El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa confirmó que la entidad logró desarticular a la organización conocida como Los Mexicanos, acusada de cometer homicidios, extorsiones, tráfico de estupefacientes y desplazamientos en Quibdó. Según informó, hay evidencia de que la misma tendría una alianza con el frente de guerra occidental del Ejército de Licitación Nacional (ELN).
Con ese prontuario, la Fiscalía resolvió organizar un operativo a través del CTI, y en una labor conjunta con el Gaula Militar, logró captura de 23 personas acusadas de ser integrantes de ese grupo ilegal, siete de ellos notificados en centros carcelarios donde permanecen privados de la libertad por otros procesos.
Entre los detenidos están el señalado cabecilla, alias Zety; el secretario de Hacienda de Chocó, Willington Vidal Rojas; y un técnico en carrera administrativa de la Gobernación, Carlos Andrés Ramos Murillo.
“Este es un resultado contundente. Es una de las intervenciones contra el crimen organizado en Choco y en Quibdó más importantes. Esta es la cuarta visita que hago al departamento de Chocó y no vamos a permitir que estas estructuras atemoricen a la población”, indicó el Fiscal General la revelar detalles de ‘Los Mexicanos’.
En un año de interceptaciones de comunicaciones, recolección de testimonios y otras actividades investigativas, la Fiscalía obtuvo abundante material de prueba que da cuenta del cobro de extorsiones a funcionarios como jueces, fiscales, trabajadores de la Gobernación de Chocó y la Alcaldía de Quibdó, así como comerciantes y transportadores. Hasta el momento hay documentadas cerca de 150 víctimas en solo este año.
‘Los Mexicanos’, indicó el funcionario, iniciaron su actividad ilícita en 2018, ejerciendo control sobre los expendios de estupefacientes en dos comunas de Quibdó y fueron extendiendo su influencia criminal en la ciudad. En este momento se conocen incluso indicios sobre su posible participación en masacres, instrumentalización de menores de edad, y hurtos de celulares y de motocicletas. En estos casos, supuestamente, llamaban a las víctimas y les exigían dinero para devolverles las pertenencias.
En lo que respecta a los funcionarios de la Gobernación de Chocó, se estableció que serían los encargados de elaborar los panfletos extorsivos; incluso, uno de ellos, estaría involucrado en tráfico de estupefacientes.
Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Ciudadana imputó a los 23 procesados, según su nivel de participación, los delitos de: homicidio agravado, tentativa de homicidio, desplazamiento forzado, amenazas, extorsión, tráfico de estupefacientes; tráfico y porte ilegal de armas; y concierto para delinquir.
Adicionalmente, a los funcionarios les imputaron el delito de asesoramiento a grupos armados ilegales. No obstante, ninguno de los procesados aceptó los cargos, por lo que la Fiscalía solicitó al juez de control de garantías imponer medidas de aseguramiento en centro carcelario.
En las diligencias de captura de estas personas se incautaron 2 armas de fuego, munición, computadores, $42′000.000 en efectivo, 17 celulares de gama alta, uniformes privativos de las Fuerzas Armadas y dos motocicletas. También fueron encontrados documentos, libros de contabilidad y extractos bancarios con un saldo superior a los 1.000 millones de pesos.
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