La caída de Tareck El Aissami y una investigación truncada de los negocios de Nayib Bukele con el petróleo venezolano

El consorcio Alba Petróleos, filial de PDVSA, aún busca recuperar USD 33,2 millones incautados mientras la fiscalía salvadoreña mantiene enterrado un expediente que involucra al presidente y su entorno más cercano

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Nayib Bukele, antes de ser presidente, saluda a José Luis Merino, un dirigente del partido FMLN que ha sido operador de PDVSA en El Salvador y Centroamérica y quien fue investigado por lavado de dinero y tráfico de armas en El Salvador, Colombia y Estados Unidos.
Nayib Bukele, antes de ser presidente, saluda a José Luis Merino, un dirigente del partido FMLN que ha sido operador de PDVSA en El Salvador y Centroamérica y quien fue investigado por lavado de dinero y tráfico de armas en El Salvador, Colombia y Estados Unidos.

El escándalo político destapado tras la captura en Venezuela de Tareck El Aissami, otrora hombre fuerte de PDVSA y aliado del dictador Nicolás Maduro, tiene ramificaciones en El Salvador de Nayib Bukele, el popular presidente que llegó al poder en 2019 y cuya carrera política fue financiada en parte con dinero proveniente del petróleo venezolano.

Entre febrero y octubre de 2013, cuando Bukele era alcalde de Nuevo Cuscatlán, un suburbio de la capital San Salvador, recibió préstamos por USD 1.9 millones de empresas relacionadas con Alba Petróleos de El Salvador (APES), la filial de Petróleos de Venezuela en el país centroamericano. Años después, entre 2016 y 2021, AP fue investigada en El Salvador por el presunto lavado de unos mil millones de dólares a través de empréstitos como los que recibió Bukele.

Aquella investigación, que incluyó allanamientos en docenas de empresas relacionadas con el consorcio APES en mayo de 2019, había identificado a algunos de los testaferros y políticos relacionados con el entramado de los dólares venezolanos, entre ellos José Luis Merino, líder del partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y uno de los primeros padrinos políticos y financistas de Bukele, y Erick Giovanni Vega, ex secretario privado de Merino y asesor comercial del presidente salvadoreño.

Las pesquisas continuaron cuando Bukele asumió la presidencia y el fiscal general de El Salvador era el abogado Raúl Melara. Todo, sin embargo, se detuvo en mayo de 2021, cuando una supermayoría de diputados leales a Bukele nombró fiscal general a Rodolfo Delgado, un ex empleado de Alba Petróleos. Infobae ha descubierto, además, que la inacción de Delgado ha posibilitado a APES, desde septiembre de 2021, buscar la devolución de unos USD 33.2 millones de dólares incautados durante la investigación inicial.

El 14 de septiembre de 2021, cuando apenas habían pasado cuatro meses desde el nombramiento de Delgado como jefe de la Fiscalía General de la República (FGR), el abogado Óscar Reinaldo González Vásquez, en representación de Alba Petróleos, pidió al juez cuarto de paz de San Salvador cesar el secuestro de bienes incautados al consorcio dos años antes, cuando la investigación por lavado había descubierto ya cómo los dólares venezolanos habían ido a parar a manos de políticos como Bukele y sus allegados. González Vásquez, el representante de APES, había sido anteriormente subalterno del fiscal general Delgado.

González Vásquez hizo dos alegatos en el escrito que presentó al juzgado cuarto de paz. Uno es que la fiscalía general ya había dejado pasar demasiado tiempo desde que, en mayo de 2019, había allanado las empresas de APES e incautado cheques, cuentas y dinero en efectivo, y el otro es que todo el origen del caso era político.

Tareck El Aissami, acusado de actos de corrupción en PDVSA, facilitó una investigación en 2017 contra sus adversarios políticos que llegó hasta El Salvador.
Tareck El Aissami, acusado de actos de corrupción en PDVSA, facilitó una investigación en 2017 contra sus adversarios políticos que llegó hasta El Salvador.

