Un segundo tribunal en Bolivia rechazó el pedido de enjuiciamiento presentado por la Fiscalía contra la ex presidente Jeanine Áñez por la muerte de 20 civiles durante las protestas que tuvieron lugar en el marco de su llegada al Gobierno, en 2019.
El tribunal de Sacaba, en el centro de Cochabamba, “se declara incompetente para conocer y resolver los hechos acusados por el Ministerio Público contra Jeanine Áñez Chávez y otros”, se lee en el escrito difundido en las últimas horas y agrega que dar lugar al pedido del oficialismo llevaría a cometer “una flagrante vulneración del debido proceso, la legalidad y seguridad jurídica, incurriendo en nulidad absoluta y, por ende, en una retardación de justicia para las víctimas”.
En su lugar, la ex mandataria “debe ser juzgada conforme el ordenamiento interno boliviano, mediante un juicio de privilegio constitucional”, remarca el texto y concluye diciendo que la determinación “no admite apelación”.
Días atrás, el 31 de octubre, otro juzgado se había pronunciado en concordancia. Entonces, la sede de El Alto, vecina de La Paz, también se declaró “incompetente” para procesar a la ex presidente de 56 años.
De momento, el Ministerio Público no se ha pronunciado al respecto de ninguno de los casos.
La acusación formal había sido presentada poco antes por el fiscal general Juan Lanchipa y remonta a las muertes de 10 individuos en Sacaba y otros 10 en Senkata, durante los enfrentamientos entre los civiles y las fuerzas de seguridad que tuvieron lugar en noviembre de 2019. Cada caso fue remitido a su correspondiente jurisdicción y, por ello, se conocieron estas dos definiciones.
De todas formas, la denuncia por genocidio contra Áñez, tres de sus ministros y varios ex jefes militares y de la Policía, data de hace tiempo.
En agosto de 2021, la Fiscalía General remitió por primera vez la proposición acusatoria y pidió la máxima condena, de 30 años de cárcel, por haber utilizado “municiones de guerra” contra “civiles desarmados”.
Sin embargo, el oficialismo impulsó, desde el inicio, un juicio penal ordinario mientras que Áñez reclama que le corresponde uno de responsabilidades o de privilegio en el Tribunal Supremo de Justicia, dada su condición de ex presidente.
Áñez está detenida desde marzo de 2021 y ya fue sentenciada a 10 años de prisión, en 2022, en el marco de la causa “golpe de Estado II” que, casualmente, apunta contra su llegada al Gobierno.
La ex mandataria asumió la conducción del país en 2019 tras la salida de Evo Morales y su gabinete por un fuerte estallido social que denunciaba fraude en los comicios en los que éste se proclamó ganador de un cuarto mandato, hasta 2025.
Así, desde el MAS y los partidos afines sostienen que Áñez se puso ilegalmente en la línea de sucesión y denuncian un “golpe de Estado” contra el ex cocalero, que abandonó el país.
No obstante, la oposición asegura que fueron las protestas del pueblo las que acabaron con su salida del cargo por su intromisión en el proceso electoral.
A la par de éste, la opositora enfrenta al menos otros siete procesos en la Justicia ordinaria.
(Con información de AFP y EFE)