Capturan a 16 personas por integrar redes de apoyo del frente décimo de disidencias de las Farc

Se les acusa del delito de concierto para delinquir y extorsión por utilizar su posición como funcionarios públicos para auxiliar con recursos financieros a miembros de la organización disidente.

Imagen de archivo: Disidencia de las Farc
POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL
LOUIS WITTER / LE PICTORIUM / ZUMA PRESS / CONTACT
Imagen de archivo: Disidencia de las Farc POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL LOUIS WITTER / LE PICTORIUM / ZUMA PRESS / CONTACT

Por una posible participación en acciones criminales en el departamento de Arauca, la Fiscalía General de la Nación capturó a 16 personas señaladas de integrar dos redes al servicio de las disidencias del frente décimo de las Farc así como por su posible participación en diferentes acciones criminales en apoyo de dicha organización disidente.

Según los investigadores, entre los capturados se encuentran funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales, quienes conformaron redes de apoyo con el objetivo de abastecer de elementos y recursos financieros, producto de actividades extorsivas, para sostener las actividades delincuenciales de dicho grupo.

Por lo anterior, la Fiscalía judicializó a 11 personas. Además, el ente investigador encontró evidencia técnica y material de prueba, como testimonios, que demuestran que los inculpados habrían aprovechado sus roles como funcionarios públicos para conseguir dotación, víveres e insumos, y trasladarlos a los campamentos del frente décimo de las Farc.

Además los funcionarios públicos  también otorgaban contratos a integrantes o auxiliadores de las disidencias para sacar provecho económico de los dineros del Estado.

Según la Fiscalía, el proceder de estos funcionarios habría servido para alertar a los cabecillas de la estructura criminal para exigir porcentajes sobre contratos que hubieran ganado licitaciones de obras o o servicios a realizarse en distintos municipios de Arauca.

Y entre sus labores también se encargaban de seleccionar potenciales víctimas de extorsión, que remitían a dichos cabecillas y poder obtener fondos para actividades ilícitas en dicha región del país.

En la imagen, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. EFE/Carlos Ortega/Archivo
En la imagen, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Estas capturas motivaron un pronunciamiento de Francisco Barbosa, Fiscal General de la Nación, quien no ocultó su rechazo a este proceder de parte de funcionarios públicos del Estado: “No es posible aceptar por parte de los colombianos y debe rechazarse que servidores públicos, que juraron proteger la institucionalidad, defrauden la confianza y el respeto que se les debe a las instituciones en Colombia”, declaró el funcionario en rueda de prensa.

Agregó que: “Del mismo modo, no pueden existir argumentos para aceptar que miembros de organizaciones no gubernamentales terminen delinquiendo y permitiendo que algunas de esas organizaciones no cumplan la función que deben cumplir, que es la de proteger los derechos humanos”.

Las capturas se hicieron efectivas en la ciudad de Arauca, Saravena, Tame y Fortul (Arauca); y en Bogotá. Además fueron incautados documentos y listas de artículos comprados como uniformes, carpas, riatas y medicamentos para enfermedades tropicales, destinados al frente décimo de las Farc.

Entre los detenidos se encuentran: un secretario de la Gobernación de Arauca, dos concejales,  un secretario de la Alcaldía de Fortul, una coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas y cuatro personas que supuestamente obtuvieron vehículos, servicios y esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección con amenazas falsas.

Además, fue capturada una enfermera, quien presuntamente utilizó un documento de la Unidad Nacional de Protección para movilizar integrantes de las disidencias que resultaban heridos en los combates y llevarlos al hospital de Saravena, donde los hacía pasar como lesionados en accidentes de tránsito.

Por estos hechos, un fiscal adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Además, a la enfermera le formuló el cargo de asesoramiento a grupos armados organizados, teniendo en cuenta que se habría valido de su conocimiento médico.

En consecuencia, la juez primera Penal Municipal de control de garantías de Cúcuta (Norte de Santander), impuso medida de aseguramiento a los procesados y ordenó su envió a la cárcel.

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