Asesinan a un noveno excombatiente de las Farc durante este año, Jhon Kennedy Vargas Aros

El excombatiente se encontraba realizando su proceso de reincorporación en el departamento del Huila

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En agosto de 2019 la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 035-19, donde advertía que el municipio huilense es de un alto riesgo para los excombatientes, por presencia de grupos armados que amenazan la seguridad de este grupo, al igual que líderes sociales y de personas defensoras de derechos humanos. Foto: Colprensa - Camila Díaz
En agosto de 2019 la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 035-19, donde advertía que el municipio huilense es de un alto riesgo para los excombatientes, por presencia de grupos armados que amenazan la seguridad de este grupo, al igual que líderes sociales y de personas defensoras de derechos humanos. Foto: Colprensa - Camila Díaz

En el barrio Los Pinos del municipio de Pitalito, Huila, fue asesinado el firmante del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc en 2016, Jhon Kennedy Vargas Aros de 37 años de edad. El hecho ocurrió a las 8 de la noche del pasado lunes 14 de marzo.

Su asesinato es el noveno ejecutado contra los firmantes de paz durante 2022 y el 308 desde su firma, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). El ex combatiente nacido en San Vicente del Caguán, se movilizaba por la zona en su vehículo particular, cuando hombres armados lo abordaron y le dispararon en repetidas ocasiones mientras conducía.

Vargas Aros actualmente se encontraba realizando su proceso de reincorporación en el departamento del Huila y aunque, alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, falleció producto de las heridas. La primera autoridad en pronunciarse fue el alcalde de Pitalito, Edgar Muñoz quien dijo, “hasta el momento no hay capturas, las autoridades están recolectando información. Esta persona residía en el sector de Las Acacias, sector popular de nuestra ciudad”, dijo.

Por su parte, desde la Corporación Nacional de Reincorporación Comunes, se emitió un comunicado en el que dicen “este asesinato se suma a los hechos de violencia contra firmantes de paz que se agudiza en el sur del país, truncando sueños familiares, comunitarios y de paz en el país”.

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En agosto de 2019 la Defensoría del Pueblo, había emitido la Alerta Temprana 035-19, donde advertía que el municipio huilense es de un alto riesgo para los excombatientes, por presencia de grupos armados que amenazan la seguridad de este grupo, al igual que líderes sociales y de personas defensoras de derechos humanos.

Luego de la firma del Acuerdo de Paz en esta zona se reacomodaron otros grupos armados ilegales o las disidencias de la misma guerrilla, “la estigmatización de la población excombatiente y el desconocimiento de la población en proceso de reincorporación”, son las principales razones de la violencia contra la población desmovilizada, según la entidad del Ministerio Público.

En la misma Alerta Temprana, la Defensoría le había solicitado a la Unidad Nacional de Protección (UNP), implementar acciones pedagógicas en los municipios y departamentos, donde hay presencia de miembros del Partido Comunes, definidas en acciones específicas de evaluación de posibles riesgos que se ciernan de manera individual y colectiva sobre los excombatientes de las Farc.

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El último informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia (25 de septiembre al 27 de diciembre de 2021), revela que después de cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, la violencia contra excombatientes sigue siendo la mayor amenaza para su transición a la vida civil.

El documento revela que la violencia contra los líderes sociales, excombatientes, y comunidades se ha concentrado principalmente en 30 municipios, la mayor parte de ellos priorizados para la implementación del Acuerdo. “Si bien los asesinatos de excombatientes han disminuido en un 27% en el último año (2021), la Misión ha podido confirmar una tendencia creciente de amenazas por parte de grupos armados ilegales contra los que participan en iniciativas colectivas, afectando sus proyectos productivos y cooperativa”, destaca el informe.

De hecho, de acuerdo con los datos que posee la Misión de Verificación, casi el 59% de los más de 13.000 excombatientes, incluyendo el 64% de las mujeres excombatientes, participan en proyectos productivos. “Colombia está demostrando el valor de invertir en la paz y sirviendo al mismo tiempo de ejemplo de que se puede poner fin a los conflictos violentos a través del diálogo y que las sociedades pueden sanar las heridas de la guerra y ofrecer oportunidades de desarrollo a quienes más las necesitan”, concluye el último informe de la ONU.

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