El Gobierno de Ecuador confirmó la ruptura del diálogo con Colombia y dejó abierta la posibilidad de mantener por tiempo indefinido la tasa de seguridad del 50% a las importaciones provenientes de ese país, en un nuevo escalón de la confrontación comercial bilateral. La decisión fue defendida por el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, en una entrevista televisiva la noche del 26 de febrero, mientras que el presidente Daniel Noboa respaldó la medida esta mañana con cifras sobre seguridad, déficit comercial y recaudación.
En entrevista con Ecuavisa, Jaramillo afirmó explícitamente que “no hay diálogo en este momento, se ha cortado el diálogo con Colombia”, y atribuyó la decisión a la falta de una respuesta favorable por parte del gobierno colombiano. Sus declaraciones contrastan con lo dicho 24 horas antes por la canciller Gabriela Sommerfeld, quien había asegurado que los canales diplomáticos seguían abiertos.
El ministro sostuvo que la ruptura se produjo “de manera unilateral” y que la medida del 50% responde, además, a la prohibición colombiana de ingreso por vía terrestre de alrededor de 30 productos ecuatorianos, entre ellos arroz, banano, aguacate, papa y mariscos. Según Jaramillo, esa restricción afectó de forma “muy importante” al comercio ecuatoriano y no fue comunicada con anticipación suficiente para permitir una reacción ordenada de los exportadores.
Consultado sobre el carácter unilateral y la duración de la medida, el ministro dejó claro que la vigencia del arancel dependerá exclusivamente de la respuesta política de Bogotá. “La pelota está en la cancha de Colombia”, afirmó, y señaló que el Gobierno ecuatoriano espera “una respuesta positiva en cuanto a mayor control en la frontera”. Añadió que no puede haber comercio sostenible sin seguridad fronteriza.
El Ejecutivo ha insistido en denominar la medida como “tasa de seguridad” y no como arancel. Jaramillo explicó que su objetivo es financiar el despliegue de recursos en la frontera: tropas, infraestructura militar, logística y equipamiento.
En la misma línea, el presidente Daniel Noboa afirmó que la sobretasa es consecuencia de “un descuido absoluto en la frontera por parte de Colombia”, incluso mencionando el retiro de efectivos militares colombianos a varios centenares de kilómetros de la línea limítrofe. Según el mandatario, ese escenario obliga a Ecuador a asumir un costo adicional cercano a USD 400 millones anuales para proteger su frontera.
Noboa sostuvo además que, desde la aplicación inicial de la tasa, las muertes violentas en las provincias fronterizas se habrían reducido un 33,3%, lo que, a su juicio, demostraría la efectividad de la medida. También vinculó la política comercial con el déficit bilateral: señaló que Colombia representa el mayor déficit porcentual de Ecuador, estimado en 1.100 millones de dólares. En febrero de 2025, dijo, el déficit mensual fue de 90 millones de dólares, mientras que en el mes actual la balanza habría arrojado un superávit de 30 millones, un “swing” de 120 millones.
El presidente añadió que el empleo habría subido dos puntos porcentuales según cifras del INEC y que la tasa ha permitido recaudar USD 13 millones. Desde su perspectiva, la combinación de reducción de violencia, mejora en balanza comercial y recaudación fiscal validaría la estrategia.
El contraste central radica en la naturaleza jurídica y económica de la medida. Mientras el Gobierno la presenta como una tasa vinculada a seguridad nacional, en la práctica se aplica sobre importaciones y eleva el costo de bienes colombianos en el mercado ecuatoriano. En el ámbito comunitario andino, la discusión ha girado en torno a si se trata de un arancel encubierto incompatible con los compromisos de integración. Noboa argumentó que, al haber aplicado también Colombia medidas arancelarias, las demandas ante la Comunidad Andina sobre la supuesta ilegalidad perderían sustento.
Jaramillo reconoció que un tercio de las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia están afectadas y estimó un impacto mensual de entre USD 6 y 7 millones con base en datos del año pasado. Sin embargo, sostuvo que en el frente de importaciones se abre una “oportunidad” para sustituir productos y reducir el déficit, aunque aclaró que ese no es el “espíritu” de la medida.
Con el diálogo oficialmente interrumpido y la tasa fijada en 50% desde el 1 de marzo, la disputa comercial entra en una fase de mayor incertidumbre. El Gobierno ecuatoriano condiciona cualquier retroceso a un cambio en la política de control fronterizo de Colombia, mientras los sectores productivos advierten sobre los riesgos para el comercio bilateral.