Jeanine Áñez fue sobreseída en los delitos de sedición y conspiración relacionados con la crisis de 2019 en Bolivia

La Justicia de Bolivia emitió el sobreseimiento de la ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez en los delitos de sedición y conspiración, en un proceso relacionado a la crisis política de 2019, pero mantuvo la acusación de complicidad de terrorismo.

Así lo informó este miércoles el abogado de Áñez, Luis Guillén, quien explicó que la decisión judicial se basa en un fallo del Tribunal Constitucional que en marzo de 2022 declaró “inconstitucional” el delito de sedición y lo eliminó del ordenamiento jurídico del país.

El Ministerio Público señaló que procedió al sobreseimiento debido a que no se han logrado acumular los suficientes elementos para sustentar una acusación por los delitos mencionados, informó el portal de noticias boliviano Erbol

La resolución de sobreseimiento, que se emitió el lunes pero se conoció este miércoles, beneficia a los ex ministros de Áñez Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, y a cinco ex jefes militares, a quienes se les retira la imputación por “sedición y conspiración” y se les ordena al fiscal del caso que “cumpla” con la medida.

“Esto significa que solo se le estaría acusando (a Áñez) por el delito de complicidad en el delito de terrorismo”, indicó Guillén.

El letrado consideró que la resolución judicial, que se demoró casi dos años en aplicar el fallo constitucional, evidencia la “vulneración” de los derechos de los procesados por los delitos ahora descartados y a quienes se les ha “privado de libertad” durante este tiempo.

Guillén recordó que los delitos de terrorismo, sedición y conspiración fueron “cuestionados por la comunidad internacional, porque no se ajustan a un respeto a los derechos humanos”.

Áñez está en prisión preventiva desde marzo de 2021, inicialmente procesada por terrorismo, sedición y conspiración (caso “golpe de Estado I”), por una denuncia que presentó una ex diputada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), por los hechos de la crisis política de 2019 que desembocó en la dimisión de Evo Morales como presidente.

Para el Gobierno y el oficialismo, las movilizaciones contra Morales fueron un “golpe de Estado”, mientras que la oposición sostiene que se debieron al descontento social por un fraude electoral.

A mediados de 2022, Áñez fue condenada a 10 años de cárcel en el caso llamado “golpe de Estado II” por asumir la Presidencia de forma indebida tras la renuncia de Morales y varios altos cargos de su Gobierno y el Parlamento.

A finales del año pasado, la Fiscalía presentó la acusación formal en el caso “golpe de Estado I”, en el que el principal acusado es el opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a quien se le pidió 20 años de prisión.

Además de estos procesos, Áñez enfrenta varios juicios en la vía ordinaria por acciones administrativas realizadas durante su gestión.

(Con información de Europa Press y EFE)