Sigue el exterminio de líderes sociales: asesinaron al expresidente de una Junta de Acción Comunal en Tolima

De esta manera se llega a la escabrosa cifra de 94 homicidios, en lo que va del 2022, de personas que trabajan por sus comunidades o en la defensa de los Derechos Humanos

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Otra de las razones del descontento social en Colombia ha sido la ausencia de políticas efectivas para proteger la vida de los líderes sociales en el país. Foto: EFE/Alberto Valdés/Archivo

No cesan los crímenes de líderes sociales en Colombia, donde se llegó a la indignante cifra de 94 homicidios de esta personas que trabajan por sus comunidades o por la defensa de los Derechos Humanos en Colombia, el más reciente fue el de Libardo Perdomo Molano, expresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Agustín del municipio de Planadas (Tolima) en el centro del país.

En el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmaron que Perdomo Molano fue asesinado el pasado miércoles 29 de junio por hombres armados en la mencionada población tolimense, donde hay preocupación por el incremento de las muertes violentas, ya que la semana pasada también habían sido ultimados dos ciudadanos provenientes de Venezuela.

Entre tanto en el periódico regional El Nuevo Día informaron que inicialmente las autoridades no habían podido identificar al líder social, pues no hallaron su identificación tras ubicar su cuerpo sin vida que, además, evidenciaba signos de violencia.

En el diario tolimense también consultaron con el personero municipal, Ridier Rojas Rojas, quien rechazó lo ocurrido y aseguró que era una pérdida para Planadas.

“Estamos viviendo un momento muy triste por el asesinato de este líder, quien siempre lideró todos los procesos de desarrollo de este sector que limita con el departamento del Huila. Hacemos el llamado a las autoridades judiciales para que investiguen los hechos de cómo ocurrió esta muerte del líder de la comunidad”, expresó.

El funcionario también alertó por la presencia de nuevos grupos armados ilegales que estarían afectando el orden público en las poblaciones de esa zona de Tolima.

“Tenemos nuevos actores del conflicto, aquellos grupos que no se acogieron al proceso de paz y que se conocen como disidencias de las Farc, aunque no se han confirmado que sean los responsables de los recientes homicidios”, agregó.

Este sería el segundo caso de un líder social asesinado durante la semana pasada en el país luego de que se confirmara el homicidio de Carlos Alberto Hernández, uno de los diputados de Arauca, en la región de los Llanos Orientales, el pasado jueves 30 de junio.

Precisamente, la gobernadora de ese departamento, Indira Luz Barrios, ofreció una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita dar con los responsables del asesinato del líder social y funcionario.

“Rechazamos rotundamente estas acciones violentas en contra de la población civil, de dirigentes políticos, la cual debe ser excluida de estos actos violentos de los derechos humanos y que alteran la tranquilidad de los ciudadanos del pueblo araucano”, expreso la mandataria regional.

Según se ha conocido, el político actualmente era candidato a la Gobernación del departamento y, afirmó el Partido Liberal a Noticias RCN, que había recibido amenazas de grupos criminales por hacer campaña en primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Hernández vivía junto a su pareja y sus dos hijas, de 11 y 18 años.

Además, gracias a su labor de varios años por el departamento, el líder social también era el primer vicepresidente de la duma departamental y miembro del Consejo Directivo de Confadicol (Confederacion Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia).

El medio regional Prensa Libre Casanare señaló que el diputado iba camino a Arauca, capital del departamento, y señalaron que, a pesar de tener asignado un esquema de seguridad por la Unidad Nacional de Protección, el hombre iba sin escoltas el día de su asesinato. Todavía ningún grupo criminal se atribuye la muerte del diputado, ni las autoridades se han pronunciado; sin embargo, se sabe que en esa zona del país delinquen el Bloque de Guerra Oriental del Eln y las disidencias de las Farc.

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