Uruguay modificará sus leyes para que los residentes legales puedan acceder a la nacionalidad y todos sus beneficios

(Desde Montevideo, Uruguay) - Uno de los exprisioneros de la cárcel de Guantánamo –que hace 10 años fue acogido en Uruguay como refugiado– intentó cruzar dos veces hacia Argentina para visitar a su familia política en Buenos Aires. Buscó de dos maneras: primero, en barco desde Colonia; luego, a través del puente internacional que une la ciudad de Colón con Paysandú. Pero en la frontera su viaje no era habilitado: su nacionalidad es Siria y las personas sirias requieren una visa para entrar a Argentina.

Este caso, consignado por el semanario Búsqueda, fue analizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos del país, que recomendó al Estado que “garantice que los ciudadanos legales pueden ejercer su derecho a la libertad de movimiento y circulación internacional en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos uruguayos–naturales”.

Sin embargo, la Constitución del país distingue a los ciudadanos “naturales” –quienes nacieron en el país o son hijos o nietos de uruguayos– de los legales –aquellos que tramitan la ciudadanía–. Solo los ciudadanos naturales tienen la nacionalidad uruguaya, según la Carta Magna de Uruguay. El resto, obtiene el pasaporte y son uruguayos –hacen trámites, votan, tienen derecho a la seguridad social–, pero no son considerados “naturales”.

La distinción crea obstáculos insalvables para los migrantes que están radicados en el país, quienes no logran ser completamente uruguayos, declaró Jimena Fernández, la presidenta del instituto. Esta oficina tiene al menos otros cinco casos a estudio que denuncian problemas similares al reportado por el refugiado sirio.

Por otros casos similares, el tema también fue analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ese ámbito, el Estado uruguayo se comprometió el viernes a modificar la legislación que separa la nacionalidad de la ciudadanía y que genera conflictos en los migrantes, informó El Observador.

La organización demandante fue Todos Somos Uruguayos, que registra unas 20 mil personas que son ciudadanos legales.

Lo primero que anunció en ese ámbito fue convocar a una reunión entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores para que en el pasaporte no quede determinada la nacionalidad. Para esta solución basta con un trámite administrativo, que no requeriría de más pasos. Pero para solucionar el problema de fondo se requieren mecanismos constitucionales.

Hay tres posibilidades para solucionar el asunto: impulsar una ley interpretativa de la Constitución, promover un plebiscito para modificar la Carta Magna y otra sentar jurisprudencia consideran que la normativa internacional a la que adhiere Uruguay en materia de derechos humanos está por encima de la legislación nacional.

La argentina Andrea Pochak, comisionada de la CIDH y relatora para Uruguay, dijo en la audiencia de este viernes que este tema va más allá del derecho constitucional y que no debe quedar en manos de los constitucionalistas.

“Las dogmáticas constitucionalistas muchas veces colisionan con los derechos humanos fundamentales. La interpretación del derecho internacional de los derechos humanos es categórica y no admite interpretaciones regresivas”, señaló.

Washington Abdala, representante de Uruguay en la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que el concepto de “naturalización” se está incorporando recientemente porque en Uruguay en “inmigrante nunca fue inmigrante”. “Siempre fue uno más, el inmigrante nunca tuvo distancia, es una sociedad hija de inmigrantes. Lo que pasa es que las sociedades han avanzado y las legislaciones en materia de nacionalidad son sustanciales”, apuntó.

“Confieso que hay que hacer un recorrido en torno a las interpretaciones modernas sin forzar la Constitución, haciendo interpretaciones con mirada integradora. El gobierno lo tiene claro. Somos optimistas porque creemos que las cosas se pueden resolver cuando hay actitud, buen talante. Tenemos que ir desabrochando la secuencia de problemas. Lo primero es el campo del pasaporte y lo otro es ir convocando un territorio a ver cuál es la zona exacta de consenso que tenemos”, sugirió Abdala.