Ministro de Defensa tendrá qué explicar en qué se gastó la Policía 8 millones de dólares donados por EE.UU.

Diego Molano perdió una tutela interpuesta por la ONG Temblores y deberá aportar pruebas y otro material qué aclare cuál fue el destino de la inversión

Molano, a responder preguntas sobre donación de EE. UU. a la Policía. Foto: (Colprensa - Camila Díaz)
Molano, a responder preguntas sobre donación de EE. UU. a la Policía. Foto: (Colprensa - Camila Díaz)

El ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, deberá explicar en qué se gastaron los ocho millones de dólares que la nación estadounidense donó para la Policía Nacional. Así lo definió recientemente un fallo del Juzgado 53 penal de Bogotá al responder una tutela que interpuso la ONG Temblores.

La acción judicial de la organización no gubernamental se dio porque el MinDefensa respondió de manera escueta un derecho de petición donde se le solicitaba explicar en qué se gastaría esa millonaria suma de dinero. Los argumentos de la cartera no fueron suficientes para la oenegé y tampoco para el juzgado capitalino que falló a favor de Temblores y por eso decretó que en menos de 48 horas, Molano entregue:

“Respuesta clara, precisa, consonante y de fondo, a la petición elevada por los accionantes el 3 de mayo de 2022, la cual deberá notificarles en debida forma”, señalan los togados bogotanos.

El tribunal, además, le solicitó al ministro Molano que en ese lapso de tiempo informe “de manera detallada, cuál es la destinación que la Policía Nacional de Colombia le dará a dichos recursos y aportar las pruebas que sustentan esta respuesta”, agregó.

Así mismo, se le ordenó al funcionario “aportar copias de los planes de ejecución de dichos recursos”. Inclusive, Diego Molano se tendrá que retractar por asegurar que el dinero que envió el gobierno de Joe Biden no estaba “condicionado”, tal y como lo afirmó en la respuesta a Temblores en el derecho de petición.

Cabe recordar que ese monto sí tenía condiciones, tal y como lo afirmó el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg, quien desmintió al ministro de Iván Duque y recordó que los uniformados de la Policía debían cumplir con ciertos estándares. La oenegé, por su parte, reaccionó.

“Ante la respuesta que recibimos del ministerio de Defensa, el juez resolvió que esta “continúa vulnerando nuestro derecho de petición” pues no informó detalladamente la destinación que dicha institución le dará a los recursos, ni el periodo de tiempo de ejecución de los mismos”, dijo Temblores.

El juzgado, además, también cuestionó la respuesta sobre los destinos de la plata que entregó el Gobierno en representación, en este caso, de el viceministro para la Estrategia y Planeación, Jairo García Guerrero. “A pesar de que durante este trámite tuitivo, el Ministerio de Defensa dio respuesta a la parte promotora, continúa vulnerando su derecho de petición”, reza la contestación de los jueces.

Sobre el dinero

El pasado 8 de febrero la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, Victoria Nuland, anunció un aporte de $8 millones de dólares por parte del gobierno de EE. UU. destinado al fortalecimiento de la Policía Nacional de Colombia, especialmente en materia de derechos humanos.

Así lo informó la funcionaria del Gobierno de los Estados Unidos durante una reunión con el presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en la que se abordaron diferentes temas como la protección al medio ambiente, los avances en vacunación y el apoyo a los migrantes.

“Me complace sobre manera una contribución adicional de $8 millones de dólares de los Estados Unidos a Colombia para fortalecer a la Policía Nacional, especialmente en materia de derechos humanos, formación de oficiales y la investigación de cualquier forma de corrupción en el país”, indicó la subsecretaria Nuland durante su intervención.

Por su parte, el primer mandatario agradeció este importante aporte para la fuerza pública, señalando que es una contribución para avanzar en el proceso de profesionalización de los miembros de la institución, “formación, capacitación y protección indeclinable de los derechos humanos”, por la cual fue duramente cuestionada durante las manifestaciones sociales del año anterior.

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