Exparamilitar quiere entrar a la JEP y revelar los nombres de los financiadores de las AUC

Este 23 de julio, ante la Comisión de la Verdad hicieron una contribución a la verdad y reconocimiento de responsabilidades el exjefe guerrillero de las Farc Pastor Alape; el excomandante del frente 58 de las Farc, Jhoverman Sánchez y Carlos Moreno Tuberquia, antiguo miembro del EPL, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y el ‘Clan del Golfo’.

En su intervención, el exparamilitar habló de la violencia que vivieron los pobladores del Bajo Atrato, en el Urabá antioqueño. Dijo que las comunidades indígenas y negras terminaron siendo objetivo de las luchas por la ubicación del Urabá, ya que las selvas y los corredores son ideales para mover el negocio del narcotráfico y ocultarse de las autoridades.

Moreno reveló que las masacres y homicidios cometidos por las ACCU fueron órdenes de los hermanos Castaño para “sembrar el terror” en la población y confesó que usaron el desplazamiento forzado para desalojar zonas que podrían pertenecerles a las Farc porque “todos eran guerrilleros”, y así debilitar a esta estructura logísticamente.

Agregó que siempre necesitaron la fuerza del Estado y específicamente de las Fuerzas Militares para crecer, “a veces teníamos unidades del Ejército para combatir al enemigo que eran las Farc”, como de la Brigada 17.

Durante su testimonio, Moreno le mandó una pulla a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para que lo dejara entrar y así poder entregar las pruebas que dice tener sobre los financiadores del paramilitarismo en el Urabá.

“Yo me siento utilizado, porque nos ponían a combatir a la guerrilla, pero debajo se movía una macroeconomía”, y afirmó que la guerra en el Urabá se movió también por el deseo de empresarios de apoderarse de tierras.

Alape pidió al exparamilitar que diera los nombres de las empresas que patrocinaron la guerra. El excombatiente de las autodefensas aseguró que sí tenía las pruebas, pero que no las podía revelar porque “no tiene seguridad jurídica”.

“No tengo la seguridad jurídica para dar los nombres, pero, si la JEP me da la oportunidad de comparecer, doy todas las pruebas”, dijo Moreno ante la Comisión de la Verdad.

La JEP hasta el momento no ha acreditado a ningún exparamilitar argumentando que ellos ya tuvieron su justicia transicional, pero con la poca verdad que han aportado estos excombatientes a través de la Ley de Justicia y Paz, los magistrados podrían estar debatiendo si le dan cabida en la JEP por la información importante que puedan tener sobre el conflicto armado.

“Los exparamilitares han dicho que quieren ingresar a la JEP para llegar a contar todas las verdades, pero el temor es que lleguen a hacer lo mismo que en Justicia y Paz, que es contar dos verdades mínimas y ganarse los beneficios (...) Puede ser que la estrategia de los paramilitares es ganarse los beneficios y armar su partido político”, le dijo a El Heraldo el experto en seguridad, Néstor Rosanía.

En su intervención ante la Comisión de la Verdad, Moreno dijo que también recibieron ayuda del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Este espacio se enmarca dentro de la ruta de contribución a la verdad y reconocimiento de responsabilidades de Rodrigo Londoño y Salvatore Mancuso, anunciada el pasado 18 de marzo. En esta ocasión, enfocada en el nivel regional en el Urabá antioqueño.

Actualmente, la nueva generación de los grupos paramilitares y algunas guerrillas siguen ejerciendo control social, territorial y militar en zonas estratégicas como el norte de Urabá, el Golfo y el Bajo Atrato. Además, las comunidades y pobladores de la región han expresado su preocupación por el recrudecimiento de la violencia y el aumento de asesinatos en ciudades como Apartadó, Turbo y Chigorodó.

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