Fiscalía explicó las medidas que tomó ante las amenazas en contra la funcionaria Angélica Monsalve

Fue el pasado 4 de abril cuando la Fiscalía General de la Nación recibió las denuncias sobre las amenazas que se estaban realizando en contra de Angélica Monsalve. En un comunicado de prensa divulgado el pasado 6 de abril, el organismo enlistó cuáles son las medidas que se han tomado para proteger la vida de la fiscal delegada ante Jueces de Circuito de la Dirección Seccional de Bogotá. “En virtud de las presuntas amenazas, la Fiscalía General de la Nación procedió, en forma inmediata, a adelantar las siguientes acciones”, se le en el comunicado.

Inicialmente, explicó el organismo, a Angélica María Monsalve se le contactó de manera telefónica para advertirle de lo que estaba ocurriendo. Fue la vicefiscal general de la Nación, Marta Mancera, quien le avisó que, supuestamente, una banda criminal estaba orquestando un plan para asesinarla. Posterior a ello, argumenta el ente, se hizo apertura a un proceso de investigación para esclarecer lo denunciado. Para esta indagación se solicitó la participación de un fiscal de la Dirección Especializada contra a Violación de Derechos Humanos y un equipo de la Policía Judicial integrado por miembros del CTI y de la Policía Nacional.

A esto se sumó la solicitud de la Dirección de la Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación. Desde allí, se realizó una evaluación técnica de amenaza y riesgo sobre la víctima. “La Dirección de Protección y Asistencia de la FGN, en cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 148 de la Resolución 1006 del 26 de marzo del 2016, le asignó a la servidora un esquema de seguridad personal y de instalaciones, con el propósito de garantizar su vida e integridad personal”, se lee en el documento.

Fue el 5 de abril cuando, en reunión entre el Director de Protección y Asistencia de la Fiscalía y Angélica Monsalve, cuando se le pidió a la víctima su consentimiento para iniciar la evaluación de amenaza y riesgo, tal y como lo ordena la Ley 1581 del 2012 de Protección de Datos. Según destacó la Fiscalía, Monsalve no dio su consentimiento para aquel proceso, sin embargo, se destaca, no se le ha quitado el esquema de seguridad con el que desde hace tiempo cuenta. Se reveló, además, que no se han implementado las medidas contempladas en la resolución 1006 de 2016, en sus artículos 155 y 156, los correspondientes a cambio de lugar de trabajo y reasignación del proceso.

En una entrevista con W Radio, en la mañana del miércoles 6 de abril, Angélica María Monsalve destacó que “tendría que firmarles un documento para autorizarles un estudio de seguridad, que arroja una evaluación, es como si les diera un cheque en blanco al señor fiscal o al director de Protección (...)”

Monsalve advierte que el riesgo de aceptar esta protección está marcada en el artículo 155 de la resolución 1006 de 2016 de la Fiscalía General de la Nación que dice: “en caso de que el riesgo sea extraordinario, se hará un cambio de domicilio, el cual se entiende como el cambio de lugar de trabajo del servidor ubicado en el interior de la Fiscalía General de la Nación, hacía otro lugar del país, alejado de la zona de riesgo”.

“si alguien me quiere hacer daño, no voy a responsabilizar a nadie, ya sabemos quiénes son los indiciados, quiénes fueron los que ejercieron el tráfico de influencias para obstruir esa justicia, entonces si alguien me quisiera hacer daño pudiesen ser esas personas que están calificadas y señaladas por mí y que se han sentido ofendidas por mis declaraciones. Sin embargo, no me siento amenazada por estas personas tampoco”, añadió.

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