La noche del jueves 6 de noviembre, Ecuador volvió a experimentar horas de tensión. En un lapso de pocas horas, se registraron dos alertas simultáneas de explosivos en las principales ciudades del país: una en Quito, donde la Policía Nacional desactivó un coche bomba cerca del Complejo Judicial Norte, y otra en Guayaquil, donde una falsa bomba obligó al cierre temporal de la avenida 9 de Octubre, la arteria más emblemática del centro urbano.
En la capital, el ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) halló tres cilindros de gas dentro de un vehículo abandonado en las inmediaciones del complejo judicial, en el sector de Iñaquito. El dispositivo contaba con un sistema electrónico de ignición que fue neutralizado a tiempo, evitando una explosión de gran magnitud.
Las fuerzas especiales realizaron una detonación controlada en la zona para descartar riesgos. Horas más tarde, el Consejo de la Judicatura informó que, además del coche bomba, se halló un artefacto tipo taco de dinamita en los exteriores del edificio. La entidad condenó el hecho como “un acto de intimidación contra la Función Judicial” y suspendió temporalmente las actividades en el complejo.
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En simultáneo, en Guayaquil, un operativo de emergencia obligó al cierre parcial de la avenida 9 de Octubre, entre Chile y Chimborazo, luego de que transeúntes reportaran un supuesto artefacto explosivo colocado en un cajero automático. Militares, policías y agentes municipales acordonaron el perímetro y evacuaron a los ocupantes de edificios cercanos.
El Grupo de Intervención y Rescate arribó al sitio y, tras una revisión técnica, determinó que se trataba de una bomba falsa. El gobernador del Guayas, Humberto Plaza, confirmó que un sospechoso fue detenido y que el dispositivo “simulaba ser un artefacto explosivo”, aunque no contenía materiales detonantes. “Estamos en máxima alerta”, advirtió la autoridad.
Las escenas de ambos incidentes recordaron a la ciudadanía episodios recientes de violencia con explosivos que han golpeado al país. En octubre pasado, una camioneta cargada con artefactos estalló en el norte de Guayaquil, provocando un muerto y 28 heridos, hecho que fue calificado como atentado terrorista por el Gobierno. Desde entonces, las alertas de bombas y falsas amenazas se han multiplicado, obligando a evacuar instituciones públicas y movilizar contingentes policiales y militares en distintas provincias .
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En Quito, las amenazas contra edificios judiciales se han vuelto recurrentes. En septiembre, tanto la Fiscalía General del Estado como la Corte Constitucional fueron evacuadas por alertas de artefactos explosivos. Las autoridades reconocen que estos hechos buscan generar temor y distraer recursos de seguridad en medio de un contexto político y social marcado por el auge de la criminalidad y el narcoterrorismo.
Ecuador, que desde enero ha declarado la existencia de un “conflicto armado interno” contra 22 grupos criminales, enfrenta una ola sostenida de atentados, extorsiones y asesinatos. Las ciudades de Guayaquil, Machala y Esmeraldas concentran la mayor parte de las explosiones registradas en 2025.
El combate a la inseguridad motivó a que el presidente Daniel Noboa decretara, hace dos días, un nuevo estado de excepción en Ecuador. Esta medida afecta ahora a las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, así como a los cantones de La Maná, de la provincia de Cotopaxi, Las Naves y Echeandía, en Bolívar, según indica el propio decreto.
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El texto señala que este estado es necesario ante los altos índices de “violencia, delitos y actividades ilícitas realizadas por grupos criminales” en estas zonas. Durante el tiempo que dure, el derecho a la inviolabilidad del domicilio quedará suspendido en los territorios antes mencionados.
Con el decreto, las fuerzas de seguridad y el Ejército podrán realizar inspecciones y redadas, además de incautaciones sin que medie orden judicial previa. Con el estado de excepción también se suspende el derecho a la inviolabilidad de correspondencia, que “pretende la identificación, análisis y recopilación de mensajes, comunicaciones, cartas y/o misivas físicas o electrónicas que tengan por objeto el ocultamiento de cualquier miembro de un grupo criminal u ocultamiento de alguna conducta ilícita que dan lugar a esta declaratoria”, tal y como recoge el texto.