La oposición colombiana pide investigar a Iván Duque por una presunta compra de votos en su campaña

Las polémicas declaraciones de Aída Merlano, quien se encuentra en custodia de las autoridades venezolanas del régimen de Nicolás Maduro, ya le pasaron la primera factura al presidente colombiano Iván Duque, pues fue denunciado ante el Congreso para que se investigue los hechos de presunta compra de votos que habrían ocurrido en su campaña denunciados por la fugada ex congresista.

El representante a la Cámara David Racero, miembro de la oposición al gobierno de Duque, fue quien radicó la denuncia en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra Duque, ya que es este el organismo competente para investigar y acusar al Presidente de la República.

En dicha denuncia Racero dijo que se debía investigar al presidente “por incurrir en comportamientos que acarrean la configuración de las causales de constitucionales de indignidad y mala conducta, a raíz de la presunta participación y conocimiento de la comisión en los delitos ya referidos”.

Hace referencia el congresista a lo dicho por Merlano en su entrevista con la periodista Vicky Dávila para Semana TV, cuando esta afirmó que Iván Duque, siendo candidato a la presidencia, recibió el apoyo del empresario Julio Gerlein y de la poderosa familia Char -que tienen control político de Barranquilla desde hace 12 años- quienes habrían aportado no solo dinero a su campaña sino votos que compraron para impulsar la victoria del hoy presidente de los colombianos.

Merlano afirmó que Duque no solo conoció de esta situación, sino que se reunió con las personas que promovieron en la costa Caribe colombiana la compra de votos a su nombre.

“Claro que sí, claro que sí lo sabía. Como también lo hicieron todos los políticos, o todos los políticos que fueron elegidos en el Centro Democrático, que también salieron a comprar votos, que muchos salieron también denunciados”, dice Merlano en su entrevista con Vicky Dávila.

Estas afirmaciones para Racero tienen toda la credibilidad y soporta en ellas su denuncia, en la que afirma: “Es importante tener en cuenta que las declaraciones ya referidas, provienen de una persona que llevaba aproximadamente 30 años trabajando con líderes políticos del país y que por tanto pudo conocer de primera mano la forma en que este círculo operaba”.

Entre las graves acusaciones de Merlano está una presunta tentativa de homicidio en la que habrían incurrido, según la excongresista, tanto Gerlein como los Char, quienes supuestamente le ayudaron a fugarse con el real objetivo de asesinarla. De este plan tendría conocimiento el propio presidente Duque, quien habría aumentado considerablemente la recompensa por la recaptura de la excongresista como una forma de presionar su asesinato.

Las fuertes afirmaciones de Merlano sobre las amenazas contra su vida no deberían ser tomadas literalmente, dice Raceros, pero tampoco desestimadas o minimizadas, “porque como ya se advirtió inicialmente, es el actual del líder de los colombianos el que está puesto en entredicho, y es en todo caso verificable, que hubo un cambio radical en el monto de la recompensa entre el momento inicial de fuga, y momentos posteriores”.

El Gobierno no ha emitido ningún pronunciamiento posterior a la última entrevista concedida por Merlano en la que se ratificó en sus acusaciones contra Duque y otros importantes políticos colombianos. Sin embargo, cuando salieron a la luz por primera vez estos señalamientos el propio presidente Duque les salió al paso calificando a la excongresista como “delincuente y corrupta” y exigiendo que fuera devuelta a Colombia para que enfrentara a la justicia.

“Yo no quiero matar a nadie, lo que aquí quiero es que se haga justicia, porque esa señora tiene una deuda con la justicia colombiana, es corrupta, es bandida y está además prófuga de la justicia porque ya fue condenada por las autoridades colombianas”, dijo entonces el presidente colombiano.

Alrededor del caso de Aida Merlano hay todo un conflicto diplomático adicional, ya que el Gobierno colombiano ha optado por pedir formalmente su extradición al presidente interino Juan Guaidó, quien no tiene la competencia o capacidad para ejecutar esa petición, y no a Nicolás Maduro, que no es reconocido por Colombia como presidente legítimo de Venezuela.