Nuevo defensor del pueblo de Urabá está vinculado con empresarios dueños de tierra despojada

José Augusto Rendón García también ha sido abogado de familias vinculadas con el paramilitarismo en Colombia.

José Augusto Rendón García fue nombrado recientemente como nuevo defensor del pueblo regional de Urabá, pero la noticia no fue bien recibida por organizaciones sociales de la región, pues el funcionario ha sido defensor de empresarios que han comprado tierras despojadas y ha criticado el proceso de restitución de tierras.

El portal periodístico Pacifista habló con Juan Pablo Guerrero, coordinador del programa Conflicto, Estado y Paz del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y quien ha acompañado a reclamantes de tierras del Consejo Comunitario La Larga Tumaradó, en Chocó.

Es un irrespeto para la gran cantidad de víctimas de despojo de Urabá y el Bajo Atrato. No tiene razón de ser que un abogado de este tipo sea parte del Ministerio Público y sea, en últimas, defensor de las víctimas.

Este mismo portal conoció el documento del 7 de noviembre del 2014 del que Rendón es protagonista, pues se presentó como apoderado de varios ocupantes de tierras, cuando la Defensoría el Pueblo realizaba una visita al Consejo Comunitario La Larga Tumaradó, para hacer un análisis sobre la situación de derechos humanos que enfrentaba esa comunidad en ese momento.

“Afirmó el señor José Rendón que ‘esto se va a dañar porque están persiguiendo a las estructuras políticas y a los empresarios, y eso trae más violencia’, en referencia a las capturas que ha venido adelantando la Fiscalía General de la Nación”, se puede leer en el documento.

De acuerdo con El Espectador, Rendón aseguró frente a la Unidad de Restitución de Tierras, la Defensoría, la Mapp-OEA y otras organizaciones que, “esto se va a dañar” haciendo alusión a que se iban a presentar ciclos de violencia si a sus representantes empresarios se les quitaba la tierra para regresarla a sus dueños legítimos. Además, dijo que “existen personas capaces de crear grupos armados ilegales para impedir que les quiten las tierras a los empresarios en el marco de los procesos de restitución de tierras y territorios”

El ahora defensor regional sostuvo en su momento -de acuerdo con el documento de la Defensoría- que, “es necesario establecer acuerdos entre los empresarios y los campesinos, de forma tal que, si el empresario tiene mil hectáreas, entrega cien hectáreas en producción al campesino. En este sentido, expresó que el modelo a seguir es el implementado en Montes de María, en donde los campesinos se asociaron con Carlos Murgas, no aceptando la propuesta que había presentado el Padre Francisco de Roux”.

Además, habría dicho que se “está gastando mucha plata” en la restitución de tierras y que por eso es mejor promover acuerdos entre empresarios y reclamantes.

Pacifista reveló que, Rendón hizo de abogado de la familia Argote. Tanto en el caso de Claudia Ángela Argote, quien fue condenada y obligada por el Tribunal Superior de Antioquia a regresar tierras despojadas en Chigorodó, como en el de Antonio Argote Bolaños, asociado de los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada del Urabá, una empresa que sirvió para recibir y entregar dineros a los paramilitares por parte de ganaderos y bananeros.

En el documento también se puede leer que en el caso documentado por la Defensoría en el 2014, Rendón dijo que, lo que se quería en esa tierra era crear una zona de reserva campesina, para que las Farc recuperaran territorios y aseguró que, existían milicianos en la zona. Pero fue la misma Defensoría del Pueblo -donde ahora trabaja- la que desmintió dichas declaraciones.

“Constituyen señalamientos que fueron y siguen siendo utilizados para justificar los asesinatos, ataques y desplazamiento forzado de la población civil en la zona de Urabá y el Bajo Atrato”, dice el documento de la Defensoría del Pueblo, donde ahora Rendón tendrá que velar por los derechos humanos de las personas que una vez señaló.

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