Cambio de contratista de Hidroituango generaría racionamiento entre 2022 y 2023

En Hidroituango no se estaría desarrollando ninguna obra para cumplir con el cronograma que presentó la empresa y así, cumplir las metas

Foto de archivo. Trabajadores en un área de construcción en la central hidroeléctrica de Hidroituango, en Ituango, Colombia, 5 de abril, 2019. REUTERS / Luisa González
Foto de archivo. Trabajadores en un área de construcción en la central hidroeléctrica de Hidroituango, en Ituango, Colombia, 5 de abril, 2019. REUTERS / Luisa González

Debido a la posibilidad de cambio de contratista en Hidroituango por las afectaciones y las investigaciones que han surgido en contra de los mismos, se está hablando sobre la posibilidad de que exista un inminente racionamiento en Colombia entre 2022 y 2023.

Caracol Radio asegura que, aunque se logró la reclamación del seguro y un pago del porcentaje por parte de las aseguradoras por el daño de Hidroituango, EMP solo ha recibido 1.3 billones de pesos y falta más del 70 % del dinero para que se viable el proyecto.

Además, en HidroItuango no se estaría desarrollando ninguna obra para cumplir con el cronograma que presentó la empresa.

La emisora también afirma que el cambio de contratistas representaría el retraso de un año, aumento en las tarifas a los usuarios y costos adicionales que generaría el proyecto.

Hidroituango representará el 17 % de la generación de energía a nivel nacional, con responsabilidad además del suministro para un bloque en la Costa Caribe.

Sobre este retraso, el pasado 15 de septiembre se conoció que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que se están buscando otras opciones ante el proceso que la Contraloría anunció por responsabilidad fiscal por los daños de Hidroituango.

Según el mandatario, si se llega a dar un cambio de empresas constructoras o de contratistas, esperan encontrar soluciones para afectar muy poco el cronograma para que la planta entre en proceso de operación en junio de 2022, indicó Blu Radio.

Asimismo, el mandatario dijo que EPM tiene claro que Hidroituango es un proyecto vital para el país, pues generaría el 17 % de la energía colombiana, por lo que la empresa analiza una serie de planes luego de conocerse los procesos jurídicos contra 26 personas y empresas involucradas en la construcción de la represa.

Dijo que en dado caso de que se cambie de contratista, el retraso no será mayor a 3 o 4 meses y así seguir con el cronograma planteado.

“¿Cuál es la noticia tranquilizadora al país?, que EPM reconoce como un proyecto estratégico para la Nación y que está dando todos los pasos que sean necesarios para evitar que el proyecto se retrase y si los hay que estos sean mínimos”, aseveró Quintero.

Defendió el presidente de la Junta EPM que la visita de las 8 empresas constructoras de Argentina, Colombia, China e Italia, que están interesadas y que estuvieron en el proyecto, se haya hecho con la mayor confidencialidad dada la importancia de respetar los procesos, pero sobre todo de preparase con una propuesta ante el nuevo escenario.

El proceso tiene acuerdos confidenciales, razón por la cual empresas públicas de Medellín dirá después el país si eventualmente es necesario aplicar o no el plan B, lo que implicaría el cambio de contratista.

Y es que el pasado 6 de septiembre, la Contraloría General de la Nación emitió un fallo de primera instancia de responsabilidad fiscal por $4,3 billones dentro de su investigación por el caso de Hidroituango. De acuerdo con el fallo de la entidad unas 26 personas serían fiscalmente responsables .

En un documento de 2.511 páginas, la Contraloría explicó que dentro del proyecto hubo varios hechos “que contribuyeron a poner en una situación de vulnerabilidad el proyecto y que finalmente desencadenaron en la contingencia de 2018″.

“Estos hechos contribuyeron a aumentar de manera injustificada las inversiones, lo que llevó a que se destruyera el valor neto del proyecto y como consecuencia de la no entrada en operación no se generara ni se comercializara energía”, se lee en el fallo.

El documento señala como responsables de ese detrimento fiscal a los exgobernadores de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero (2008-2011) y Sergio Fajardo (2012-2015), a los exgerentes de EPM, Federico Restrepo Posada (2008-2011) y Juan Esteban Calle Restrepo (2012-2015) y al exalcalde de Medellín Fabio Alonso Salazar Jaramillo (2008-2011).

Asimismo, están involucrados los exmiembros de junta directiva: Alejandro Granda Zapata, Álvaro Julián Villegas Moreno, Sergio Betancur Palacio, Ana Cristina Moreno Palacios, María Eugenia Ramos Villa y Rafael Nanclares Ospina, al igual que los exgerentes del IDEA, Álvaro Vásquez Osorio (2008-2010) e Iván Mauricio Pérez Salazar (2012-2015).

En cuanto a las empresas señaladas están: Integral S.A., Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S., Construcciones Comercio Camargo Correa S.A., Constructora Conconcreto S.A., Coninsa Ramon H S.A., Ferrovial Agroman Chile S.A., Sainc Ingenieros Constructores S.A. Integrantes del Consorcio Ingetec (SEDIC), Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A (INGETEC) y SEDIC S.A.

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