La OEA condenó la persecución y los ataques del régimen de Nicaragua contra la Iglesia Católica

(Washington, Estados Unidos).- El 18 de noviembre de 2021, la dictadura de Daniel Ortega informó oficialmente a través de una carta la “indeclinable decisión de denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) conforme a su artículo 143, que da inicio al Retiro Definitivo y Renuncia de Nicaragua a esta Organización”. En poco más de un mes, a mitad de noviembre, se cumplen los dos años, el plazo previsto para que luego de la denuncia quede oficializada la salida de Nicaragua de la organización.

Este miércoles, los países aprobaron una declaración crítica del régimen de Daniel Ortega, que es probable sea la última con Nicaragua dentro de la OEA, que de todas formas ya no tenía presencia de ningún representante en sala.

El texto que cuestiona las acciones de la dictadura contra la Iglesia Católica fue aprobado por unanimidad, es decir con el respaldo de todos los país, pero una nota al pie de El Salvador y una crítica de Bolivia, para quienes la OEA no debería meterse a opinar de lo que sucede en la interna de un país. No es la misma postura que tuvo Bolivia un día antes cuando se abordó la crisis de Guatemala.

En la resolución, los países de la OEA señalan que las medidas del gobierno nicaragüense son “parte de una acción sistemática, arbitraria y abusiva que ha afectado a más de 20 instituciones educativas en el país”. Asimismo, expresa “alarma” por las acciones represivas contra la Iglesia Católica y recuerda que “un espacio cívico abierto, libre y plural es una condición esencial para garantizar que las personas tengan la libertad de profesar, manifestar y practicar su religión”.

El documento afirma que estas medidas “infringen los derechos humanos y son inconsistentes con los compromisos y obligaciones de Nicaragua establecidos en instrumentos internacionales” como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Entre los derechos infringidos se encuentran “la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de conciencia, religión o creencia, la libertad de asociación, el derecho a la reunión pacífica, la libertad académica, el derecho a la educación y el derecho al trabajo”, señala la declaración.

La OEA hace “un llamado al gobierno de Nicaragua a respetar y garantizar los derechos humanos, a restablecer los derechos fundamentales en el país y a proteger la educación como pilar fundamental para el desarrollo y progreso de la sociedad”.

Asimismo, insta a los Estados miembros a fomentar el diálogo con las autoridades nicaragüenses para alentarlas a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La organización advierte que la crisis en Nicaragua se ha agravado a pesar de las diversas resoluciones para promover la restauración democrática y la protección de los derechos humanos.

Previo a que los países aprobara la resolución, el Consejo Permanente recibió dos informes. El primero de ellos fue de Jorge Meza Flores, secretario ejecutivo adjunto del Sistema de Peticiones y Casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su informe, Flores manifestó su preocupación por la grave situación de derechos humanos en Nicaragua. Dijo que en el país no existe separación de poderes ni un espacio cívico y democrático abierto, dado que el gobierno ha cancelado la personería jurídica de más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo grupos de derechos humanos, estudiantiles y religiosos.

Asimismo, Meza Flores denunció el cierre arbitrario de 25 universidades en los últimos dos años, afectando a más de 37.000 estudiantes. Persiste la detención de líderes estudiantiles y la imposición del sandinismo como única corriente política en las universidades. La CIDH rechaza estas acciones que coartan la “libertad académica, de asociación y expresión”.

Otra grave preocupación es la persecución contra la Iglesia Católica, con sacerdotes detenidos arbitrariamente como el obispo Rolando Álvarez. La CIDH ha documentado la cancelación de personerías jurídicas a órdenes religiosas, expulsión de sacerdotes, cierre de medios católicos y confiscación de bienes eclesiásticos.

Por último, Meza Flores denunció ataques contra comunidades indígenas, con detenciones de líderes y cierre de radios comunitarias. La CIDH urgió al Estado cesar la represión y liberar a los detenidos arbitrariamente para restablecer un sistema democrático en Nicaragua.

Luego del representante de la CIDH habló la presidenta de la Asociación de Colegios y Universidades Jesuitas, Michael Garanzini, que cuestionó el asedio que ha tenido la educación católica en la región.

Además de la nota al pie que El Salvador agrega a cada resolución que la OEA emite sobre países, en la que habla de la no injerencia en asuntos internos, también Bolivia se expresó en contra de esta resolución.

Si bien no impidió que se aprobara por unanimidad, lo que hubiese llevado a una votación, el representante alterno del país, presente en la sala, dejó asentada su crítica a la organización.

“Creemos firmemente en el principio fundamental de no intervención en asuntos internos de un Estado”, dijo Lucio Mamami, representante alterno de Bolivia.

“No amerita desde ningún punto de vista la intervención oficiosa de nuestra organización, máxime si consideramos que soberanamente la República de Nicaragua ha decidido retirarse del seno de la OEA”, agregó el representante boliviano. Dijo que su país cree que “es labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pronunciarse” y no de los países a través del Consejo Permanente.