Se registra nueva masacre en zona rural de Tibú nororiente de Colombia

Según reportes de la Defensoría del Pueblo y ONG, tres campesinos fueron asesinados, al parecer, por miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que operan en la región.

ARCHIVO - En esta imagen de archivo del 11 de mayo de 2000, policía antinarcóticos monta guardia en un campo de coca cerca de La Gabarra, en la región colombiana de Catatumbo. (AP Foto/Scott Dalton, Archivo)
ARCHIVO - En esta imagen de archivo del 11 de mayo de 2000, policía antinarcóticos monta guardia en un campo de coca cerca de La Gabarra, en la región colombiana de Catatumbo. (AP Foto/Scott Dalton, Archivo)

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia (Indepaz) informó, este viernes 29 de enero, que tres campesinos fueron asesinados en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento fronterizo de Norte de Santander.

Indepaz señaló que esta masacre perpetrada en la vereda Totumito-Carboneras, de la región del Catatumbo, al parecer fue ejecutada por hombres pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que hacen presencia en este territorio al noroccidente del país.

El instituto señaló que, esta sería la octava matanza registrada en lo que va corrido del año.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo rechazó “tajantemente” el asesinato de los tres campesinos, por parte de los que señaló, serían miembros de grupos armados ilegales, que hacen presencia en esta zona.

Asimismo, indicó que el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ordenó la intervención inmediata por parte del defensor regional, con el fin de activar la ruta de protección de derechos humanos para los ciudadanos afectados y hacer monitoreo de la situación que se presenta en el sector.

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En ese sentido, la Defensoría señaló que “cerca de 400 personas de 80 familias se encuentran en desplazamiento forzado entre el municipio de Tibú y Cúcuta por los enfrentamientos entre estos grupos ilegales y no tienen garantías para un retorno en condiciones seguras”.

Por este motivo, el ente defensor aseguró que en marzo, agosto y noviembre del año anterior había emitido alertas tempranas, en las que detallaba la presencia de grupos armados ilegales en Cúcuta, capital del departamento, y los municipios de Villas de Rosario, Puerto Santander y Tibú.

Por su parte, la Fundación Progresar indicó en un comunicado que, “a las 9:00 a.m. de este jueves hombres armados de las AGC ingresaron a una finca del sector de Las Taquillas donde trabajan cerca de diez personas. En este lugar se perpetró la masacre de tres campesinos, lo que ocasionó un desplazamiento masivo de los habitantes de este sector”.

Fotografía tomada el pasado 27 de agosto en la que se registró un grafiti en contra de la reciente ola de masacres en Colombia, durante una protesta contra estos actos criminales, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega/Archivo
Fotografía tomada el pasado 27 de agosto en la que se registró un grafiti en contra de la reciente ola de masacres en Colombia, durante una protesta contra estos actos criminales, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega/Archivo

A su vez, la fundación señaló que luego de haberse perpetrado estos asesinatos, otros hombres de este mismo grupo paramilitar incursionaron en las veredas El Socorro y El Seis de este municipio.

“Estos gravísimos hechos ocurren en un contexto de incursión paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ocurrida en el área rural de Cúcuta el pasado 14 de diciembre, sin que haya respuesta oportuna y adecuada por parte de las autoridades civiles, policiales y militares”, aseguró la ONG en un comunicado.

De igual forma, señalaron que se han emitido acciones urgentes dirigidas al Gobierno, las autoridades locales y los entes de control solicitando que tomen medidas “inmediatas y eficaces”, con el fin de proteger la vida, libertad e integridad de las comunidades que residen en esta zona, “sin obtener respuesta alguna”.

Por tal motivo, la fundación hizo un llamado los organismos competentes para atender esta emergencia humanitaria que se está presentando en el departamento de Norte de Santander.

“Dada la reiterada materialización de riesgos inminentes alertados a las autoridades locales, regionales y nacionales, pedimos a la Procuraduría General de la Nación, que ejerza un efectivo cumplimiento de sus funciones disciplinarias, de intervención y preventiva, para que estas violaciones graves no se repitan y se garantice de forma oportuna e integral la protección y seguridad de la población civil”, concluyó el comunicado de la ONG.

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