Infobae ha tenido acceso a los documentos e investigaciones que la fiscalía salvadoreña había hecho al entramado Alba Petróleos antes de que el fiscal nombrado por Nayib Bukele las enterrara. Según esos expedientes, resumidos en el informe de la Unidad de Investigación Financiera clasificado UIF No. IFF-001/2019, las empresas de Alba Petróleos recibían dinero procedente del petróleo venezolano en forma de cooperación o préstamos blandos o reportaban supuestas importaciones de crudo que nunca llegaban a El Salvador para justificar movimientos irregulares de millones de dólares. Las investigaciones de la UIF también determinaron que parte del dinero que llegaba a las arcas de APES era desviada luego a terceros en forma de préstamos incobrables, como los que hicieron por USD 1.9 millones a Nayib Bukele, entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán.

Los montos de las transacciones realizadas por APES entre 2010 y 2020, dice el informe de la UIF, “no se justifican de conformidad con la naturaleza del negocio, ya que las mismas han sido concebidas con la intención de recibir y desviar fondos a personas diferentes a los beneficiarios finales”. Los supuestos destinatarios del dinero eran, en el papel, socios de las compañías establecidas por Alba Petróleos desde su fundación en 2006 y salvadoreños beneficiarios de programas de cooperación alimentados con el dinero venezolano.

Durante los allanamientos de 2019, sin embargo, los fiscales encontraron centenares de documentos legales que exponían a los verdaderos beneficiarios, que eran empresas asociadas a aliados políticos del dirigente José Luis Merino, el principal intermediario de PDVSA en El Salvador, o a terceros como Nayib Bukele, y otras personas cercanas al entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán, entre ellos Carolina Recinos, actual jefe de gabinete de la presidencia salvadoreña, o los primos Federico y Pablo Anliker, el primero presidente de la portuaria salvadoreña y el segundo exministro de Agricultura, implicado en casos de corrupción durante la pandemia de Covid-19.

Cuando Rodolfo Delgado, el fiscal general nombrado por Bukele, se hizo cargo de las investigaciones, pidió un informe del caso, según lo confirmaron a Infobae un ex agente salvadoreño que conoció aquellos expedientes y quien habló desde el anonimato por seguridad, y un funcionario diplomático estadounidense que estuvo destacado en San Salvador.

Poco después de que Delgado conoció los detalles de lo incautado y los orígenes de los dineros depositados en varias cuentas bancarias del sistema financiero salvadoreño, el abogado González Vásquez, en representación de Alba Petróleos, pidió el descongelamiento de los bienes.

Las líneas que unen al fiscal general Delgado con el abogado González Vásquez y Alba Petróleos son así: Delgado fue empleado de APES en 2019, antes de ser nombrado por los diputados de Bukele como fiscal general, y González, representante del consorcio petrolero, había sido subalterno de Delgado.

Infobae intentó contactar con González Vásquez a través de los números telefónicos y correos electrónicos listados en las diligencias judiciales que él ha hecho como representante de Alba Petróleos. No hubo respuesta. También se escribió, por los canales oficiales, a la FGR. Tampoco hubo respuesta.

Todos los caminos llevan a Alba Petróleos

Óscar Reinaldo González Vásquez, abogado de la República de El Salvador con tarjeta de identificación profesional expedida por la Corte Suprema de Justicia y válida hasta el 6 de mayo de 2031, actuó como representante de Alba Petróleos el 14 de septiembre de 2021 cuando solicitó al juzgado cuarto de paz de San Salvador levantar las restricciones a los bienes incautados a Alba Petróleos.

Antes de eso, el menos hasta 2014, González había sido subalterno de Delgado en la Unidad Contra el Crimen Organizado de la FGR salvadoreña, según registros administrativos del Ministerio Público del país centroamericano. Ambos, Delgado y González, terminaron siendo empleados de Alba Petróleos, el consorcio empresarial montado con petróleo venezolano.

