Hace ya dos semanas destituyeron a Daniel Quintero de su cargo como alcalde de Medellín por una presunta participación en política. Ante esta acción de la Procuraduría, el exmandatario llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas cautelares, esto, con el fin de que esta entidad proteja sus intereses, ya que considera ilegal la suspensión provisional. El documento está firmado por el abogado Carlos Rodríguez Mejía.
Infobae Colombia obtuvo acceso al documento que Quintero presentó a dicha entidad, que cuenta con 43 páginas en las que se adjuntan varias amenazas en su contra, desde panfletos hasta comentarios a través de las redes sociales, y una serie de peticiones. El exmandatario solicitó que se declare la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la violación de los derechos señalados en el capítulo de ‘consideraciones’.
En dicho apartado se mencionó que: “la suspensión de sus funciones proviene de una autoridad administrativa revestida de funciones jurisdiccionales, pero no de una autoridad judicial penal independiente e imparcial”, esto hace referencia a la decisión que tomó la Procuraduría General de la Nación, que, según Quintero, no tiene la facultad para tomar esa decisión.
Quintero también espera que: “se le ordene al Estado colombiano cesar en las violaciones y ofrecer garantías de no repetición que incluyan las modificaciones legislativas que correspondan de conformidad con el artículo 2 de la Convención Americana”.
Y agregó que: “de conformidad con el artículo 63 de la Convención Americana, ordene la reparación. Valga decir, la restitutio in integrum y la eliminación en lo posible de todas las consecuencias del hecho ilícito internacional imputable al Estado colombiano”.
Una de las principales garantías que solicitó la defensa de Quintero ante el organismo internacional es evitar la destitución definitiva de la Alcaldía de Medellín y también mantener activo el esquema de protección para asegurar su vida en medio del proceso que enfrenta.
El apartado 9 especifica que: “En relación con el derecho a la vida y a la integridad personal de Quintero Calle y su familia se pida al Estado colombiano que dote a las víctimas mencionadas en esta denuncia (su núcleo familiar) de la protección que corresponda para evitar un daño irreparable de estos derechos”.
Hay que tener en cuenta que en febrero de este año el político antioqueño ya había puesto en conocimiento de la CIDH las constantes amenazas que ha recibido y que podrían poner en riesgo su integridad física y la de su grupo familiar.
Hace unos días Quintero confesó que: “Es una pena que para defender la democracia tengamos que salir del país. En Colombia se ha roto el curso constitucional. Desde febrero advertí a CIDH que el camino democrático del uribismo se había agotado y que ahora daban pasos hacia el totalitarismo”.
Uno de los ítems del documento explica que desde el hace cuatro años el alcalde Quintero ha recibido continuas amenazas contra su vida. “En febrero de 2020, Directivos Sindicales de UNE EPM Telecomunicaciones recibieron amenazas de un grupo autodenominado ‘Por un Medellín sin Insectos’, en el cuál señalaron que ‘ni el alcaldito que puso Petro y Santos los van a salvar’. Este panfleto y otras informaciones compartidas en las redes sociales llevaron a que el Jefe de Esquema de Seguridad del señor informará de la situación al Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales Meval del Ministerio de Defensa Nacional”, se puede leer en el apartado 22.
Además, detalla que sobre finales del 2020 circuló un video en redes sociales en el que se mostraba el barrio y, específicamente, la casa donde Quintero se encontraba viviendo con su familia. El abogado Rodríguez explicó en dicho documento que esto “demuestra la persecución de la que son víctimas, sin que las autoridades hayan tomado acciones para garantizar sus derechos a la vida e integridad”.
Aquí el documento completo:
Hasta la fecha, la CIDH se ha mantenido al margen sobre las peticiones que Quintero le solicitó. Lo único que se conoce, según informó el alcalde suspendido, es que desde la entidad se le avisó que se le dará una respuesta urgente a sus pedidos.
Frente a esto, Quintero dijo que: “Los tiempos de la CIDH están reglados, nos han pedido información adicional urgente para poder actuar de forma rápida. Ya la Comisión está alertada de lo que está pasando y han observado con preocupación lo que se ha venido desenvolviendo en los últimos días en Colombia”.
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