
(Desde Montevideo, Uruguay) - En año electoral en Uruguay, la Cámara de Comercio y Servicios del país presentó a todos los partidos políticos un documento denominado “Pacto por la Patria”, en el que solicitan mejoras tributarias, en la seguridad y la revisión de los Consejos de Salarios (los órganos de negociación salariales). Además, piden a las colectividades políticas que se evite llegar a una grieta en el país.
“Cuando se entra en una campaña electoral podemos caer en el agravio personal. Lo que estamos pidiendo es el diálogo y que no olvidemos las características de lo que somos nosotros, que es un capital del Uruguay. Por eso llamamos a un acuerdo entre todos y que no entremos en ese campo que no nos gusta”, dijo el presidente de la gremial empresario, Julio Lestido, al presentar los postulados.
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En el documento, los empresarios piden que los políticos eviten rebajarse a “una seguidilla interminable de acusaciones y rencillas” y que se enaltezca el diálogo entre oficialismo y oposición por encima de los “enfrentamientos y el obstruccionismo estéril y paralizante”.

La gremial empresarial le propuso a los partidos modernizar el Estado, para que se dedique de forma “exclusiva al servicio de la sociedad” y que se controle la carga tributaria y el “peso del gasto público”. Plantean que debe haber un compromiso para que no aumenten en un futuro y que, por el contrario, se busque “la efectiva reducción de ambos” en un mediano y largo plazo. “Esto debe incluir una revisión a fondo de todas las actividades que el Estado realiza o regula, a todos sus niveles, identificando todo aquello que resulta innecesario o excesivo”, señala el “pacto”.
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Los empresarios piden que se mire al mercado laboral con una “óptica amplia, positiva y moderna”, lo que implica una revisión de los actuales Consejos de Salarios, que deben ser adaptados “a la realidad”, opinan. En concreto, impulsan que se descentralice y se desregulen las paritarias y se modernicen “ciertas normas laborales y sindicales” para “evitar limitaciones injustificadas a la libertad de trabajo”.
Otro de los puntos de este pacto se refiere al abordaje de la actividad económica. Consideran que debe apuntar a una “mayor apertura posible, a evitar distorsiones regulatorias y a procurar un tratamiento equilibrado entre sectores y actores”. Para lograrlo, impulsan que se limiten las medidas de protección y los subsidios a “casos de necesidad comprobada”.
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Hay un consenso en Uruguay de que es un país “caro” pero en las causas del fenómeno no hay acuerdo. “Ellas exceden el ámbito del reclamo clásico, referido a la política cambiaria. Incluyen factores como los altos costos tributarios y regulatorios. Se impone analizarlos, potenciado por la preocupación, poniendo el foco en la estructura tributaria (incluyendo gravámenes a la mano de obra) y en el universo de regulaciones a la importación y al comercio, que animan situaciones injustificadas de proteccionismo”, explican.
La gremial cree que hay que promover la creación de “valor y trabajo innovador” por parte de las pequeñas y medianas empresas y “atender las brechas de género”. Otro de los puntos refiere a la “cuestión ambiental”, que tiene que ser atendida con la “relevancia adecuada”.
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En el documento, los empresarios también expresan preocupación y piden soluciones para otros asuntos, como la seguridad y, en especial, el combate al crimen organizado y la atención del estado crítico de las cárceles uruguayas.

La Cámara de Comercio también hace referencia a “la pobreza y la marginalidad”, para la que consideran que se debe hacer “particular énfasis en la niñez”.
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Se debe “poner foco en la formación de nuestros niños y jóvenes, con ánimo constructivo, en carriles de libertad y transparencia, evitando caer en enfrentamientos ideológicos o corporativos que enrarecen el clima y obstaculizan la tarea”.
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