El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este lunes que 300 de los presos “más peligrosos” del país fueron trasladados a la nueva prisión de máxima seguridad un día después de que 31 prisioneros fueran asesinados en la cárcel de la ciudad de Machala, fronteriza con Perú.
“El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos”, escribió el presidente en su cuenta de la red social X, en la que también publicó fotografías de reclusos vestidos de naranja, con el pelo cortado, sentados en el piso uno a lado del otro, con la cabeza agachada y rodeados de militares.
Minutos después, publicó otro mensaje en el que señaló: “Ya empezarán con la quejadera”, junto a una fotografía en la que se veía cabello cortado en el piso.
Los traslados de los presos de varias prisiones iniciaron esta mañana, después de que este domingo fueran asesinados 31 reclusos de la cárcel de Machala, de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.
La masacre fue atribuida por el Gobierno a estos movimientos carcelarios que, según dijo el ministro del Interior, John Reimberg, los presos querían evitar.
“Ellos no sabían el día exacto en que íbamos a trasladar a los detenidos hacia la cárcel nueva de Santa Elena y querían tratar de impedir que esto se llegue a dar”, señaló el ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista con radio Canela.
La nueva prisión de máxima seguridad, denominada por el Gobierno como la ‘Cárcel del Encuentro’, en referencia al lema usado por la Administración del ex presidente Guillermo Lasso (2021-2023), al que reemplazó Noboa, empezó a construirse en junio de 2024 con un presupuesto de 52 millones de dólares y está previsto que albergue a unos 800 presos.
La construcción se alzó como respuesta a la crisis de violencia que azota a las prisiones ecuatorianas, debido a la que han sido asesinados más de 500 reclusos desde 2021, la mayoría en enfrentamientos entre bandas rivales.
La ‘Cárcel del Encuentro’ está ubicada en la provincia costera de Santa Elena, un paraje de difícil acceso, rodeado de comunas ancestrales que han protestado por la instalación.
Reimberg aseguró esta mañana que la cárcel tiene “todas las medidas tecnológicas” para que “no pueda ingresar ningún artefacto ajeno a lo que debe existir dentro de este centro carcelario”.
Y agregó que también está equipada con “todo lo necesario para la atención médica”, para que los presos no tengan que salir hacia hospitales o utilicen ese mecanismo para evitar cumplir su pena en prisión.
El Gobierno tiene previsto contratar a policías y a militares retirados para que se encarguen de la seguridad de la nueva cárcel y quitarle esa labor a los guardias penitenciarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la agencia del Estado que administra las prisiones.
Sin embargo, es una propuesta que aún no se concreta y el Gobierno no ha detallado en manos de qué fuerza de seguridad quedará a cargo este centro penitenciario.