Eduardo Pulgar, quien se encuentra privado de la libertad (desde el 3 de diciembre en la cárcel La Picota de Bogotá), debido al proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia sobre su supuesto soborno a un juez de la República por $200 millones de pesos, pide que el caso pase de la Corte a la justicia ordinaria.
Luego de que se diera a conocer el proceso y se diera orden de detención preventiva Eduardo Pulgar paso una carta al presidente del Senado, Arturo Char, manifestando su renuncia al cargo de Senador pues “desde que se me impuso la medida de aseguramiento por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la cual recientemente quedó en firme, me es imposible continuar ejerciendo mi cargo como Senador de la República y atender así el cumplimiento de mis deberes funcionales”.
El viernes 12 de enero, la secretaría de la Corte Suprema recibió un documento con una solicitud: “Se remita por competencia la actuación, dentro del radicado 300, a la Fiscalía General”, firmada por el penalista Jaime Granados y el expediente que está pidiendo que pase de la Corte a la justicia ordinaria el caso por soborno de Eduardo Pulgar, procesado por presunto cohecho, tráfico de influencias y delitos contra la participación democrática.
El argumento usado por la defensa es que ninguno de los hechos por los que se le investiga a Pulgar, guarda relación con las funciones congresionales.
“Porque la presunta conducta investigada no corresponde a una función congresional, sino a un posible acto de corrupción”, argumentó Jaime Granados.
Los hechos del aparente soborno de Pulgar se dieron a conocer mediante varias columnas que escribió el periodista Daniel Coronell. La primera se tituló ‘Pulgarcito’ y allí Coronell aseguró que un senador le habría ofrecido un soborno a un juez con el fin de ayudar a sus patrocinadores.
El escrito se publicó el 12 de julio de 2020 y reveló además que el presunto delito que cometió el exsenador en mención, habría ocurrido antes de que se reeligiera como legislador.
“El senador se llama Eduardo Pulgar, es miembro del Partido de la U, y fue a hacer la vuelta para favorecer a su amigo Luis Fernando Acosta Osio, el líder de un grupo que con cuestionadas maniobras logró el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y pretende quedarse también con la Fundación Acosta Bendeck y el Hospital Universitario Metropolitano. Las tres instituciones facturan 80.000 millones de pesos al año”, escribió Coronell. Además, la columna mostró cómo y cuándo se habría ofrecido el soborno, que fue en una reunión en el año 2017.
La defensa de Pulgar señaló que los hechos que son materia de investigación se registraron cuando su representado hizo campaña para el periodo 2014 a 2018 “y no era aforado”. Y aseguró que para la época de los hechos, no existía la norma que castigaba la violación de topes, uno de los delitos que se le formularon: Ley 1864 de 2017, que crea el artículo 396B del Código Penal.
Recalca que, para que exista una afectación de la función congresional “se requiere que la conducta la ejecute una persona que tenga la calidad de congresista; se realice en ejercicio de una función congresual o con ocasión de la misma y desconozca los deberes, prohibiciones y conductas establecidas en el Código de Ética y Disciplinario del Congresista”.
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