado el crecimiento de los cultivos de coca y de la producción de cocaína. Atacó punto por punto los acuerdos de la Habana que contenían varias de las ideas que ahora esboza Petro. Se fue a Washington y, sin que nadie le preguntará, ofreció echar al suelo lo pactado con la guerrilla.

Fue tirar una piedra al aire para que le cayera en su cabeza. La cocaína creció a pesar de que los cultivos de coca disminuyeron levemente por una persecución brutal a los campesinos cocaleros. La bofetada la pegó la Casa Blanca en junio de 2021 con el anuncio de que la exportación de cocaína de Colombia hacia los Estados Unidos había crecido en un quince por ciento.

La idea de ofrecer una política de sometimiento o acogimiento a la justicia a las mafias del narcotráfico con incentivos judiciales que incluyan la no extradición para quienes se entreguen y dejen de verdad toda su participación en los negocios ilícitos, es una buena idea y lo es más si se hace en concertación con los Estados Unidos.

Pero Gustavo Petro y su gobierno saben que esa medida generosa no basta. Es obligatorio complementar esta política con dos estrategias: una persecución sin tregua a los narcotraficantes que se mantengan en los negocios, incluidos aquellos que en territorio norteamericano se llevan el grueso de las ganancias difundiendo la droga en las ciudades de ese país; y un ataque frontal a la relación de las mafias con políticos, empresarios y sectores de la Fuerza Pública.

Y ahí empiezan las enormes dificultades para la lucha contra las mafias. Las autoridades norteamericanas no son muy eficientes en la persecución a sus propios nacionales que participan en los eslabones finales de la cadena del narcotráfico. Y fuerzas poderosas en nuestro país se atraviesan siempre en el camino de la lucha por deshacer los vínculos entre encopetados miembros de las élites nacionales y las mafias.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, para defender a los parapolíticos, incluido su primo Mario Uribe, desató una persecución sin precedentes contra las cortes y para nadie es un secreto el silencio que acompaña a los pactos recurrentes entre generales y coroneles con poderosos narcotraficantes o las presiones que surgen cuando algún empresario es descubierto en tratos con ilegales.

En todo caso, mientras se encuentra un camino para la legalización de las drogas mediante un pacto internacional que incluya a los poderosos países consumidores, la política de frenar el avance del narcotráfico acudiendo al sometimiento a la justicia y a un ambicioso programa de sustitución de cultivos, es una maravillosa idea.