El actual fiscal general inició su carrera en la FGR en 1995, cuando previo a una reforma del sistema penal salvadoreño, los agentes fiscales estaban adscritos a tribunales específicos. Su primer salto llegó a principios de este siglo, cuando en 2001 fue nombrado coordinador de la Unidad Contra el Crimen Organizado, que entonces veía, entre otros, los casos de bandas de secuestradores, roba furgones y narcotraficantes. Creció hasta llegar a ser asesor del fiscal general Douglas Meléndez entre 2016 y 2017, cuando dejó la FGR por la puerta de atrás después de haber sido denunciado por supuestas torturas y otros casos de violaciones a los derechos humanos.

Cuando salió de la FGR, Delgado ejerció como defensor privado hasta 2021 de la mano de Gustavo Villatoro, el actual ministro de seguridad de Nayib Bukele. Fue en aquel año cuando Alba Petróleos lo contrató como consultor jurídico y le pagó, por sus servicios profesionales, USD 46,666.60 según una declaración de impuestos en poder de Infobae. Es decir, Rodolfo Delgado era abogado de Alba Petróleos cuando, durante la gestión de su antecesor en el despacho de fiscal general, la FGR allanó las empresas del grupo y, acto seguido, incautó los USD 33.2 millones que el abogado González Vásquez, su ex subalterno, reclamó dos años después, cuando Delgado ya era el jefe fiscal.

Cuando los fiscales allanaron en 2019 las oficinas de APES y al menos 23 empresas satélites del conglomerado en 2019, encontraron varias cosas.

En las oficinas centrales de la compañía, ubicadas en el límite suroeste de San Salvador, hallaron más de 500 cheques por USD 29,070,266.66 y USD 4,093.683.73 en efectivo. En el escrito que presentó al tribunal en 2021, el abogado Vásquez González asegura que los ejecutivos de Alba Petróleos se vieron obligados a guardar ese dinero en sus oficinas luego de que seis bancos del sistema, entre ellos uno estatal, pidieran al consorcio retirar el dinero de todas sus cuentas debido a las sanciones impuestas a PDVSA y sus satélites en 2019.

En Inverval S.A., una de las empresas allanadas, los fiscales encontraron documentos legales que detallan los préstamos recibidos por Nayib Bukele por valor de USD 1.9 millones en 2013. Con ese dinero, el entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán financió en parte una operación mediática, incluida la compra de acciones en un canal televisivo, con la que empezó el lanzamiento de su carrera política. También hallaron los fiscales documentos que relacionan el dinero de Alba Petróleos con Obermet, la empresa publicitaria de Bukele y sus hermanos, de la que el actual presidente recibió una donación por cerca de USD 800,000 que no declaró y por la que estuvo a punto de ser enviado a un juicio por enriquecimiento ilícito.

La relación de Bukele con Alba Petróleos continuó cuando el político ascendió a la presidencia del país en 2019. En mayo de aquel año, el mismo día en que los fiscales que investigaban a APES se disponían a allanar el consorcio, y dos días antes de que Nayib Bukele juró como presidente, el gobierno saliente aprobó la venta de un bono de deuda por USD 120 millones de dólares al Banco Central de Venezuela, en manos de la dictadura de Nicolás Maduro. El hombre que gestionó aquella venta fue José Luis Merino, el dirigente del FMLN, quien además de apoyar la candidatura presidencial de Bukele había sido viceministro de relaciones exteriores en el gobierno anterior.

Ya durante la gestión de Bukele, el banco estatal venezolano aprobó que parte de los intereses generados por esos USD 120 millones fueran entregado a Defraza, una empresa del entorno de Alba Petróleos, también gestionada por los hombres de Merino.

En público, cuando fue candidato y antes de que se revelara su relación con el petróleo venezolano, Nayib Bukele renegó de PDVSA e incluso llegó a cuestionar a quienes se habían beneficiado con esos fondos, incluido el partido FMLN, y se negaban a explicar el origen del dinero.

La sombra de El Aissami

El abogado González Vásquez, el ex subalterno del fiscal general Delgado que terminó como representante de Alba Petróleos, alega en el escrito en que pide la restitución de los fondos incautados por la justicia salvadoreña que todo el caso tiene un origen político, y que ese origen está en Washington.

