La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional un polémico contrato-ley con una minera canadiense

La Corte Suprema de Panamá declaró el martes inconstitucional un polémico contrato-ley entre el Estado y una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals para extraer cobre por al menos 20 años en una zona boscosa del Caribe panameño que generó masivas protestas durante más de un mes.

El dictamen fue considerado un histórico triunfo ciudadano en su lucha por el respeto ambiental y las leyes.

El máximo tribunal de justicia, integrado por nueve magistrados, emitió el dictamen luego de analizar y debatir durante cuatro días dos demandas de inconstitucionalidad sobre la ley que fijó el contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, el cual fue rechazado por estudiantes, maestros, indígenas, ambientalistas y obreros, entre ellos del sindicato de la construcción, visto como uno de los más fuertes.

Las manifestaciones habían tomado un ribete nacionalista y a los líderes políticos del país centroamericano se los acusaba de entregar un pedazo de territorio a la empresa minera.

“Los magistrados y magistradas que integramos el pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la ley”, anunció la presidenta de la Corte Suprema, María Eugenia López. “Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país”.

López no dio detalles del fallo aunque explicó que luego de su notificación a las partes —entre ellos los demandantes del contrato— debe ejecutoriarse y luego remitirse para su promulgación en la Gaceta Oficial.

El presidente Laurentino Cortizo respondió en la red social X, antes Twitter, que acataba el veredicto, aunque sin mencionar qué acciones tomaría en lo inmediato. “Siempre he sido respetuoso de la separación de los poderes del Estado y de la Constitución”.

Minera Panamá, por su parte, dijo en un comunicado que respetaba las leyes panameñas y que revisará el fallo. Agregó que también “ha escuchado el clamor popular” y que se mantendrá atenta al diálogo que permita definir un curso de acción que “satisfaga” esa queja. Asimismo, reiteró que la mina genera más de 7.000 empleos directos y aporta 5% del Producto Interno Bruto panameño.

El dictamen se dio luego de que la empresa envió esta semana al gobierno una notificación en un esfuerzo por abrir entre las partes un periodo de diálogo de al menos 90 días y en la que señalaba que se reservaba el derecho de activar otras medidas para defender su inversión, que según la empresa supera los 10.000 millones de dólares.

Previamente había anunciado la posibilidad de suspender sus operaciones al señalar que podría quedarse sin suministros debido a las protestas en un puerto que utiliza para su actividad.

Aunque queda por verse qué medidas se tomarán después del fallo, los juristas y activistas elogiaron la postura del máximo tribunal y coincidieron en que es un paso crucial para el posible cierre de la mina. En 2017, la Corte Suprema también declaró inconstitucional una ley de 1997 que dio esa concesión minera pero no fue hasta años después que se promulgó y no paralizó las operaciones.

“Este es un triunfo para los panameños y panameñas, consolida a la Corte Suprema como una guardiana de la constitucionalidad del país”, señaló a The Associated Press el abogado y ambientalista panameño Rodrigo Noriega. “Lo que viene ahora es la notificación del fallo y que oficialmente el gobierno de Panamá le avise a la minera que se terminó su contrato y que debe empezar a tomar las medidas de custodia y cierre”.

Noriega consideró que las partes —el Estado panameño y la minera— terminarán yendo a un arbitraje internacional.

El gobierno del presidente Cortizo, cuyo quinquenio culmina el próximo 1 de julio, promulgó en medio de las protestas una ley de moratoria para prohibir futuras concesiones de minería a cielo abierto pero ello no calmó las protestas y la demanda de eliminar el contrato, que permitía a la subsidiaria extraer y comercializar cobre por los próximos 20 años, prorrogable por otros 20, en una zona de 12.955 hectáreas rica en biodiversidad. Tampoco avanzó su anuncio para realizar una consulta popular que definiera el futuro de la mina.

El gobernante también defendió desde el inicio de las protestas el contrato-ley por los miles de empleos que generaba y por los 375 millones de dólares anuales que aportaba por la concesión al Estado.

Sin embargo, los críticos advirtieron sobre el impacto ambiental que tendría la actividad a cielo abierto y rechazaron que la empresa administre el agua para su operación en un país que necesita el líquido para el consumo humano y la operación del canal interoceánico, que ya sufre por la sequía. La minera argumentó que usaba 100% agua de lluvia que reserva para el procesamiento del mineral.

El fallo, que se da en medio del feriado nacional por la Independencia de España, generó festejos en todo el país. Poco antes del anuncio grupos descontentos reabrieron tramos de la carretera Panamericana en la provincia de Chiriquí, en la frontera con Costa Rica, para permitir el paso de camiones de carga, incluidos algunos de vecinos países.

“Nosotros siempre dijimos que el camino no era la derogatoria, sino la inconstitucionalidad del contrato-ley”, dijo a medios locales una de las demandantes, Martita Cornejo. “Creemos que ese ha sido el triunfo del pueblo panameño”.

“Necesitamos gobernantes que trabajen por Panamá, no necesitamos gobernantes que velen por intereses económicos de las transnacionales”, afirmó. “Que quede bien claro el mensaje: en Panamá no puede haber desarrollo económico sostenible sino se protege el medio ambiente”.

Kevin Sánchez, un dirigente de la etnia Ngobé Buglé de 42 años, dijo frente al edificio del máximo tribunal que “hoy la Corte se lució, es el logro de Panamá, de todos los pueblos originarios, campesino, panameño de a pie, que han salido a formar la unidad por la patria y la soberanía por nuestros recursos verdes, agua, tierras”.

(Con información de AP)