Fiscalía judicializó a cinco hombres que habrían procesado madera ilícitamente para obtener carbón vegetal en Tuluá

Sin contar con los permisos ambientales, los ciudadanos habrían cortado con una motosierra especies de flora para descomponer químicamente.

Judicializados 5 presuntos responsables de aprovechar ilícitamente los recursos naturales en Tuluá, Valle del Cauca / (Fiscalía General de la Nación).
Judicializados 5 presuntos responsables de aprovechar ilícitamente los recursos naturales en Tuluá, Valle del Cauca / (Fiscalía General de la Nación).

Ante un juez de control de garantías la Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco personas señaladas de utilizar madera, de forma ilícita para la elaboración de carbón vegetal.

Las capturas y judicializaciones habrían tenido lugar en jurisdicción del municipio de Tuluá, Valle del Cauca y de acuerdo con información dada a conocer por el ente fiscal, los cinco ciudadanos imputados fueron sorprendidos por funcionarios de la Policía Nacional en el momento en que se encontraban procesando 75 metros cúbicos de madera rolliza extraída de una planta de guácimo.

Al parecer, los ciudadanos habrían estado efectuando el procesamiento de la madera sin contar con los permisos correspondientes. Del mismo modo, en el barrio Aguaclara, ubicado en el sector Siete Vueltas de Tuluá, la madera se habría estado sometiendo a procesos de descomposición química para obtener carbón vegetal.

Durante el procedimiento de detención de los ciudadanos, las autoridades incautaron una motosierra que era utilizada para la extracción y procesamiento de la madera en carbón.

De acuerdo con la Fiscalía, los ciudadanos hoy imputados fueron identificados como: Hermes Antonio Victoria Gordillo, Luis Alberto Cárdenas Ramírez, Elmer Ríos Rodríguez, José Jair Durán Victoria y José Adoney Torres Hernández.

Todos ellos fueron acusados por el ente fiscal formulándoles una imputación de cargos que contempla el haber cometido el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables.

En ese sentido, el juez a cargo de atender el caso impartió legalidad al procedimiento de captura y continuó con la formulación de cargos comunicada por la Fiscalía.

Pese a que a los cinco hombres señalados y procesados no les fue impuesta medida de aseguramiento alguna, continúan vinculados al proceso en la libertad.

Mujer habría cometido el mismo delito con una especie de la fauna nativa

El 17 de diciembre de 2020, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a Rocío Cabrera Díaz, por ser la presunta responsable de transportar un mico bebelechero, sin el debido permiso ambiental en las vías de Tuluá.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, la mujer fue vista por la Policía mientras se movilizaba en un vehículo particular y posteriormente en la vereda Las Palmas, corregimiento de Fenicia, jurisdicción del municipio de Tuluá, le encontraron el mico bebelechero dentro de un bolso.

Capturada en flagrancia, las autoridades se hicieron cargo del animal y posteriormente la Fiscalía le formuló imputación de cargos por presuntamente haber cometido el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables.

Entre tanto, el juez legalizó el procedimiento de captura de la ciudadana imputada y avaló la imputación de cargos realizada por la Fiscalía. Aunque en este caso, la implicada no fue asegurada en un establecimiento carcelario, continúa vinculada al proceso.

Igual situación a la de los cinco hombres detenidos en Tuluá se habría presentado en abril de 2020 cuando la Fiscalía imputó cargos contra Álvaro Cruz, José Abraham Correa Gutiérrez, Manuel Guillermo Rodríguez Cuevas y Anderson Jonaike Hidalgo Teherán en el municipio de Guamo, Tolima, por cometer el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales.

De acuerdo con la Fiscalía, los investigados fueron descubiertos por miembros de la Policía de Carabineros del Tolima a orillas de una quebrada en zona rural de Guamo, Tolima, con 136 postes de madera tipo iguá, que habían acabado de cortar sin ningún permiso de la autoridad ambiental. En ese momento, la Policía les decomisó las motosierras y estas fueron dejadas a disposición de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima).

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