Según el razonamiento de González Vásquez, la investigación penal contra su representada, que arrancó en 2016 en El Salvador, recrudeció en 2019, luego de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a PDVSA y, en esa acción, incluyó a sus satélites centroamericanos, como la salvadoreña Alba Petróleos y la nicaragüense Albanisa.

“Las sanciones tienen origen de política exterior (en Estados Unidos) … que no son vinculantes para El Salvador… (y son) meras especulaciones sobre rivales políticos… (que) no implican ilegalidad”, escribe González Vásquez en su petición, a la que Infobae ha tenido acceso. Según el abogado, además, el dinero de APES benefició a “cientos de empresas locales sin que fuese necesario para ello un componente político”.

A Alba Petróleos lo han investigado, desde 2016, tres gobiernos, el de El Salvador, el de Estados Unidos, y el de Venezuela.

Nayib y su esposa, en el centro Erick Vega, asesor de Nayib y nexo con Alba Petróleos, y a los de la izquierda son Ernesto Castro, presidente del Congreso, y su mujer Michelle Sol, ministra de vivienda.
Nayib y su esposa, en el centro Erick Vega, asesor de Nayib y nexo con Alba Petróleos, y a los de la izquierda son Ernesto Castro, presidente del Congreso, y su mujer Michelle Sol, ministra de vivienda.

En Caracas, las indagaciones en los socios salvadoreños de PDVSA arrancaron en 2017 cuando Tareck El Aissami desplazó como jefe máximo de la petrolera a Diosdado Cabello, entonces uno de los hombres fuertes del chavismo. Lo explicó a Infobae un fiscal venezolano que huyó de su país y hoy está refugiado en Washington.

“Le quitaron poder a Diosdado y Maduro nombró a Tareck… Se abrió espacio para la investigación… Antes, PDVSA era impenetrable”, explica el ex fiscal venezolano. Un funcionario estadounidense que estuvo en Caracas en los años en que empezó la investigación matizó: las pesquisas, dijo, no fueron provocadas por un afán de combatir la corrupción en la petrolera, sino que eran parte de un ajedrez de poder, un tablero en el que El Aissami quería ganar y recuperar dineros dados a socios como APES y José Luis Merino en El Salvador.

El ex fiscal venezolano explicó que descubrieron que el modo de operar de PDVSA incluía varios mecanismos para desviar el dinero, entre ellos utilizar empresas de cartón creadas para ofertar servicios que luego no se ejecutaban y otorgar préstamos incobrables a empresas o personas naturales. Esto último fue lo que, de acuerdo con las investigaciones previas de la fiscalía salvadoreña, hizo Alba Petróleos con Nayib Bukele y su entorno.

La investigación venezolana provocó un conflicto político entre Merino, el gestor del dinero de PDVSA, y sus colegas en el FMLN. Luego de que Caracas abrió su expediente, la jefatura política del FMLN encomendó una auditoría interna que reveló un agujero de USD 600 millones en las cuentas del partido de izquierda, que entonces gobernaba El Salvador, y del que Bukele era miembro. De acuerdo con dos dirigentes que estaban en la comisión política del FMLN entonces, parte de ese dinero es el que fue a parar en manos de Bukele en 2013 y, luego, en 2018, en la campaña que lo llevó a la presidencia del país.

Es muy probable que la profundidad de la implicación del presidente salvadoreño con el dinero venezolano nunca llegará a establecerse del todo, al menos en un tribunal salvadoreño, debido a que el fiscal general, exempleado de Alba Petróleos y leal a Bukele, ha enterrado el caso. Más probable parece que, eventualmente, las empresas salvadoreñas montadas con el dinero del petróleo venezolano terminen recuperando sus cheques, su efectivo y sus bienes, tal como lo solicitó el abogado González Vásquez, ex subalterno del fiscal general de El Salvador. Es, además, difícil saber cuál es el estado real de los bienes incautados a Alba Petróleos: desde que Nayib Bukele controla también el Órgano Judicial resoluciones en casos como este no son del conocimiento público.

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