La Defensoría del Pueblo de Colombia hizo un llamado este viernes 4 de febrero a la consolidación de un reporte unificado de personas desaparecidas en el país y a mejorar los mecanismos de coordinación institucional para brindarles un respuesta efectiva a los familiares de personas dadas por desaparecidas en el territorio nacional.
Así lo recomendó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante la presentación del ‘Informe Defensorial Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y Estatuto Jurídico de las Personas Desaparecidas (EJPD), que contó con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, en el que se evidencia la necesidad de mejorar la atención que reciben las víctimas de este delito.
“Hay que mejorar la coordinación interinstitucional, fortalecer el conocimiento y la capacitación de los funcionarios que atienden a los familiares de las personas desaparecidas y, sobre todo, entender que la labor de búsqueda de los desaparecidos es una obligación que alivia el sufrimiento humano”, señaló el funcionario en el evento.
Asimismo, el informe demostró la necesidad de cambiar la manera en la que se reciben y se investigan estos casos de desaparición, algunos de los cuales están vinculados con uno de los delitos con mayor impacto durante el conflicto armado, el cual es considerado como un crimen de lesa humanidad, con lo que resulta fundamental que las denuncias sean atendidas siempre con vocación a la eficiencia del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU).
De igual forma, sugiere formular lineamientos y políticas que garanticen que la respuesta estatal sea integral y compresiva e invitó a realizar reuniones periódicas de seguimiento del MBU, con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Consejo Superior de la Judicatura, se invite al CICR, y se trabaje con el Sistema Nacional de Derechos Humanos.
“Consideramos que es necesario que el país cuente con un reporte unificado de cifras, para evitar que se creen vacíos de información y brindar una respuesta institucional efectiva, que con políticas públicas integrales permita cumplir con la garantía de los derechos humanos de los desaparecidos y sus familias”, señaló el defensor del Pueblo.
En ese sentido, la Defensoría señaló que entre 2017 y 2021, periodo posterior a la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, se reportaron 16.361 personas como desaparecidas, de las cuales 10.362 corresponderían a hombres y 5.999 a mujeres, de los cuales se presume que el 20 % corresponderían a casos de desaparición forzada, según cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Dentro de las regiones donde más denuncias de desaparición forzada se encuentran Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Meta y Norte de Santander, la mayoría de estos casos corresponderían a desaparición forzada en el marco del conflicto interno.
Por su parte, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), que administra el Registro Único de Víctimas (RUV), ha registrado desde su creación en 2011 hasta agosto de 2021 un total de 50.522 víctimas directas de desaparición forzada y 136.565 de víctimas indirectas que corresponden a familiares, cifras que contrastan con las 82.998 recogidas por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) entre 1958 y 2017.
“No es posible que en muchos casos los familiares de las personas desaparecidas sean los que tengan que asumir la búsqueda con sus propios medios y riesgo, desconociendo las normas que los protegen, sin apoyo jurídico ni económico y, además, enfrentando la indiferencia de algunos funcionarios. Un objetivo de este documento es sentar las bases para que esto cambie y sepan que no están solas en tan dolorosa situación”, concluyó el defensor Camargo.
SEGUIR LEYENDO: